Por Martín Eduardo Arenas.

Durante muchos años, hemos escuchado hablar en reiteradas ocasiones de la bien ponderada palabra inclusión.

La misma ha sido y es (creo yo) una palabra muy grande a la hora de abarcar conceptos que con el paso de los años fueron cambiando, pero no así en el ámbito legislativo.

No es ninguna novedad, que la inserción laboral de personas con discapacidad es muy baja.

Ningún partido político, sea del color que sea, supo abordar esta temática con eficacia, siendo que la misma ha sido eje central en muchas mesas de debates.

La ley 5041 creada en nuestra provincia el 19 de septiembre de 1.985, establece un régimen de protección a las personas discapacitadas, terminología que es errónea debido al paso del tiempo y a que dicha ley es obsoleta por la cantidad de años que pasaron.

Resulta incomprensible, que nadie se interese en modificar una ley que es obsoleta y adecuarla a la realidad en la que vivimos.

Según la ley 5041, del 100% del ingreso de personal al estado un porcentaje no menor al 4% debe ser ocupado por una persona con discapacidad que demuestre idoneidad para desempeñar el cargo.

Sin embargo, un estudio realizado por FAICA (Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes) este porcentaje no se cumple, apenas supera el 1% del total para que el cumplimiento se haga efectivo.

La desigualdad de oportunidades que tenemos las personas con discapacidad, en comparación con  el resto de las personas convencionales, es bastante notoria.

Como es sabido, percibimos una pensión no contributiva, la misma es una pensión por incapacidad al trabajo o conocida como pensión por invalidez.

Pero si hablamos de igualdad de oportunidades, se debe suprimir el termino pensión por invalidez y pasar a llamarse ingreso por persona con discapacidad.

En muchos casos, se requieren de diversas cuestiones materiales para poder adaptar y facilitar el cotidiano vivir, y de esta manera conseguir una mejor calidad de vida.

La lucha para que esta situación se revierta, no será tarea fácil, pero exigimos el compromiso de quienes tienen las herramientas para lograr el cambio, y consideren que no somos discapacitados, sino personas con discapacidad capaces de cumplir con obligaciones sin tener que recurrir a la mendicidad o a la lástima de unos pocos.