La corrupción es el principal problema que enfrenta la democracia.

Hace seis años atrás, el ex gobernador provincial, Alfredo Cornejo, expresaba, «creo que los ciudadanos mendocinos y los argentinos imaginan más corrupción de la que hay, pero también que la dirigencia política admite mucho menos de la que hay. Ni todos los que tienen poder político son corruptos, ni son castos y puros».

Que exista corrupción, y sobre todo, la relacionada con la política, depende de muchos factores, y quienes gobiernan deben rendir cuentas por sus actos.

La corrupción no puede, ni debe quedar impune, y el sistema judicial debe ser capaz de identificar y sancionar adecuadamente estos comportamientos.

La corrupción, se puede considerar como un acuerdo inmoral entre un corruptor y un corrupto, que beneficia a ambos en sus propósitos particulares.

En el plano político, la corrupción consiste en el uso y abuso del poder público para el logro de beneficios particulares o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el bien común.

La clase política sufre en menor o mayor dimensión, las consecuencias de la corrupción, sobre todo a partir de la falta de confianza de la gente hacia los partidos, que sólo se explica a partir de una serena percepción desde la sociedad, en cuya base se encuentra presente el certero juicio de que los «corruptos» han usufructuado el poder.

El flagelo de la corrupción política, es un fenómeno presente, y progresivo que inhibe el desarrollo de una sociedad, debilitando su institucionalidad democrática.

La desconfianza de la gente hacia la clase dirigente, desgasta la formación de valores ciudadanos y brinda la oportunidad para que otro tipo de corrupción, especialmente en el ámbito legislativo y judicial, se expandan y consoliden.

En el día de ayer, el legislador por Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, señaló:

«Que la Oficina Anticorrupción deje de ser querellante en las causas de corrupción en un gobierno kirchnerista no debería asombrarnos».

Tampoco debería asombrarnos que la Oficina de Ética Pública, la cual preside el radical, Gabriel Balsells, no investigue a fondo las causas en las cuales están involucrados aquellos políticos, que no son tan castos ni puros.

Un caso emblemático que sacude la gestión del ex gobernador, Alfredo Cornejo, es lo sucedido en Vialidad, cuyas denuncias por corrupción llevaron a Oscar Sandes, hombre del riñón Cornejista, a renunciar.

Será cierto que ¿los ciudadanos mendocinos y los argentinos imaginan más corrupción de la que hay, pero también que la dirigencia política admite mucho menos de la que hay? 

En tiempos, donde se debate la constitucionalidad o no, de la prisión perpetua, las cárceles de Mendoza «continúan limpias» de políticos condenados por corrupción.

La cárcel, por lo general suele ser morada de pobres, y el hilo como siempre, tiende a cortarse por lo más delgado. Un sistema penal, donde los presos en su mayoría son pobres y excluidos, mientras los corruptos están libres, no es un sistema que haga justicia.

Tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre, en el imperio de la inmoralidad, el emperador, siempre busca quedar impune.