El derecho a entender: España avanza, Argentina aún debe reglamentar

La accesibilidad cognitiva significa, en términos sencillos, que la información y los entornos deben ser fáciles de entender. Para ello, el reglamento español prevé herramientas como lenguaje claro, lectura fácil, pictogramas, señalización comprensible, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, apoyos visuales, recursos sonoros y soluciones tecnológicas. Estos recursos deberán brindarse sin costo adicional para la persona y sin demoras indebidas en la atención.

No es una medida limitada a una sola categoría de personas. La regulación alcanza a personas con discapacidad intelectual, autismo, daño cerebral adquirido, parálisis cerebral o dificultades de salud mental, pero también a personas mayores con deterioro cognitivo, personas con bajo nivel de alfabetización y migrantes que no comprenden suficientemente las lenguas oficiales. Así, España adopta una mirada amplia: reconoce que las dificultades para comprender pueden surgir de múltiples circunstancias y no dependen exclusivamente de un diagnóstico de discapacidad.

El reglamento se aplica en ámbitos decisivos de la vida cotidiana: transportes, salud, espacios públicos, telecomunicaciones, servicios abiertos al público, empleo, participación electoral, patrimonio cultural, relaciones con la Administración y Administración de Justicia. De este modo, la accesibilidad cognitiva deja de ser una cuestión secundaria o asistencial y se convierte en una condición para ejercer una ciudadanía efectiva.

Justicia comprensible: una garantía de defensa

Uno de los aspectos más relevantes de la norma española es su proyección sobre la Administración de Justicia. Una persona no puede defenderse adecuadamente si no entiende una citación, una notificación, una audiencia, una sentencia, una medida de protección o las consecuencias jurídicas de una decisión.

El proceso judicial puede respetar formalmente sus etapas y, sin embargo, ser inaccesible en los hechos. Si la persona involucrada recibe un documento redactado con tecnicismos que no comprende, si no entiende qué debe hacer ni en qué plazo, o si participa en una audiencia sin los apoyos comunicacionales necesarios, su derecho de defensa queda debilitado.

Por esa razón, el reglamento español exige que las comunicaciones orales y escritas sean comprensibles para las personas con dificultades cognitivas. También prevé apoyos adecuados según la necesidad de cada caso, como lectura fácil, sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, apoyos profesionales y otros recursos que faciliten la comprensión.

Esto tiene especial importancia en causas de familia, capacidad jurídica, salud mental, protección de niños, niñas y adolescentes, violencia, conflictos laborales, reclamos previsionales y procesos penales. En todos esos supuestos, las decisiones judiciales pueden afectar de manera directa la vida, los vínculos familiares, la libertad, el patrimonio, la salud o la autonomía de una persona.

La accesibilidad cognitiva exige abandonar la idea de que el lenguaje jurídico debe ser necesariamente oscuro para ser serio. La precisión técnica es indispensable en las resoluciones y escritos judiciales, pero esa precisión debe complementarse con explicaciones claras dirigidas a la persona afectada. Una sentencia puede contener fundamentos jurídicos complejos para las partes profesionales, pero también debería incluir una explicación accesible sobre qué se decidió, por qué se decidió, qué efectos produce y qué vías de revisión existen.

La situación de Argentina

Argentina cuenta con una base normativa importante para reconocer el derecho a comprender. La Ley 26.378 aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Posteriormente, la Ley 27.044 otorgó jerarquía constitucional a esa Convención.

La Convención establece principios directamente vinculados con la accesibilidad cognitiva. Entre ellos se encuentran la igualdad y no discriminación, la accesibilidad, la autonomía personal, el acceso a la información, el reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones y el acceso efectivo a la justicia mediante ajustes de procedimiento adecuados.

El artículo 9 de la Convención obliga a los Estados a adoptar medidas apropiadas para asegurar la accesibilidad a la información y las comunicaciones. El artículo 13 exige garantizar el acceso efectivo a la justicia para las personas con discapacidad, incluso mediante ajustes de procedimiento y ajustes adecuados a la edad. Estas disposiciones permiten sostener que, en Argentina, el deber de brindar información comprensible no es una mera cuestión de cortesía administrativa: integra una obligación jurídica derivada de normas con jerarquía constitucional.

También se relaciona con garantías constitucionales básicas. El derecho de defensa en juicio, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el principio de igualdad, la dignidad humana y el deber estatal de remover barreras que impiden el ejercicio real de los derechos respaldan una interpretación favorable a la accesibilidad cognitiva.

Sin embargo, Argentina todavía no posee una norma nacional equivalente al reglamento español. Existen avances importantes en materia de lenguaje claro, lectura fácil, documentos accesibles y adaptaciones comunicacionales dentro de algunos organismos estatales, tribunales, legislaturas, universidades y entidades públicas. Pero esas experiencias no siempre tienen el mismo alcance ni se aplican de modo uniforme en todas las provincias, organismos y fueros judiciales.

En consecuencia, el acceso a información comprensible depende muchas veces del organismo al que acuda una persona, de la jurisdicción en la que viva o de la voluntad de quienes intervienen en un trámite o proceso. Esa desigualdad territorial e institucional representa una barrera importante para el pleno ejercicio de derechos.

La diferencia entre ambos modelos

La diferencia central es que España acaba de establecer un marco reglamentario nacional, específico y operativo. El Real Decreto 707/2026 identifica los ámbitos alcanzados, reconoce herramientas concretas de accesibilidad y transforma el derecho a entender en una obligación para administraciones, servicios y entidades involucradas.

Argentina, por su parte, ya tiene un marco constitucional y convencional muy relevante, especialmente por la jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero ese marco aún requiere un desarrollo legislativo, reglamentario y administrativo más homogéneo para asegurar que el derecho sea efectivo en la práctica.

No alcanza con reconocer que una persona tiene derecho a acceder a la justicia o a recibir información. Es necesario definir cómo debe ser esa información, quién debe adaptarla, en qué plazos, con qué recursos, bajo qué criterios de calidad y qué remedios existen cuando una institución no cumple.

En España, la accesibilidad cognitiva comienza a dejar de ser una aspiración general para convertirse en un estándar exigible. En Argentina, la obligación puede derivarse de la Constitución y de la Convención, pero falta una regulación nacional que establezca pautas claras, capacitaciones obligatorias, presupuesto, organismos de control y mecanismos específicos de reclamo.

Un desafío pendiente

Argentina podría tomar el modelo español como referencia, sin necesidad de copiarlo de manera automática. Sería posible impulsar una ley nacional o un reglamento federal que obligue a los organismos públicos a ofrecer comunicaciones claras y accesibles, especialmente cuando se trate de derechos esenciales.

Esa regulación debería prever que las notificaciones judiciales relevantes, formularios administrativos, consentimientos médicos, trámites previsionales, procedimientos de seguridad social, información electoral, comunicaciones policiales y decisiones estatales estén disponibles, cuando corresponda, en formatos de lectura fácil o con apoyos adecuados.

También debería establecer la utilización de pictogramas y señalización accesible en hospitales, tribunales, oficinas públicas, terminales de transporte, centros educativos y dependencias administrativas. A ello tendría que sumarse la capacitación obligatoria de jueces, funcionarios, empleados públicos, profesionales de salud, docentes y personal de atención al público.

La participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan resulta fundamental. No basta con que una institución considere que un documento es claro. Debe comprobarse, mediante pruebas de comprensión y validación con las propias personas destinatarias, que la comunicación realmente funciona.

El derecho a entender no beneficia solamente a quienes tienen una discapacidad intelectual o psicosocial. También favorece a personas mayores, niños, niñas y adolescentes, migrantes, personas con baja alfabetización, ciudadanos que atraviesan situaciones de estrés y, en definitiva, a toda persona que debe enfrentarse a la complejidad del lenguaje burocrático o jurídico.

Una notificación judicial escrita de manera clara puede evitar que alguien pierda un plazo sin saberlo. Un consentimiento médico comprensible puede asegurar que una decisión de salud sea verdaderamente libre e informada. Un trámite previsional accesible puede evitar que una persona abandone un reclamo por no entender qué documentación debe presentar. Una explicación sencilla de una sentencia puede convertir una decisión formalmente correcta en una resolución materialmente justa.

España ha dado un paso significativo al reconocer que comprender es una condición para ejercer derechos. Argentina cuenta con los principios constitucionales e internacionales necesarios para avanzar en el mismo sentido. El desafío pendiente es convertir esos principios en obligaciones concretas, recursos reales y prácticas institucionales cotidianas.

Una democracia no puede considerarse plenamente inclusiva si informa de manera incomprensible. Y una justicia que no se entiende, aunque sea técnicamente correcta, corre el riesgo de dejar afuera precisamente a quienes más necesitan de ella.