Acorde a datos estadísticos, mas del  13% de la población de Argentina tiene algún tipo de discapacidad, y de las que se encuentran en edad laboral, el 75% se encuentra desocupada.

De acuerdo a estudios privados, más del 70% de las empresas radicadas en Argentina no tiene como empleados a personas con discapacidad, y menos del 40% de las firmas cuenta con una política que promueva la inclusión laboral frente a la discapacidad.

Estas cifras son un llamado urgente a analizar cuáles son las causas que generan las evidentes dificultades que tenemos a la hora de incluir de personas con discapacidad en las empresas.

La discapacidad tiene origen en el estado de salud de una persona, aunque también se alimenta de cómo la persona con discapacidad se desenvuelve en sociedad.

Es común que sea la sociedad la que haga notoria o acentúe los efectos de la discapacidad. Por eso, podemos afirmar que la discapacidad constituye un fenómeno social.

El Estado y los miembros de la sociedad son llamados a crear ambientes inclusivos para todos, siendo este un trabajo que le compete a todos como integrantes de la sociedad, ya que las personas con discapacidad son individuos de pleno derecho y como tales deben encontrarse en igualdad de condiciones también en el mercado laboral.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (a la que en adelante nos referiremos como la “Convención”), cuyo texto fue aprobado por las Naciones Unidas hacia fines de 2006 y ratificada luego por nuestro país mediante la Ley N° 26.378, al referirse a las Personas con Discapacidad incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Vemos como la Convención misma recalca que la interacción con las barreras que una sociedad presenta juegan un papel determinante a la hora del desenvolvimiento de la persona con discapacidad.

Por otro lado, la Ley N° 22.431, promulgada en 1981, establece el Sistema de protección integral de las personas con discapacidad y se refiere a la personas con discapacidad como aquella persona que padece de una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

De nuevo, vemos cómo el medio social juega un rol decisivo en las desventajas que la persona puede enfrentar para su integración social.

Siendo la discapacidad un fenómeno social que surge del entorno que rodea a la persona, es función del Estado, de la sociedad entera y de las empresas orientarse al derribo de las barreras y así alcanzar una mayor inclusión laboral.

Las barreras son diversas, pero queremos hacer especial mención a la falta de información sobre la discapacidad y la inclusión laboral que, a su vez, genera grandes prejuicios elaborados sobre bases o fundamentos erróneos.

A su vez, buena parte del desconocimiento que opera como una barrera al que hicimos mención en el punto anterior es aquel referido al marco legal y el objetivo de este trabajo se vincula con que las empresas interioricen su contenido.

En la propia Convención se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás, en un entorno laboral abierto, inclusivo, accesible y garantizando los mismos derechos que cualquier otro empleado detente.

De su texto también surge que los Estados signatarios deben implementar medidas que prohíban la discriminación con respecto a cuestiones relativas al empleo, la continuidad en el empleo y la promoción profesional, adoptar políticas tendientes a promover el empleo de personas con discapacidad y velar para que se realicen los ajustes razonables en los lugares de trabajo para las personas con discapacidad.

En la Argentina, hay más de 4 millones de personas con problemas de audición, y aunque a simple vista parecen no tener discapacidad alguna, las barreras que encuentran a diario las personas sordas son más que las que cualquiera pueda imaginarse.

La incorporación más amplia tanto de intérpretes de Lengua de Señas como así también los subtítulos son una deuda pendiente con la comunidad.

Para hablar de accesibilidad e inclusión se requiere que haya una accesibilidad total y real, por ende debería haber intérpretes en todos los espacios públicos y privados como también personas que conozcan la Lengua de Señas Argentina (LSA).

Los obstáculos para las personas sordas, se presentan en la comunicación principalmente. Las personas sordas asisten a los mismos espacios que los oyentes, bancos, clubes, supermercados, médicos, etcétera, y en la mayoría de los casos se encuentran con barreras comunicacionales, salvo que un intérprete medie en la comunicación.

En estos días, muchas entidades que dicen ser inclusivas dejan al descubierto su impericia y su falta de accesibilidad e integración, en tiempos de pandemia el rol de las instituciones bancarias tiene un rol preponderante en las vidas de los ciudadanos, sin embargo la falta de accesibilidad e intérpretes de Lenguas de Señas en las entidades bancarias es un obstáculo para las Personas Sordas.

Esta situación debe ser tratada con celeridad por los dirigentes gremiales, como por aquellos que presiden las distintas entidades bancarias que operan en el gran Mendoza.

A la escasa sensibilidad, hay que sumar las barreras que tienen las personas sordas, la falta de intérpretes de LENGUA DE SEÑAS, en las entidades bancarias es muy preocupante y más en tiempos de pandemia.

No existen acciones concretas ni desde el gremio bancario ni desde las distintas entidades bancarias que supongan pensar lo contrario, la invisibilidad y la falta de integración de las personas con discapacidad desde la faz laboral, hasta la comunicación en la atención al cliente, es exclusiva responsabilidad de sus dirigentes y directivos.

Hemos visto como la entidad gremial bancaria ha llevado a cabo acciones en defensa de quienes integran el gremio, sin embargo no hemos visto acción alguna del gremio bancario, como tampoco de su representante gremial en la provincia de Mendoza, en vistas de mejorar la atención de las personas con discapacidad, y de las personas sordas, en las entidades bancarias.

La ausencia de intérpretes en las entidades bancarias, como la escasa de inclusión laboral, son temas que deberían estar en la agenda del titular del gremio bancario, SERGIO GIMÉNEZ.

Sin embargo, la falta de accesibilidad, la escasa integración de las personas con discapacidad, y la ausencia de intérpretes en LENGUA DE SEÑAS, es una deuda pendiente de los bancos y de la entidad gremial, no solo con la sociedad mendocina, principalmente con las Personas con Discapacidad, una deuda, que aún hoy, no ha sido saldada.