Por Ariel Robert     

Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad.  Bertold Bretch                       

Cada primero de mayo y desde hace demasiados años, en Mendoza, escuchamos con serena atención al Gobernador de turno.

En el discurso que da apertura a la asamblea ordinaria de la legislatura, al menos durante los últimos siete, un fragmento inevitable de la alocución alude a la Transparencia. El ingreso por Concurso en el Estado. La reducción de los gastos inadecuados.

Se aplaude. Llega la conferencia de prensa. Responden como si todo fuese inaugural de aquí en más, y cualquier desprevenido creerá ciegamente lo que pronuncian, lo único que falta son ajustes mínimos para alcanzar la perfección.

Un funcionario cobra haberes indebidos desde hace dos años. El mandato del cargo que ocupa se venció hace dos años. Estuvo 5 en esa función. No vamos a considerar si es mucho o poco lo que cobró y percibe, sí vamos a señalar que es una de las señales reales que emanan desde el ámbito político partidario y que, sin dudas, daña a las instituciones, a las personas y al erario público, o sea, a Usted que lee esto y a mí, también.

La ley 8345 modificada por la 8510 establece la creación de la figura del Defensor de las Personas con Discapacidad. La primera designación se realizó en 2013, gobierno de Francisco Pérez, siendo autoridad máxima legislativa Carlos Ciurca, el vice

En esa primera oportunidad y tal como se establece, fue elegido para actuar como Defensor de las Personas con Discapacidad el Licenciado Juan Carlos González.

A los 5 años, concluido el mandato del Defensor de las Personas con Discapacidad, la Asamblea que se llevó a cabo tal como indica la Ley, por orden de mérito, posicionó al Contador Germán Ejarque para ocupar dicho lugar, ya que hubo un forzado empate de votos pero las preferencias por evaluación fueron para el Contador, dirigente del sector, y con elocuente apoyo de familiares y de las propias personas con discapacidad.

Nuevamente la pirotecnia y el escándalo degradaron a la POLÍTICA.

A pesar de contar con la anuencia de Laura Montero, vicegobernadora y presidenta del Senado, para que fuera designado quién mejor evaluación obtuvo, y así Juan Carlos González dejara su función (y obviamente dejara de percibir los honorarios que por ella recibe), se prolongó sin alguna causa legal que lo sustente, y hasta hoy ocupa el lugar y cobra los honorarios que debió dejar de percibir  desde hace al menos 24 meses. Vale considerar que dichos honorarios se equiparan a los de los senadores provinciales.

Hubo intensas críticas de afectados. Personas con Discapacidad y sus familiares, que así lo manifestaron, reclamando no sólo desde lo institucional sino desde lo funcional.

Consultado en algunas oportunidades (en una ocasión por PORTADA.COM.AR) señalándole que la ocupación de su cargo respondía lisa y llanamente a una usurpación, el propio Lic. González atribuyó su condición a una indefinición de los legisladores.

Para despejar cualquier suspicacia, desde la dirección de PORTADA.COM.AR aclaramos que el Contador Germán Ejarque es co-fundador y miembro del plantel permanente de este medio, quien además para darle una salida institucional a este hecho, ofreció no postularse nuevamente para tal cargo.

Desde este portal informativo, tampoco queremos inmiscuirnos en cuestiones de una interna partidaria que pone a los legisladores acólitos al ex gobernador hiper custodiado por un lado, y a los que pretenden dar cumplimiento a la ley, por otro.

Para poner las cosas en su lugar. Desde este medio periodístico, no solicitamos canonjías y mucho menos acciones en detrimento de las personas. A propósito, sería nuestra pretensión que Juan Carlos González no sufriera ningún perjuicio y entendemos podría ocupar uno de los muchos lugares que hoy ocupan asesores invisibles. Lo que resulta inadmisible y atentatorio contra la institucionalidad de Mendoza es que no se cumplan con las leyes en la propia legislatura.

Celebramos toda intención de reducir los gastos innecesarios del Estado. Festejamos que se discuta una reforma profunda, pero no podemos darle crédito a esos dichos, mientras hubo y hay aún una flagrante violación a una ley, indiscutida.

Convengamos que no se trata de incapacidad, discapacidad o imposibilidad, se trata del desprecio que muestra la clase dirigente ante el cumplimiento de la ley y la indolencia que muestra el poder político ante las dificultades que atraviesas las personas más vulnerables y vulneradas.