Más ajuste, menos Estado: salud, educación y obra pública entre los sectores más afectados

La política de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno nacional continúa reflejándose en la ejecución del presupuesto. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al mes de mayo de 2026 el gasto total de la Administración Pública Nacional registra una caída real del 31% respecto del mismo período de 2023, consolidando una tendencia contractiva que atraviesa prácticamente todas las áreas del Estado.

El trabajo señala que, aunque en comparación con 2025 el gasto muestra una leve mejora real del 0,5%, el nivel de ejecución continúa muy por debajo de los valores previos al inicio del ajuste implementado por la administración de Javier Milei.

Menos Estado en áreas sociales

El informe identifica recortes significativos en programas y organismos vinculados a salud, educación, ciencia, seguridad social y desarrollo productivo. En el área sanitaria, la ejecución presupuestaria de la Superintendencia de Servicios de Salud cayó 64%, mientras que organismos como la ANMAT y el Instituto Malbrán registraron bajas de 41% y 33%, respectivamente. También se observan reducciones de entre 33% y 51% en hospitales nacionales.

Más preocupante aún resulta la situación de programas específicos. La Atención Sanitaria en el Territorio y la Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles no registraron ejecución durante el período analizado, mientras que las partidas destinadas a VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra muestran una caída superior al 70%.

En educación, el panorama es similar. Programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente aparecen con ejecución nula, mientras que las becas estudiantiles retroceden 87% y las acciones de formación docente 89%. La inversión en infraestructura educativa prácticamente desapareció, con un recorte del 97%.

Ciencia y desarrollo productivo, entre los más afectados

La investigación científica continúa siendo una de las áreas más golpeadas. El Programa de Promoción de la Investigación y la Innovación registra una caída del 85%, mientras que organismos estratégicos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Servicio Meteorológico Nacional sufren reducciones que van del 27% al 65%.

También se observan fuertes ajustes en organismos vinculados al desarrollo productivo, entre ellos el INTA, el INTI y la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, cuya ejecución cayó 81% respecto de 2023.

Obra pública casi paralizada

Uno de los datos más contundentes del informe es el referido a infraestructura. Los programas de construcción de rutas, obras viales, infraestructura municipal, mejoramiento urbano y obras hidráulicas muestran reducciones que oscilan entre el 89% y el 100%, configurando una virtual paralización de la obra pública nacional.

La Dirección Nacional de Vialidad, por ejemplo, presenta una caída del 84% en su ejecución presupuestaria.

Menos recursos para provincias y municipios

Las transferencias a gobiernos subnacionales también fueron alcanzadas por el ajuste. La asistencia financiera a provincias y municipios cayó 99%, mientras que los fondos de cooperación técnica a municipios retrocedieron 97%. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires directamente dejó de ejecutarse.

Inteligencia y deuda, las excepciones

En un escenario de recortes generalizados, CEPA destaca dos excepciones. La primera es la Secretaría de Inteligencia del Estado, cuya ejecución presupuestaria aumentó 34% en términos reales respecto de 2023. La segunda corresponde al peso de los servicios de la deuda pública, que concentran el 12% de todo el gasto ejecutado por la administración nacional.

Un modelo de ajuste profundo

Las conclusiones del estudio describen una reorganización del gasto estatal basada en la reducción de programas sociales, sanitarios, educativos y productivos, acompañada por una fuerte retracción de la inversión pública. Para CEPA, la magnitud de los recortes plantea interrogantes sobre la continuidad de políticas esenciales y sobre el impacto que esta estrategia fiscal puede tener en un contexto económico todavía marcado por la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y el estancamiento de la actividad.