Un presidente que no respeta la ley
Javier Milei volvió a elegir la agresión ideológica allí donde la responsabilidad institucional exige precisión. Al atribuir la caída de la natalidad a "la locura de los pañuelitos verdes" y hablar de "asesinar niños en el vientre de la madre", el Presidente no sólo expresó una posición personal contraria a la interrupción voluntaria del embarazo: descalificó un derecho vigente y habló como si la ley fuese una anomalía moral que su gobierno pudiera vaciar de contenido.
La Ley 27.610 no es una consigna ni una concesión cultural. Es una norma nacional, sancionada por el Congreso, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive y, luego, en los supuestos de violación o peligro para la vida o la salud de la persona gestante. Sigue plenamente vigente. Ninguna declaración presidencial, por virulenta que sea, puede reemplazar al debate democrático ni dispensar al Estado de cumplirla.
El problema, sin embargo, no se agota en la retórica. Cuando quien encabeza el Poder Ejecutivo presenta un derecho legal como una forma de violencia, habilita un clima de hostilidad contra quienes necesitan acceder a él y contra los equipos de salud obligados a garantizarlo. Una ley puede permanecer intacta en el Boletín Oficial y, aun así, perder eficacia en la vida real si faltan medicamentos, información, derivaciones, presupuesto y funcionarios dispuestos a hacerla cumplir.
La afirmación presidencial pretende construir un culpable sencillo para un problema complejo: la crisis demográfica. Pero los propios datos disponibles desmienten esa reducción. La tasa de fecundidad argentina cayó a 1,2 hijos por mujer en 2024, lejos del nivel de reemplazo de 2,1. Esa caída no se explica por la vigencia de una ley desde 2021, sino por una combinación de obstáculos económicos, laborales, habitacionales y de cuidados.
El dato más elocuente es también el más incómodo para un gobierno que hace del ajuste una identidad: el 57% de las personas de 18 a 45 años afirma que tendría más hijos si no enfrentara limitaciones, y las condiciones económicas y de cuidado explican el 62% de los casos de quienes tuvieron menos hijos de los deseados. No es el aborto el que impide formar familias. Son los salarios insuficientes, la precariedad laboral, el costo de la vivienda y la ausencia de una red pública y comunitaria de cuidados.
El problema no se agota en la retórica: Cuando quien encabeza el Poder Ejecutivo presenta un derecho legal como una forma de violencia, habilita un clima de hostilidad contra quienes necesitan acceder a él y contra los equipos de salud obligados a garantizarlo.
Decir que el aborto "cuesta caro" al sistema previsional invierte el problema. Un sistema de jubilaciones sostenible no se construye obligando a las mujeres, niñas y personas gestantes a continuar embarazos no deseados. Se construye con trabajo registrado, empleo de calidad, salarios reales, políticas de cuidado, cobertura de salud, igualdad de oportunidades y una economía que permita proyectar la vida sin que tener un hijo implique caer en la pobreza.
Milei tiene derecho a sostener sus convicciones religiosas, filosóficas o políticas. Lo que no tiene es la facultad de utilizar la investidura presidencial para desconocer la diferencia elemental entre una opinión personal y una obligación estatal. El Presidente no gobierna sólo para quienes comparten su credo; gobierna bajo una Constitución y un orden jurídico que lo obligan a respetar derechos reconocidos por el Congreso y a garantizar el acceso igualitario a la salud.
La discusión sobre el aborto fue extensa, pública y democrática. Involucró a organizaciones sociales, sociedades científicas, universidades, juristas, profesionales de la salud, iglesias, legisladores y miles de personas que pusieron su experiencia en el centro de un debate históricamente silenciado. El resultado fue una ley que dejó de abandonar a quienes abortaban a la clandestinidad, al miedo y a la desigualdad.
La interrupción voluntaria del embarazo no desaparece cuando se prohíbe: se vuelve más insegura, más desigual y más peligrosa. Quienes tienen recursos encuentran alternativas; quienes no los tienen cargan con la clandestinidad, la violencia institucional y el riesgo sanitario. Esa es la verdadera consecuencia de convertir una cuestión de salud pública y autonomía personal en un sermón punitivo.
No hay coherencia republicana en invocar la libertad económica mientras se niega la autonomía reproductiva. Tampoco hay defensa de la vida en degradar a quienes toman decisiones difíciles, ni en retirar condiciones materiales para que quienes desean maternar o criar puedan hacerlo con dignidad.
El discurso de Milei no modifica la Ley 27.610. Pero sí intenta erosionar su legitimidad social y preparar el terreno para que el acceso efectivo se deteriore por omisión, desfinanciamiento o intimidación. Ésa es una forma de retroceso que no siempre necesita una derogación formal.
Un Presidente puede estar en desacuerdo con una ley. Lo que no puede hacer es tratarla como si no mereciera ser respetada. Cuando el poder confunde sus creencias con la norma común, el problema ya no es sólo el aborto: es el Estado de derecho.
Cuando el contrato no alcanza
