Emergencia en discapacidad 2026: qué cambia, qué se ordena y qué sigue quedando fuera
La discusión técnica de la Ley corre el riesgo de omitir lo más sensible, quiénes quedan efectivamente reconocidos, protegidos y acompañados. El riesgo aparece cuando la auditoría se traduce socialmente como sospecha, generalmente a quienes viven discapacidades invisibles, lo que no se ve suele ponerse en duda, y lo que se pone en duda suele quedar sin apoyo.
La discapacidad ingresó al 2026 bajo una palabra incómoda, emergencia. La Ley 27.793 declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. El decreto reglamentario 84/2026 (publicado el 4 de febrero del corriente año) intenta "aterrizar" esa declaración en mecanismos concretos: pensiones, auditorías, criterios de certificación y alivios administrativos para sostener la red de prestadores.
Por Gustavo Fulco | @gusfulco
Sin embargo, la discusión técnica corre el riesgo de omitir lo más sensible, quiénes quedan efectivamente reconocidos, protegidos y acompañados. Y allí aparece un tema históricamente subestimado como las discapacidades invisibles, aquellas condiciones que no se "ven" a simple vista (viscerales, crónicas, psicosociales, neurodivergentes, dolor crónico, epilepsias, hipoacusias, entre otras) pero pueden limitar de modo significativo la vida cotidiana.
Emergencia en discapacidad 2026: organismos internacionales advierten que las inequidades en discapacidad se sostienen por estigma, discriminación y barreras en sistemas esenciales.
Auditorías, transparencia necesaria, riesgo de "cultura de sospecha"
El decreto instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a presentar, en 30 días, un plan de auditorías periódicas conforme pautas del artículo 16 de la ley.
La auditoría puede ser una herramienta valiosa para ordenar, transparentar y corregir abusos. El riesgo aparece cuando la auditoría se traduce socialmente como sospecha, generalmente a quienes viven discapacidades invisibles, lo que no se ve suele ponerse en duda, y lo que se pone en duda suele quedar sin apoyo.
La discusión técnica de la Ley 27.793 corre el riesgo de omitir las discapacidades invisibles, un tema históricamente subestimado.
Desde la salud pública, organismos internacionales advierten que las inequidades en discapacidad se sostienen por estigma, discriminación y barreras en sistemas esenciales. Por eso, auditar (aun siendo necesario) sin enfoque de derechos puede incrementar barreras en vez de reducirlas, debiéndose incorporar protocolos de trato digno, accesibilidad comunicacional, posibilidad real de defensa y criterios que contemplen variabilidad de síntomas
CUD, criterios federales y una pregunta clave ¿qué discapacidad reconoce el sistema?
El decreto establece que la Secretaría Nacional de Discapacidad dictará, con intervención del Consejo Federal de Discapacidad, lineamientos y criterios relativos a la certificación y al CUD. El Certificado Único de Discapacidad es mucho más que un papel, es llave de acceso a prestaciones, transporte, apoyos y múltiples derechos (y, por tanto, también es llave de acceso a la igualdad).
La neurodivergencia, la epilepsia y todas las condiciones intermitentes no entran en la estética de "lo evidente".
El decreto 84/2026 también incluye un régimen de regularización de deudas tributarias para obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social vencidas al 31/12/2025, con condonaciones bajo condiciones, y con intervención de ARCA.
Además, un documento de síntesis de "puntos principales" destaca una compensación de emergencia para prestadores por facturaciones realizadas entre diciembre 2023 y diciembre 2024, con verificaciones y posibilidad de compensar deudas.
Este punto suele discutirse como "números" o "aranceles", pero su impacto es clínico y cotidiano cuando se rompe la cadena de pagos o se debilita la red, interrumpiéndose en consecuencia los apoyos. Este último punto, afecta con particular dureza a personas con condiciones invisibles que requieren, asistencia interdisciplinaria.
La emergencia no es solo norma, es reconocimiento
La nueva Ley de Emergencia en Discapacidad 2026 ordena mecanismos y abre una ventana de intervención estatal. Pero su éxito no se mide en anexos o auditorías, sino en gestionar eficazmente y aprender a ver lo que no se ve y se siente de forma profunda y en casos traumática, como la fatiga crónica, el dolor persistente, la disfunción orgánica, la condición psicosocial, la neurodivergencia, la epilepsia y todos las condiciones intermitentes que no entran en la estética de "lo evidente".
Si el Estado no implementa con enfoques integrales, que en primer lugar eduquen a la sociedad sobre discapacidad (inmejorable acción para generar concientización y derribar barreras de forma natural), la sospecha y la mirada estrecha continuaran, dando lugar a que la emergencia pueda convertirse en otro capítulo de exclusión silenciosa.
Por Gustavo Fulco | @gusfulco
Especialista en Comunicación y Accesibilidad | Profesor e Investigador Universitario.
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