Sr. Gobernador y señores legisladores de la Provincia de Mendoza:
Me dirijo a Uds como especialista en la temática tanto a nivel terapéutico, de gestión y docencia.
No soy abogada como muchos de ustedes, pero quiero recordarles que toda ley tiene un espíritu en el que se fundó. En este caso es necesario rescatar varios puntos:
1. La neutralidad del defensor y co-defensor es fundamental, ya que sus funciones incluyen revisar el funcionamiento de organismos estatales y privados, practicamente auditar y si hay irregularidades proceder a que se esclarezcan y rectifiquen.
De no ser neutral y ser «elegidos» por las «autoridades de turno» esta neutralidad corre grave peligro y sería dudoso el accionar de la defensoría. ( auditarse a si mismo es muy desprolijo y deshonesto)
2. El proceso de llamado a concurso es parte de dar validez a esa neutralidad. Incluso este llamado a concurso deberia implementarse en todos los puestos técnicos de gobierno para evitar acomodos de gente sin pericia en los temas en que tienen que actuar. Esto hace a la transparencia de una gestión democrática.
3. Respetar el orden de méritos es suficiente para validar un cargo. Sin necesidad de arreglos políticos.

Todos estos puntos por cualquiera con sentido común serían entendibles y lógicos. La ley que se quiere modificar contempla este espíritu de neutralidad, pericia y transparencia.
¿Por qué pedir esta modificación luego de casi 2 años de realizado un concurso donde la persona que ganó el mismo fue dejada sin asumir por la opinión legislativa dividida?
¿Cuál es el interés de cambiar las reglas del juego después que se empezó a jugar y se cree que algo van a perder?
Esto me hace pensar en que en realidad hay algun interes no dicho, invisibilizado.
Puedo hipotetizar varios pero creo que sería horrible que se espere que una Defensoria tenga lugares para políticos que no defiendan a las personas con discapacidad por sobre toda discrecionalidad.
Quiero pensar una razón válida para su postura y la verdad no se me ocurre mas que razones económicas a favor de instituciones del Estado y «privadas» ya que la defensoria es la única que puede revisar y denunciar también a privados. Y cuando hablo de privados me refiero a la gran cantidad de centros de dia, centros educativos terapeuticos, de rehabilitación, hogares, centros de estimulacion temprana ( todos privados) que tienen convenios con el Estado y obras sociales. Ya que desde que la provincia adhirió a la ley nacional 24901 no se han realizado centros para discapacidad públicos.  Sino es asi. No se entiende.
¿Proteger a estos centros de su mal funcionamiento a quien le causaria problemas? ¿No debería el Estado a traves de una Defensoria autonoma dejar que se controlen? ¿A menos que haya un interés especial pecuniario con los dueños de algunos centros? No sé. Uno puede tejer hipótesis varias cuando hay tanto esfuerzo en cambiar leyes como la que se quiere cambiar. No creo que sea solo para mantener en el puesto a alguien, sería tal vez ingenuo de pensar.
Cierro esta reflexión recordándoles que cualquiera de ustedes o de sus familias algún dia pueden tener una discapacidad ya que en la Argentina casi el 30% de las familias tienen al menos un miembro de su flia con discapacidad y aunque sea pensando en ese futuro piensen en este presente donde es necesaria la transparencia, la eficiencia y la calidad de los servicios para quienes son una ciudadania posible de ser vulnerados sus derechos.
Gracias y espero que reflexionen antes de cometer un gran error.
Lic. Daniela Nadal