La democracia argentina a 50 años del golpe de 1976: logros, déficits y desafíos

Hace días ronda en mi cabeza un recuerdo persistente. Se trata de un episodio ocurrido en los luminosos días de la recuperación de la democracia, en 1983, cuando cursaba el tercer año del secundario en el Instituto Rodeo del Medio. Es el recuerdo de uno de esos días de la semana en los que el adusto e inflexible director de estudios del colegio se transformaba sorprendentemente en nuestro admirado y entrañable profesor de Historia. Sé que a otros compañeros y compañeras les pasaba lo mismo que a mí cuando eso ocurría: las cosas que decía y enseñaba te quedaban grabadas en la mente, se sentían con el corazón y te invitaban a la reflexión.

Aquella tarde, el profesor habló de las elecciones, de las dictaduras y de la democracia. Y dejó flotando en el ambiente algunos interrogantes inquietantes: ¿cuánto duraría la experiencia democrática que se abría con las elecciones?, ¿seríamos capaces de revertir la historia de recaídas en los quiebres del orden constitucional y las dictaduras que había marcado el siglo XX? Mario, el profesor, repasó el historial de golpes de Estado ocurridos en la Argentina desde 1930, los periodizó, los comparó y estableció patrones que no auguraban larga vida al proceso democrático que se inauguraba. Los intervalos democráticos entre dictadura y dictadura habían sido cada vez más breves y los gobiernos de facto cada vez más prolongados. El profesor no pronosticó, no expresó sus expectativas, no dictaminó; solo dejó planteado el gran desafío que representaba para la sociedad argentina aprender de las lecciones de la historia, de una historia de recurrentes vulneraciones de la voluntad popular.

Han pasado casi 43 años de esa clase, casi 43 años desde la recuperación de la democracia y 50 años del golpe genocida. El ejercicio de hacer memoria abre puertas a la reflexión. El recuerdo de ese episodio fugaz, ocurrido en tiempos luminosos que recuerdo con nostalgia, me hizo pensar que la comprensible insatisfacción con la política y la democracia que ha permanecido latente por décadas e impregnado con fuerza el clima social de los últimos años quizás no nos esté permitiendo dimensionar y valorar el monumental logro alcanzado por la sociedad argentina al sostener por largas décadas la vigencia del orden constitucional.

Nuestra sociedad, el pueblo del que somos parte, ha logrado quebrar esa tendencia a la recaída dictatorial que aparecía como principal amenaza para el Estado de Derecho restaurado, una amenaza que se presentaba por momentos como ineludible. Sin embargo, aunque no ha estado exento de tensiones, conflictos e incluso de intentonas golpistas, el proceso democrático se ha mantenido vigente, con sus más y con sus menos, a partir del fuerte compromiso con el Nunca Más a las dictaduras, Nunca Más al terrorismo de Estado, Nunca Más a la violación sistemática de los derechos humanos.

Se trata de una conquista popular mantenida como un logro colectivo, no de una carambola del destino. Una encuesta de Zubán-Córdoba, publicada recientemente, refleja que el 68,6% de los argentinos reconoce a la dictadura como un período de violaciones a los derechos humanos mientras solo un 18,6% piensa lo contrario. También señala que el 66,3% cree que la democracia sigue siendo el sistema preferido, aunque su funcionamiento genera dudas. No se discute si democracia sí o no; se discute cómo funciona y para quién, concluye el informe de la encuesta.

La demanda social que refleja el resultado de la encuesta es una interpelación directa al sistema político en general y a los gobiernos y partidos políticos de todos los signos ideológicos en particular. Pero, además, la crítica a los déficits de la democracia debe ser asumida muy especialmente por quienes desde el campo nacional y popular sostenemos una militancia política, sindical y social que nos compromete con particulares responsabilidades públicas.

Estoy convencido de que el logro de la continuidad democrática ha sido posible gracias, principalmente, a la adopción de la política de Memoria, Verdad y Justicia, a la concreción de los juicios a los genocidas autores de delitos de lesa humanidad y a la acción incansable de las Madres, las Abuelas y los organismos de derechos humanos.

La concepción y la práctica que entraña esa política no solo ha visibilizado los crímenes de la dictadura y las consecuencias de sus políticas sino también ha expresado una persistente apuesta por la democracia. La consolidación de esa política como política de Estado, desafiada de manera infame por el negacionismo y la reivindicación de la dictadura que encarnan los actuales presidente y vicepresidenta de la Nación y una parte de la dirigencia política argentina, debe ser un objetivo prioritario de quienes compartimos convicciones democráticas. Tenemos muy claro, además, que quienes nos desafían a una batalla cultural desde el negacionismo prodictadura son los mismos que hoy intentan instaurar una autocracia bajo formas aparentemente democráticas. La violación sistemática de la Constitución Nacional, la abolición de los derechos civiles, políticos y sociales, y la destrucción del Estado que se están ejecutando se parecen demasiado a las nefastas prácticas de la dictadura que pretenden reivindicar.

Sin embargo, el negacionismo no ha conseguido borrar la memoria colectiva. En ese sentido es importante destacar que año a año, la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia nos ha ofrecido a los argentinos y argentinas la oportunidad de reflexionar sobre el periodo más oscuro, ominoso y sangriento de la historia argentina. Es necesario recordar que la Ley 25.633, sancionada en agosto del 2002, instituyó al 24 de marzo de cada año como día nacional en "conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976" y dispuso "la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas (...) que consoliden la memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos".

La sanción de esa Ley promovió la generalización de una práctica de reflexión que muchos compatriotas habíamos hecho propia desde antes con la participación en las actividades conmemorativas que, desde el 24 de marzo de 1984, tras la recuperación de la democracia, convocaban a cada vez más multitudinarias marchas a lo largo y ancho del país. Años después, la sanción de la Ley 26.085 de 2006, que instituyó al 24 de marzo de cada año como día feriado inamovible, significó un paso más en favor de la expresión popular masiva de repudio a la dictadura y de compromiso con la democracia y los derechos humanos.

Tati Almeida, con su inconmensurable sabiduría de Madre luchadora, ha reflejado en estos días con palabras sencillas y contundentes la fuerza y vitalidad del movimiento en favor de la democracia y los derechos humanos en la Argentina:

Quedamos tres madres y dos abuelas, pero estamos tranquilas porque la posta ya la hemos pasado.

Los interrogantes de aquel luminoso día de 1983 obtuvieron respuesta en nuestra historia colectiva y se han dado lugar a un nuevo interrogante: ¿seremos capaces de dotar a nuestra alicaída democracia de la vitalidad y capacidad de respuesta a las nuevas necesidades del pueblo argentino que los tiempos actuales exigen?

Al mismo tiempo que intentamos responder a esa pregunta inquietante que nos interpela, quienes compartimos convicciones democráticas podemos afirmar orgullosamente que -a pesar de las marchas y las contramarchas, de los éxitos y los fracasos- no nos han vencido.