Cuando los chicos cuidan a los grandes
En demasiados hogares argentinos, la escena se volvió corriente y, por eso mismo, casi invisible: una adolescente prepara la medicación de su abuela; un chico acompaña a su abuelo al baño; una nieta reorganiza la tarde para que una persona dependiente no quede sola. No se trata siempre de gestos ocasionales de afecto ni de la colaboración doméstica que toda convivencia razonable supone. Muchas veces, de niños, niñas y adolescentes que asumen responsabilidades de cuidado que corresponden a los adultos, a la comunidad y al Estado.
El fenómeno tiene nombre: infancias cuidadoras. Y obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando el deber de asistir a una persona mayor o con discapacidad termina comprometiendo el derecho de un niño a estudiar, jugar, descansar, socializar y construir su propio proyecto de vida?
La Argentina envejece y enfrenta una crisis silenciosa de cuidados. Las familias, atravesadas por la precariedad laboral, la insuficiencia de ingresos y la falta de servicios de apoyo, resuelven como pueden las necesidades cotidianas de quienes han perdido autonomía. Pero "como se puede" suele significar trasladar la carga hacia el interior del hogar: primero a las mujeres adultas y, cuando ellas están sobreexigidas o trabajan fuera de casa, a las hijas, nietas, hijos y nietos.
Los datos disponibles muestran que el problema existe, aun cuando sigue submedido. No hay en el país una encuesta que identifique cuántos niños, niñas y adolescentes cuidan exclusivamente a una persona mayor o a un familiar con discapacidad. Pero la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes de 2016-2017 registró que, entre los adolescentes de 16 y 17 años de áreas urbanas, el 5,9% de las mujeres y el 0,9% de los varones realizaban tareas de cuidado de niños, personas mayores o enfermas. En las zonas rurales, las cifras eran 5% y 0,2%, respectivamente.
La diferencia no es una nota al pie estadística. Revela que la desigualdad de género empieza mucho antes de la inserción laboral. A muchas chicas se las educa para estar atentas, acompañar, entender, posponer. A muchos varones se les concede, todavía, una distancia mayor respecto de esas obligaciones. Así, la división sexual del trabajo se aprende en la mesa familiar, en el reparto de las horas y en quién deja de hacer algo propio para asistir a otro.
El Código Civil y Comercial establece que los hijos deben colaborar con sus progenitores de acuerdo con su edad y grado de madurez, y cuidar de ellos u otros ascendientes cuando su ayuda sea necesaria. Esa disposición expresa un valor social valioso: la solidaridad familiar. Pero no puede ser leída como una autorización para transferir deberes adultos a quienes todavía están creciendo.
La clave está en la propia norma: la colaboración debe ser adecuada a la edad y el desarrollo. Alcanzar un vaso de agua, compartir tiempo con una abuela o realizar una tarea doméstica razonable puede ser parte de la vida familiar. Otra cosa muy distinta es administrar tratamientos, higienizar a un adulto dependiente, contener crisis de salud, faltar a la escuela, resignar amistades o vivir en alerta porque no existe otro cuidador disponible.
La colaboración no puede convertirse en sustitución. El amor tampoco en una obligación que silenciosamente adulte a un niño.
Un adolescente cuidador puede sentir cariño, orgullo y cercanía hacia la persona que asiste. Negarlo sería desconocer la riqueza de los vínculos intergeneracionales. Pero también cansancio, miedo ante una descompensación, culpa cuando desea salir y aislamiento frente a pares cuya vida cotidiana sigue reglas muy diferentes. El problema no es el vínculo entre generaciones. Es que ese vínculo quede sostenido por una responsabilidad excesiva, rutinaria y sin apoyos.
La investigación de UNICEF y ELA aporta otro dato de contexto: el 66% de los adolescentes de 15 a 17 años realiza trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; quienes cuidan a integrantes de su hogar dedican en promedio varias horas diarias a esas tareas. El informe no distingue con precisión la edad, el parentesco o la condición de discapacidad de la persona cuidada, pero confirma la magnitud de un trabajo que permanece invisible.
No se trata de reprochar a las familias que, en condiciones difíciles, sostienen la vida de sus mayores con afecto y enormes esfuerzos. Tampoco de presentar a la vejez o a la discapacidad como una carga. El cuidado es una necesidad humana universal: todos necesitamos, hemos necesitado o necesitaremos de otros.
La cuestión es quién cuida, con qué recursos y a qué costo.
Una política pública seria debe garantizar apoyos domiciliarios profesionales, sistemas de relevo para cuidadores familiares, centros de día accesibles y una coordinación eficaz entre los sistemas de salud, desarrollo social, educación y discapacidad. El Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios ofrece información sobre personas capacitadas para cuidar a adultos mayores, pero el desafío consiste en que esos recursos sean conocidos, territorialmente disponibles y económicamente accesibles.
También la escuela debe aprender a detectar señales: ausentismo, cansancio persistente, bajo rendimiento repentino, imposibilidad de participar en actividades extracurriculares o una madurez forzada que suele ser celebrada en vez de interrogada. Detrás de un alumno "demasiado responsable" puede haber un chico que no descansa porque teme que su abuelo se caiga durante la noche.
La intervención estatal no debe romantizar el sacrificio ni criminalizar a las familias. Debe escuchar, acompañar y ofrecer alternativas concretas. Y debe escuchar a los chicos, no para trasladarles decisiones que corresponden a los adultos, sino para saber cómo viven esa tarea y evitar que una necesidad familiar se transforme en una vulneración de derechos.
Una sociedad se mide por cómo trata a sus personas mayores. Pero esa medida queda incompleta si, para cuidar a los mayores, deja solos a los chicos. Cuidar a una abuela puede ser un acto de amor. Convertir a una nieta en cuidadora principal no debería ser el precio de ese afecto.
