Desde Redi (Red de derechos de personas con discapacidad), manifestaron: «La respuesta de las fuerzas de seguridad ante una persona con un brote psicótico no puede ser la violencia». 

 

Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano, continúa recuperándose luego de ser baleado en el estómago por parte de un efectivo de la Policía Bonaerense, en un episodio poco claro y en el cual se encuentra en averiguaciones de la justicia.

El cantante, ex líder de la banda Tan Biónica, debió ser operado de urgencia en el Sanatorio Otamendi (donde continúa internado en terapia intensiva) debido al impacto de bala, cirugía en la que le extirparon el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon.

El estado de salud del artista de 39 años es delicado, sin embargo según el último parte médico se dieron buenas noticias: le retiraron el respirador y se comenzará a disminuir la medicación para ver cómo reacciona.

Este hecho pone sobre el tapete, el proceder ante un caso de brote psicótico y que medidas tomar en tales casos. Para muchos la violencia en el caso del cantante fue desmedida, y de varios espacios de personas con discapacidad han manifestado su descontento con el protocolo tomado.

Redi es un observatorio de derechos de personas con discapacidad, el cual en sus redes expreso su criterio sobre el caso Chano a través de un comunicado:

«Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) vemos con suma preocupación el caso de público conocimiento del músico Chano Charpentier, quien ayer recibió un balazo en el abdomen por parte de un policía, en momentos en que Chano, según informaron diversos medios de comunicación, lo amenazó con un cuchillo. Como organización de derechos humanos, no podemos naturalizar que la respuesta de las fuerzas de seguridad ante una persona con discapacidad psicosocial que tiene una reacción violenta producto de un brote, sea ejercer violencia. En este sentido, nos preguntamos qué tipo de capacitación reciben los/las integrantes de la policía, la gendarmería y la prefectura, así como de las distintas fuerzas provinciales, respecto del trato hacia personas con discapacidad psicosocial y aquellas que tienen problemas de adicciones. Desde REDI hemos tomado conocimiento de que en diciembre de 2020, el Gobierno Nacional elaboró un protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad apliquen en estos casos. Por eso, exigimos que se cumpla este protocolo y se capacite debidamente a todos/as los/las funcionarios/as de todas las fuerzas de seguridad en el trato respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial».-

Protocolo con diverso criterio:
Si bien existe un protocolo del año 2013, hay diversos criterios de como actuar en en estos casos ante una persona con brote.
El eje central de la normativa es que los agentes de Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura deben respetar los derechos y las garantías de las personas con padecimientos de salud mental o consumo problemático de sustancias legales e ilegales con el objetivo, según dice la propia resolución, de “adecuar las intervenciones” a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y la Ley de Salud Mental, que había sido reglamentada meses antes.
Este protocolo del año 2013 no esta firmado por todas las provincias y de ahí que no existe una unificación del mismo.-