Mayoristas y distribuidores piden frenar la inflación y proponen 10 puntos

La Cámara de empresas mayoristas y distribuidores postulan 10 mandamientos contra la inflación 

En un documento elaborado por la CADAM, Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, proponen diez medidas para frenar la inflación en alimentos y productos de la canasta básica.

Caídas abruptas de las ventas

En todas las comparaciones interanuales, la caída de ventas de productos, marca un proceso de retracción sólo comparable con la crisis 2001/2002. La preocupación que marca la CADAM pone como prioridad la supervivencia de las PyMEs. Este sector es quien le proporciona productos de primera necesidad al 60% del total de la población. Reúne a 140 mil comercios, entre almacenes, negocios de proximidad, supermercados y las bocas de expendio de los mayoristas. 

Diez medidas, pedidos difíciles de cumplir

Algunos autores del marketing, suelen decir con humor que los mandamientos (los de las Tablas de Moisés) no se cumplen porque son demasiados para memorizar. En este caso, las diez medidas que desde la CADAM solicitan, aunque sean fáciles de recordar, ofrecen dificultades políticas para su implementación.  Algunas requieren desfinanciar a los Estados, algo que todo gobierno, más allá de las diferencias ideológicas que presuman, no están dispuestos a ceder.

Nada es imposible, para algunos

La frase que se le adjudica a Mohammed Alí "Impossible is nothing", luego usada por la multinacional Adidas como eslogan "nada es imposible" tiene una potencia arrolladora, pero traerla al terreno de la Argentina actual, con tasas de inflación domesticadas a pura recesión, desempleo y brutal incremento de pobreza e indigencia, suena irónica. Asimismo es más que oportuno que una organización que mide con rigor los números de la actualidad en materia de consumo de productos básicos, eleve propuestas con el fin de defender a sus representados.

Evaluación y diagnóstico que originan las 10 propuestas

Los argumentos que exponen es que: impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones patronales asfixian a las PyMEs. Explican que la presión tributaria y los costos patronales incrementan los valores y eso se traduce en incrementos de precios. Destacan algunos puntos que requieren modificaciones profundas en lo legal, pero -aunque no se pronuncien al respecto- con la delegación de facultades que le han otorgado al Presidente Milei, sería cuestión de voluntad. No sin consecuencias de otro tenor, claro.

Replicamos a continuación los 10 puntos, tal como el comunicado de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, con algunas inquietudes y apuntes.

1) - Contribución patronal "obligatoria" al INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio Homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nación, en el marco del Convenio Mercantil. Si se tiene en cuenta que el aporte "obligatorio" a cargo del empleador es de $3821,60 (tomando sólo como base la Cuota de Julio) por cada empleado de comercio, que alcanzan a 1.2 millones de trabajadores, (siendo la paritaria más grande del país), el INACAP estaría recaudando por mes más de $4.500 millones, que administran ciertos gremios empresarios, con el fin de "capacitar".

Sobre este primer punto, el comunicado de la CADAM ponen entre comillas los términos: obligatorio y capacitar. Este acuerdo data de 2008. Sugiere la redacción del texto de la CADAM que esto, en definitiva, es una prebenda o al menos un acuerdo con "algunos gremios". Sea o no legítimo el reclamo de los empleadores, resulta inevitable recordarles que la FAECYS es comandada por el legendario y longevo Armando Cavallieri, apoya desde el primer momento la gestión de Milei, por lo que resulta improbable que éste ceda ese punto (caja) del acuerdo acordado hace demasiados años. 

Aquí el primer artículo que exige destinar ese porcentaje al INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio:

 ARTICULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical, la UNION DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), la CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME), y la CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), en representación del sector empresarial, que luce a fojas 1/6 del Expediente N° 1.265.720/08, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004)

2) - Impuesto al cheque: Desde el sector mercantil piden eliminar el Impuesto al Cheque para la cadena tradicional del comercio PyME, que actualmente paga el 0.6% de ese gravamen. Esta no es una medida utópica si se advierte que -para palear la misma problemática- el Estado redujo la carga fiscal del sector de droguerías y farmacias a 0.075%

Nada dicen en el pedido sobre la creación de este gravamen que fue creado en 2001 por el entonces ministro Domingo Cavallo, con el fin recaudatorio más directo y hostil contra las actividades transaccionales legales.

3) - Ingresos Brutos y tasas municipales: Los Ingresos Brutos provinciales son impuestos distorsivos. Y es que el consumidor lo paga hasta 3 veces, por eso, desde hace años, el sector empresario sugiere se reemplace por un IVA provincial.

Lo peor del asunto es que conviven con tasas municipales, que incluso han sido declaradas inconstitucionales por las máximas autoridades judiciales.

4) - Aporte a la COVIAR: Industrias y productores piden derogar la Ley 25.849, que crea la Corporación Vitivinícola Argentina COVIAR, cuya misión, según se detalla en el Artículo 2°, es "promover tanto la organización e integración de los actores de la cadena productiva, como la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector, con la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos, consolidar el mercado interno argentino, y lograr el desarrollo sostenido del sector". Pero nada de esto se logró, aunque deben continuar aportando.

En 2023, los argentinos compraron 52 millones de litros de vino menos que en 2022 (-6,3%), mientras que las exportaciones de vino argentino se desplomaron un 31.7% en volumen en comparación con el año anterior.

Este punto vuelve a poner de manifiesto que las oscilaciones de la política no revisten diferencias con las de los sectores productivos, industriales y comerciales. La conformación de la COVIAR y las políticas implementadas, eran aplaudidas de pie. Solían utilizar a la COVIAR como ejemplo de articulación público-privado y también de cómo debía armonizarse al sector privado, entre chicos y grandes. Hoy se cuestiona su existencia y desde la CADAM solicitan no la optimización de su funcionamiento sino la eliminación. Esto despierta una inevitable duda: antes o ahora, el error fue auspiciado por todos.

5) - IVA para productos alimenticios de primera necesidad que integran la canasta básica: Pedimos retrotraer o eliminar este impuesto. En España, por ejemplo, se acaba de eliminar esta semana el IVA para incentivar el consumo de aceite de oliva.

Llama la atención que en este quinto punto, no evoquen el decreto de septiembre del 2023, que respaldado por la Ley 27541, eliminaba la aplicación o generaba la devolución del 21% de IVA en alimentos y productos de la canasta básica. No es necesario sacar boleto a España, hace menos de un año, el Gobierno Nacional implementó esa medida que en Diciembre la actual gestión, derribó.

6) - Saldos a favor de AFIP: Necesitamos que se puedan utilizar para abonar cualquier otra obligación fiscal del organismo, evitando así su devaluación. Como así también, resulta necesario se implementen mecanismos "simples" de devolución exprés.

7) - Anticipo del Impuesto a las Ganancias: Anticipar impuestos por Ganancias que no se obtuvieron resulta irrazonable, sobre todo para un sector vinculado a la comercialización de productos de primerísima necesidad.

En el séptimo pedido, aunque su redacción no es feliz, es comprensible que es nocivo que se calcule una ganancia ideal y que sobre esa presunción se exijan anticipos. De todas maneras, si revisan la actitud del gobierno nacional, hoy, con lo que el propio actual presidente votó ayer, toda expectativa al respecto suena estéril. Así como el "anticipo de ganancias", cuando las ganancias no llegarán, parece en vano reclamarle a quien hace pocos meses votó en favor de la eliminación de la cuarta categoría, precisamente en ganancias, y desde diciembre impuso por decreto y ahora por ley su restitución.

8) - Impuesto País: Se necesita retrotraer este impuesto para todos los insumos y productos esenciales de consumo masivo.

El ministro Caputo promete la eliminación de este impuesto desde gestiones anteriores. Ahora cifra esta promesa para los próximos meses. Creer o no depende de la cantidad de candidez que cada cual posea.

9) - Financiamiento pyme: Desde el sector mayorista, pedimos crear una Cuota Simple Mayorista, que permita a los 140 mil comercios, tiendas y supermercados de barrio comprar en cuotas al mayorista, para sostener así los precios al público frente a los efectos de la inflación. Sería una medida inédita para generar crédito directo a los comercios MiPyMES.

Esta propuesta, tal como señalan desde la CADAM, sería inédita. No está lo suficientemente desarrollada en el comunicado que envían, aunque resulta comprensible que soliciten medidas de carácter financiero que permita oxígeno a los más chicos, sin tener que afrontar los intereses usurarios que ofrece el mercado financiero.

10) - Desgravación de bienes de capital de ganancias: Este beneficio estaba incluido en la Ley 27264, pero caducó. Resulta necesario para que las pymes puedan incorporar maquinaria y tecnología para mejorar la competitividad. Además, sería importante la creación de un régimen especial de incentivos a la inversión de las pequeñas y medianas industrias nacionales.

Este último punto, el décimo, tal como señalan, se trata de continuar con un beneficio que ya estuvo activo durante la gestión de Sergio Massa en Economía. Recogiendo las expresiones del tándem Milei - Caputo, es de suponer que habría que camiar la formulación de la propuesta, ya que de manera contundente, no está en el interés de la administración actual salir en defensa de algo que proteja, defienda o amplíe la capacidad de desarrollo nacional.