Universidades públicas irán a la justicia por la Ley de Financiamiento Universitario
Además, se resolvió elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el Presupuesto 2026 y se contemplen los recursos previstos por la ley. La Uncuyo acompañará la medida.
Luego que el gobierno de Javier Milei promulgara las leyes de Pediátrica y de Financiamiento Universitario, pero sin otorgarles fondos, el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, resolvió por unanimidad que todas las universidades públicas del país acudirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
"Cuarenta años después del primer plenario del CIN, volvemos a encontrarnos en la UBA para que las universidades adopten una postura política firme en defensa de la ley y del sistema republicano", señaló Oscar Alpa, presidente del Consejo.
El anfitrión del encuentro, Leandro Vergara, remarcó que "un decreto no puede suspender una ley", y advirtió sobre el riesgo institucional de naturalizar su incumplimiento. En la misma línea, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, consideró "grave" que se vulneren normas con "amplia legitimidad social, institucional y política".
La Uncuyo, Universidad Nacional de Cuyo, confirmó que acompañará la presentación judicial junto al resto de las universidades que integran el CIN.
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Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
"40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano", subrayó el presidente de este Consejo, Oscar Alpa, para resumir el acuerdo de la totalidad de las instituciones universitarias nacionales presentes en el plenario.
"Un decreto no puede suspender una ley", completó el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA. "Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política", agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.
El presidente de la nación había vetado la norma aprobada originalmente en agosto y el 2 de octubre la oposición logró ratificarla. Hoy la ley fue promulgada pero suspendida, cuestión que "viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos", afirmó Vergara. "Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley", cerró Bartolacci.
Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
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