Crimen de Estado

Ilegitimidad

El 24 de marzo de 1976 una junta de comandantes de las Fuerzas Armadas desalojó a las autoridades democráticas y tomó el gobierno por la fuerza. No fue el primer golpe de estado, una práctica que había sido usada antes en 1930, 1943, 1955, 1962 y 1966.

En tiempos en que hay que decir lo que debiera ser obvio, un gobierno tomado por la fuerza, contrario a la Constitución y las leyes es ilegal e ilegítimo. La responsabilidad cívica de un ciudadano que vive de acuerdo a la Ley es impugnarlo. El mundo reconoce el derecho a la rebelión ante gobiernos ilegales e ilegítimos.

Un proyecto político-económico

El golpe de 1976 fue impulsado por fuertes grupos económicos que conspiraban con, al menos, un semestre de antelación, lo que se reflejó en el nombramiento del primer ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, quien aplicó un programa neoliberal que cambió la estructura productiva del país, destruyó la industria, promovió las importaciones, privilegió la especulación financiera, multiplicó por 6 la deuda externa, fugó divisas y pulverizó los salarios.

Lo que se conoce como industrialización sustitutiva de importaciones produjo muy buenos resultados en Argentina. Si vamos a datos duros, siguiendo a Mario Rapoport, el PBI per cápita creció anualmente 2,10% de promedio anual entre mediados de los '40 y mediados de los '70, contra 1,30% en el período agroexportador (1880-1930) y 0,3% entre 1974 y comienzos de los ‘2000. Fue con la dictadura que se produjo el salto al modelo de rentismo financiero y primarización en el que seguimos atrapados y frustrados.

Políticamente fue un período en que se avasallaron las libertades cívicas y los derechos sociales.

Plan sistemático, terrorismo de estado y genocidio

Para implementar su modelo político, la dictadura ejerció una violencia pocas veces vista. Persiguieron a sus enemigos políticos por fuera de la legalidad con todos los recursos estatales. Sus enemigos fueron sindicalistas, estudiantes universitarios, militantes políticos, formaran parte de organizaciones armadas o no. Quemaron libros, intervinieron las universidades, establecieron la censura, hostigaron a cantantes de rock, forzaron al exilio de buena parte de los más reconocidos artistas.

Los sitios de la Memoria preservan los recuerdos del horror, describen los tormentos a que fueron sometidas las personas secuestradas por aquel régimen, por una combinación de "grupos de tareas" y fuerzas represivas "legales", hatos de delincuentes que se organizaron como una especie de policía política que actuaba fuera de la ley pero con pleno uso de los bienes públicos.

Es difícil explicar a un ciudadano de a pie lo que implica un Estado que actúa fuera de la Ley, con máxima violencia pero con poder de imperio. Cualquier persona estaba en riesgo, no hacía falta que le comprobaran ningún delito. Y, como ocurre cuando se arman estas bandas, si cometían delitos para sus jefes llegó el momento en que comenzaron a preguntarse ¿por qué no hacer "una changa por la nuestra"? Y así fue que varios de estos grupos de tareas siguieron operando una vez restablecida la democracia en 1983, haciendo lo que sabían: secuestraban empresarios y pedían rescate.

Cuando estos crímenes se cometen desde el Estado se convierten en terrorismo de estado, y cuando tienen como objetivo el exterminio de un colectivo determinado, como fue el caso de la dictadura que persiguió militantes de distintas corrientes de izquierda, en buena parte izquierda peronista, se configura el crimen de genocidio.

El demonio fue uno solo

Un relato con que pretende relativizarse el horror de la dictadura es la llamada "teoría de los dos demonios", falacia que sustenta el actual gobierno nacional, con un eslogan propagandista: "memoria completa".

Los delitos de la dictadura fueron cometidos desde el Estado, respondiendo a un plan sistemático, por eso son imprescriptibles. En marzo de 1976 las organizaciones armadas estaban prácticamente derrotadas, de ningún modo y nunca era la ilegalidad la manera de enfrentar la situación. Cuando el poder político se torna ilegítimo se valida la rebelión y se convierte en tiránico el accionar de las fuerzas represivas del Estado.

En Argentina no hubo enfrentamiento de dos sectores, hubo un Estado terrorista que se dedicó a perseguir militantes, pertenecieran o no a organizaciones armadas. Ese terrorismo de estado fue validado por jueces, políticos, medios de comunicación social y empresarios; pero no por ello deja de ser lo que fue.

Aquellas huellas en el presente

Las aberraciones que cometieron los personeros de la dictadura son inenarrables: robo de bebés, cambio en sus identidades, desaparición de 30.000 personas, tirar al mar personas vivas, torturas, violaciones, robo de la propiedad de los secuestrados. Todo ello al servicio de la implementación de un plan económico muy parecido al que se aplica en el presente. Se pudo juzgar algunos de los responsables directos pero no la complicidad civil (hay un par de excepciones). Dentro de esa complicidad civil hay buena parte de las corporaciones más grandes y poderosas de la Argentina del presente, que nunca rindieron cuentas de sus actos.

Sin embargo, nunca hubo arrepentimiento, nunca hubo autocrítica, nunca hubo confesión, por eso es falaz hablar de "reconciliación", por eso es imposible dar vuelta la página.

Porque mantienen el pacto de silencio. Porque, como vemos, no parece que tuvieran problemas en repetir los métodos. Porque la democracia y la ley para ellos son instrumentos que se acomodan según convengan.

Por eso, los organismos de Derechos Humanos convocan a la Marcha del 24 con la consigna: "QUE DIGAN DÓNDE ESTÁN" los 30.000 desaparecidos.