Cerrar centros de capacitación también es una política laboral
El cierre de centros de formación profesional, bajo el argumento de la "modernización", implica la pérdida de fuentes laborales docentes y deja sin capacitación a cientos de personas. La medida refuerza un modelo de precarización del trabajo, donde la educación en oficios es reemplazada por empleos inestables de la economía de plataformas, afectando no solo a los trabajadores, sino también al entramado social y productivo de la comunidad.
El cierre de cinco instituciones estatales de Formación Profesional en Mendoza deja sin trabajo a docentes y sin capacitación a cientos de personas. Detrás de la resolución oficial, se expone una lógica de achicamiento del empleo y precarización laboral.
Lo que relata Alejandra, directora de uno de los Centros de Capacitación para el Trabajo alcanzados por la resolución oficial, no es un hecho aislado ni una desprolijidad administrativa. Es la expresión concreta de una política. El cierre de cinco instituciones estatales de Formación Profesional y Capacitación Laboral en Mendoza deja al descubierto una concepción del trabajo, de la educación y del futuro laboral que el gobierno ya no disimula.
Cada uno de los centros contaba con una matrícula de entre 80 y 100 estudiantes. En términos globales, el impacto es contundente: entre 400 y 500, quizas mas , personas pierden la posibilidad de capacitarse para acceder a una salida laboral concreta. Al mismo tiempo, al menos 40 trabajadores de la educación -docentes, directivos y evaluadores- quedan sin empleo inmediato. Muchos de ellos son sostenes de familia. El salario se corta de un día para el otro. Sin transición. Sin red de contención.
Uno de los establecimientos afectados es el CCT 6011 Independencia, una institución estatal con edificio propio, sostenida durante años con fondos provinciales y nacionales, y con el esfuerzo cotidiano de su comunidad educativa. Allí se dictaban especialidades con clara salida laboral: artes aplicadas y fotografía, trabajo en vidrio, estética personal y peluquería, electrónica básica aplicada y trayectos de formación profesional como cocinero, confeccionista a medida, modista y electricidad con montaje de equipos.
No se trataba solo de transmitir contenidos. Se trabajaba desde una lógica socioproductiva, orientada al microemprendimiento y a la inserción laboral real. Los estudiantes no salían únicamente con un certificado, sino con herramientas concretas para generar ingresos. A diferencia de los institutos privados, estos centros no cobraban aranceles: apenas solicitaban colaboraciones mínimas para mantenimiento. Por eso llegaban quienes no podían pagar una cuota mensual.
El cierre no se limita a un solo punto del mapa. La misma resolución alcanza a otros cinco centros ubicados en Maipú, San Martín, Las Heras y San Rafael. En todos los casos, la situación se repite: algunos con edificios propios, años de trabajo comunitario y una notificación fría, sin funcionarios presentes ni instancias de diálogo.
La resolución y el discurso de la "modernización"
El cierre del CCT-FP 6011 "Independencia" queda formalizado mediante la Resolución Nº RESOL-2026-17-E-GDEMZA-DETyT#DGE, fechada el 10 de febrero de 2026, emitida por la Dirección General de Escuelas del Gobierno de Mendoza.
El texto se inscribe dentro de lo que denomina una "Reorganización integral de los Centros de Capacitación para el Trabajo y Formación Profesional", enmarcada en una supuesta "Propuesta de Transformación Integral". A lo largo de los considerandos, la resolución invoca la legislación vigente en materia de Educación Técnico Profesional y subraya, de manera reiterada, la necesidad de planificación estratégica, articulación territorial y mejora continua de la calidad educativa.
Sin embargo, esa retórica choca con la decisión concreta que se adopta en la parte resolutiva.
En su Artículo 1°, la resolución establece textualmente:
"Procédase al cierre del CCT-FP 6-011 ‘Independencia', ubicado en Huarpe y Bariloche s/n°, Barrio Municipal, El Challao, Las Heras."
En los artículos siguientes dispone:
La finalización de la suplencia de todo el personal suplente,
El cierre de horas y cargos suplentes,
Y el pase a disponibilidad de los docentes titulares, quedando supeditados a una eventual reubicación.
Es decir: bajo el concepto de "transformación" y "modernización", lo que se ejecuta es un cierre liso y llano, con impacto inmediato en trabajadores y estudiantes.
La resolución lleva la firma de Claudio Ángel David Dagne, en su carácter de Director de Educación Técnica y Trabajo, dependiente de la Dirección General de Escuelas.
¿Modernizar para quién?
La pregunta que emerge con fuerza es inevitable:
¿qué significa "modernizar" la formación laboral cerrando escuelas?
La formación en peluquería, gastronomía, electricidad, confección o electrónica no puede ser reemplazada por algoritmos ni por robots sin dejar a miles de personas fuera del sistema laboral. Pensar la modernización en estos términos implica aceptar que una parte de la sociedad ya no será necesaria como trabajadora calificada.
En paralelo, el modelo económico que se consolida -con apertura de importaciones, flexibilización laboral y debilitamiento del empleo formal- reduce cada vez más el sentido de capacitar. ¿Para qué formar modistas o confeccionistas si la indumentaria llega más barata desde China? ¿Para qué formar cocineros o técnicos si el horizonte laboral es cada vez más precario?
En ese marco, se naturaliza como alternativa la economía gig: trabajo por aplicaciones, tareas fragmentadas, ingresos inestables y ausencia de derechos laborales. Repartir para PedidosYa, manejar para Uber o realizar envíos para Mercado Libre aparece como destino casi exclusivo para quienes quedan fuera del sistema educativo y productivo formal.
Desde esta lógica, el cierre de los centros de capacitación no es una anomalía: es coherente con el modelo.
Hoy, docentes, estudiantes y comunidades educativas se organizan, recolectan firmas y exigen la marcha atrás de la resolución, con el objetivo de que los centros puedan abrir el ciclo lectivo 2026. Denuncian, además, la ausencia total de diálogo y la crueldad administrativa de una decisión tomada sin medir su impacto humano.
El caso interpela de lleno al gobierno provincial de Alfredo Cornejo, y a su concepción de una provincia que se presenta como productiva y turística, pero que al mismo tiempo desmantela los espacios donde se forman quienes deberían sostener ese modelo.
La información fue recabada por Portada, en diálogo directo con la directora del centro y con referentes de las instituciones afectadas.
Cerrar un centro de capacitación no es cerrar un aula.
Es cerrar una posibilidad de trabajo.
Y cuando se lo hace invocando la modernización, el problema ya no es técnico: es político.
