Miglorance procesado: aguas servidas, abandono estatal y el modelo Mendoza que intoxica a sus propios vecinos
El procesamiento del titular de AYSAM vuelve a poner sobre la mesa décadas de contaminación sobre canales de riego en Corralitos, el silencio político del municipio de Guaymallén y una estructura estatal que parece haber abandonado definitivamente a los sectores populares.
El procesamiento de Alejandro Gallego Migliorance, titular de AYSAM y hombre histórico del cornejismo, no representa solamente un problema judicial para un funcionario provincial. Expone algo mucho más profundo: el nivel de deterioro institucional, ambiental y humano al que Mendoza viene siendo arrastrada desde hace años bajo un modelo político donde el Estado parece haber dejado de proteger a las personas para transformarse en administrador de negocios, propaganda y privilegios.
Porque mientras el gobierno habla de eficiencia, modernización y equilibrio fiscal, en zonas enteras de Guaymallén los vecinos conviven hace décadas con aguas servidas corriendo sobre canales de riego utilizados para producción agrícola.
Y no se trata de un hecho aislado. No es un accidente reciente. No es una falla puntual. Es un sistema de abandono sostenido en el tiempo.
La contaminación sobre el canal Pescara y otros cauces de la zona de Corralitos viene siendo denunciada desde hace años por productores, vecinos y organismos vinculados al agua. Incluso Irrigación terminó denunciando formalmente situaciones vinculadas a derrames cloacales sobre canales destinados al riego agrícola.
Lo que hoy explota judicialmente no nació ayer. Viene incubándose desde hace décadas.
Pero durante los últimos once años, Migliorance ocupó lugares centrales dentro del esquema político provincial. Primero vinculado al área ambiental durante los gobiernos radicales y luego como director de AYSAM, empresa estatal responsable del sistema de agua y saneamiento.
Es decir: no puede alegarse desconocimiento. No puede hablarse de sorpresa. No puede fingirse que nadie sabía.
Los vecinos de Corralitos hace años ven pasar aguas contaminadas. Hace años sienten olores nauseabundos. Hace años denuncian problemas sanitarios. Hace años advierten sobre el impacto en la tierra y la producción. Y hace años reciben silencio.
Particularmente grave resulta la situación en zonas cercanas a calle 2 de Mayo, donde productores y familias vienen denunciando el deterioro ambiental y sanitario mientras las respuestas oficiales oscilan entre la indiferencia burocrática y las promesas vacías.
Porque cuando aguas servidas terminan mezclándose con sistemas de riego agrícola, el problema deja de ser solamente ambiental.
Se transforma en sanitario. En económico. En social.
Muchos pequeños productores quedan atrapados en una situación desesperante: trabajan tierras cuyo potencial productivo comienza a deteriorarse mientras las posibilidades de comercialización se reducen drásticamente.
Porque ningún producto agrícola puede competir seriamente en mercados exigentes si existen sospechas de contaminación cloacal o problemas fitosanitarios vinculados al agua utilizada para riego.
Es decir: además del daño ambiental, aparece una destrucción económica silenciosa.
Se castiga a quienes producen. Se castiga a quienes trabajan la tierra. Se castiga a quienes todavía intentan sobrevivir fuera de los grandes grupos económicos.
Y mientras eso ocurre, el Estado provincial parece cada vez más ausente.
O peor aún: aparece únicamente para cobrar impuestos, colocar carteles gigantescos o lanzar campañas publicitarias.
La actitud del intendente Marcos Calvente tampoco pasó desapercibida para muchos vecinos de Guaymallén. Frente a una problemática gravísima que afecta directamente la salud pública y el ambiente, el municipio eligió correrse de cualquier responsabilidad política concreta. En paralelo a la crisis ambiental y administrativa que atraviesa el municipio de Guaymallén, comenzaron a circular en redes sociales distintas publicaciones y comentarios que apuntan contra la gestión del intendente Marcos Calvente, vinculándolo a supuestos esquemas de utilización de espacios privados como ámbitos alternativos de trabajo institucional, entre ellos establecimientos hoteleros de alta gama.
En ese mismo clima de creciente tensión política y digital, también aparecieron versiones no verificadas que mencionan presuntas irregularidades administrativas y compromisos económicos de magnitud, sin que hasta el momento exista documentación oficial o constancias judiciales que respalden tales afirmaciones. Según una publicación de Instagram Calvente ,habria utilizado las lujosas y caras instalaciones del Hotel Internacional Hilton y que acumularia deudas millonarias de mas de 770 milones.
Por otra parte, tras los episodios recientes que afectaron por causa de un incendio en el municipio de infraestructura tecnológica sensible del municipio, se multiplicaron especulaciones en redes que intentan vincular esos hechos con posibles intencionalidades políticas o maniobras de encubrimiento. Sin embargo, estas interpretaciones forman parte del terreno de la conjetura y no cuentan con evidencia pública que las confirme.
Como si el problema perteneciera siempre a otro organismo. Como si la contaminación no ocurriera dentro de su propio territorio. Como si los vecinos fueran invisibles.
Pero mientras las cloacas desbordan, la gestión municipal parece obsesionada con otra prioridad: la propaganda.
Basta recorrer el Acceso Este para encontrar una cantidad obscena de cartelería política y señalización repetitiva alrededor de apenas tres kilómetros de remodelación vial.
Carteles cada treinta metros.
Estructuras innecesarias y peligrosas.
Gigantografías con mensajes repetidas.
Un despliegue visual desproporcionado en medio de una provincia donde faltan respuestas elementales para problemas muchísimo más urgentes.
Porque allí también aparece otro símbolo del modelo político mendocino actual: el despilfarro selectivo.
No hay recursos para resolver contaminación cloacal histórica. No hay recursos para infraestructura sanitaria adecuada. No hay recursos para productores. No hay recursos para vecinos intoxicados.
Pero sí parecen existir millones para marketing político, estructuras redundantes y proyectos de dudosa prioridad pública.
El caso del Data Center de Guaymallén resulta otro ejemplo difícil de explicar. 8 Millones de dólares invertidos en equipamiento, maquinarias y tecnología terminaron envueltos en denuncias, deterioros y pérdidas que todavía hoy generan enormes interrogantes.
Mientras tanto, los vecinos siguen conviviendo con aguas servidas. Y allí aparece el verdadero corazón del problema. Porque Mendoza no atraviesa solamente una crisis ambiental. Atravesa una crisis de prioridades políticas.
Hace años el Estado provincial viene retrocediendo en áreas esenciales vinculadas a salud ambiental, planificación territorial, acceso al agua, vivienda y protección de pequeños productores.
En paralelo, crece un modelo donde las grandes inversiones privadas reciben velocidad administrativa, excepciones y acompañamiento político mientras las comunidades más vulnerables quedan libradas a su suerte.
Emprendimiento en Las Cañas y el debate por las excepciones fiscales
En un video difundido en redes sociales por el propio empresario Laugero vinculado a un emprendimiento en la zona de calle Las Cañas, se menciona que el desarrollo no habría sido posible sin la intervención del intendente y la aplicación de excepciones impositivas vinculadas a la construcción del proyecto.
La publicación reabre el debate sobre el criterio de asignación de beneficios fiscales en el desarrollo urbano: mientras grandes emprendimientos vinculados a bienes de lujo acceden a facilidades y excepciones, sectores de menor escala señalan crecientes dificultades administrativas y cargas impositivas que afectan la viabilidad de proyectos más pequeños o de acceso para la clase media.
El contraste vuelve a instalar una discusión de fondo sobre la equidad en la política fiscal y urbanística en el departamento.
El corrimiento estatal no es neutro. Siempre beneficia a alguien. Y siempre perjudica a otros.
El agua se contamina. Las cloacas colapsan. Los canales reciben residuos. Los productores pierden competitividad. La tierra pierde valor sanitario. La salud pública se deteriora.
Y aun así, los funcionarios continúan blindados políticamente durante años.
El procesamiento de Migliorance no aparece entonces como un episodio aislado.
Aparece como la consecuencia lógica de una estructura estatal que durante demasiado tiempo naturalizó el abandono.
Un modelo donde las prioridades dejaron de ser las personas. Y pasaron a ser la imagen, el negocio y el control político. Porque mientras algunos funcionarios inauguran carteles, otros vecinos conviven con aguas servidas.
Y esa diferencia explica mucho más sobre la Mendoza actual que cualquier discurso de campaña.
