Catastro, planos VIP y el poder inmobiliario: la otra caja política del cornejismo

La designación de Paola Gonella al frente de la Dirección General de Catastro no apareció en grandes titulares ni ocupó conferencias de prensa. Pasó casi en silencio. Como suelen pasar las decisiones realmente importantes en Mendoza.

Sin embargo, dentro de la Administración Tributaria Mendoza, el movimiento político fue leído inmediatamente como algo mucho más profundo que un simple recambio técnico. Porque Catastro no es una oficina administrativa cualquiera. Es uno de los centros neurálgicos desde donde se administra buena parte del poder territorial, inmobiliario y económico de la provincia.

Allí pasan las valuaciones fiscales, los registros parcelarios, las subdivisiones, las mensuras, los loteos, las urbanizaciones privadas y buena parte de la información estratégica vinculada a la tierra. Y en una provincia donde históricamente el negocio inmobiliario convivió demasiado cerca del poder político, controlar Catastro equivale a controlar una herramienta sensible.

Por eso la llegada de Gonella despierta interrogantes que el oficialismo intenta minimizar.

Las resoluciones 21 y 22/2026, firmadas por Alejandro Donati el pasado 18 de mayo, oficializaron la salida de Jimena Luzuriaga y el desembarco de Gonella en la Dirección General de Catastro. Pero el problema no termina en un simple cambio de nombres.

Porque Paola Gonella no llega solamente como técnica especializada. Llega siendo además presidenta del Colegio de Agrimensura de Mendoza, organismo creado por la Ley 5272 con facultades de control profesional, regulación de matrículas, fiscalización y sanción sobre los propios agrimensores.

Es decir: la misma persona pasa a conducir simultáneamente el organismo estatal que administra expedientes catastrales y el organismo corporativo que representa y regula a los profesionales que deben actuar ante ese Estado.

Una concentración institucional delicada incluso para cualquier manual básico de Derecho Administrativo.

Pero Mendoza hace tiempo dejó de funcionar bajo criterios clásicos de transparencia republicana.

El cornejismo viene avanzando desde hace años sobre organismos de control, colegios profesionales, cajas técnicas y estructuras autónomas. Todo bajo una lógica donde las fronteras entre Estado, corporaciones y sectores económicos empiezan lentamente a desaparecer.

Y Catastro aparece como una pieza demasiado importante dentro de ese engranaje.

Porque quien controla la tierra controla negocios millonarios.

Controla excepciones urbanísticas. Controla tiempos administrativos. Controla  valuaciones. Controla subdivisiones. Controla permisos. Controla información privilegiada.

Y allí comienzan las sospechas que rodean desde hace años a determinados sectores vinculados al negocio inmobiliario mendocino.

Gonella  ex directora de catastro  en Luján de Cuyo, uno de los departamentos donde el crecimiento inmobiliario premium avanzó con mayor agresividad durante las últimas décadas.

Mientras sectores medios enfrentaban dificultades burocráticas para pequeños desarrollos o fraccionamientos accesibles, distintos actores del sector recuerdan que determinados emprendimientos suntuosos parecían avanzar con velocidades administrativas bastante más amigables.

Sobre todo alrededor del traslado de la Municipalidad al ex edificio Próvolo.

A partir de aquella decisión política comenzaron a dispararse operaciones inmobiliarias estratégicas en la zona. Shopping centers, barrios privados, desarrollos de lujo y grandes operadores inmobiliarios empezaron a posicionarse rápidamente alrededor de terrenos cuyo valor se multiplicó de manera exponencial.

Porque en Mendoza el verdadero negocio muchas veces no está en construir.

Está en saber antes. Saber por dónde crecerá una ciudad. Saber dónde aparecerá infraestructura pública. Saber qué zona cambiará su valor estratégico. Saber qué tierra hoy barata valdrá millones mañana.

Y cuando ciertos sectores acceden antes que el resto a esa información, las reglas del mercado dejan de ser iguales para todos.

Distintas voces del ambiente inmobiliario y técnico vienen señalando desde hace años que alrededor de esos procesos existieron beneficios administrativos selectivos, expedientes acelerados y aprobaciones particularmente ágiles para determinados actores económicos.

En paralelo, comenzaron también a trascender versiones sobre supuestas intervenciones internas dentro de Catastro para facilitar aprobaciones técnicas vinculadas al entorno familiar de Gonella.

Según relatos históricos que circulan dentro del propio ambiente catastral, un exfuncionario del organismo habría intervenido particularmente para destrabar la aprobación de un plano que presentaba dificultades técnicas complejas.

Nada que cualquier vecino común pudiera resolver fácilmente.

Nada que normalmente avance sin observaciones, demoras o rechazos administrativos.

Pero en Mendoza hace tiempo que algunos expedientes parecen viajar por carriles distintos.

Por supuesto, gran parte de estas situaciones rara vez dejan rastros documentales explícitos. Funcionan en el territorio gris de las relaciones políticas, las influencias corporativas y las "gestiones informales" que todos comentan en voz baja pero casi nadie investiga a fondo.

Y allí aparece nuevamente el antecedente reciente de la propia Dirección de Catastro.

Investigaciones periodísticas publicadas por EL OTRO y firmadas por el periodista Coco Yáñez ya habían expuesto irregularidades vinculadas a la exdirectora Jimena Luzuriaga. Particularmente, el caso de un terreno registrado con un avalúo fiscal significativamente inferior al de otros lotes similares dentro de un mismo barrio privado de Guaymallén.

Aquella situación derivó, según publicó el medio, en modificaciones posteriores dentro de la propia base de datos de ATM luego de que la denuncia tomara estado público.

El episodio nunca terminó de despejar completamente las sospechas sobre el manejo interno de la información catastral.

Ahora, con Gonella, el escenario adquiere otra dimensión.

Porque ya no se trata solamente de posibles irregularidades aisladas.

Se trata de la consolidación de un modelo donde las estructuras de control estatal comienzan a fusionarse con corporaciones profesionales y sectores económicos vinculados al negocio inmobiliario.

Y eso resulta especialmente grave en una provincia donde el acceso a la tierra se volvió muy difícil  para miles de familias trabajadoras mientras el mercado premium continúa expandiéndose sin freno.

La pregunta entonces deja de ser técnica. Pasa a ser política.

¿Quién controla realmente al organismo que controla el territorio?

¿Quién audita las valuaciones?

¿Quién supervisa las excepciones?

¿Quién garantiza igualdad administrativa?

¿Quién evita que la información privilegiada termine convirtiéndose en negocios privados?

Porque cuando las ventanillas estatales empiezan a confundirse con intereses corporativos, la igualdad ante la ley se vuelve una formalidad decorativa.

En muchos casos, cuando el Estado se aparta de su deber de garantizar el acceso a una vivienda digna para los trabajadores, surgen pequeños privados que intentan cubrir esa necesidad, aunque sin contar con los recursos ni el respaldo de los grandes poderes económicos. Es allí donde comienza una presión cada vez más marcada sobre la clase media y la clase media baja, sectores que hoy se ven desplazados en beneficio de intereses vinculados grandes emprendimientos de venta de lotes cuyo valor supera fácilmente los 25.000 o 35.000 dólares.

Mientras tanto, el silencio oficial alrededor de la designación también llama la atención. Ni grandes anuncios, ni comunicados institucionales, ni actualizaciones rápidas en la página oficial de ATM. Como si el movimiento necesitara pasar desapercibido.

Pero los movimientos importantes del poder mendocino rara vez se anuncian con estridencia. Se ejecutan en silencio. Como los grandes negocios. Como los planos que algunos consiguen aprobar. Como los avalúos que misteriosamente se acomodan. Como las excepciones urbanísticas que aparecen justo donde luego florecen millones.

En definitiva, detrás de la designación de Paola Gonella quizás no haya solamente una funcionaria más.

Quizás haya una radiografía bastante precisa de cómo funciona hoy una parte del poder en Mendoza.

Una provincia donde ciertos sectores todavía siguen creyendo que el Estado no debe servir para garantizar igualdad. Sino para administrar privilegios.