Uniformes desgastados, cuerpos rotos por dentro y por fuera

Policías quebrados física, mental , emocional y económicamente en una crisis silenciosa que el Estado ya no puede ocultar

Otra vez una sirena. Otra vez el silencio incómodo dentro de los pasillos judiciales. Otra vez un uniforme atravesado por una tragedia.

El último hecho ocurrido dentro del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, donde un efectivo policial tomó la drástica decisión de quitarse la vida, volvió a poner sobre la mesa una problemática que desde hace años se intenta esconder debajo de la alfombra: la profunda crisis emocional, económica y psicológica que atraviesan las fuerzas de seguridad. Porque detrás de cada uniforme hay personas. Personas agotadas. Personas endeudadas. Personas destruidas emocionalmente.

Trabajadores que conviven diariamente con violencia, accidentes, abusos, narcotráfico, conflictos familiares y muerte, mientras el Estado les exige funcionar como máquinas e inclusive les da la tarea de reprimir a su sus hermanos , abuelos e hijos .

Y tarde o temprano, algo se rompe. El fusible de un sistema cada vez más violento

En los últimos años, especialmente desde el endurecimiento de las políticas de ajuste económico y seguridad impulsadas tanto por el gobierno nacional de Javier Milei como por la gestión provincial de Alfredo Cornejo, el desgaste interno de las fuerzas se volvió cada vez más evidente.

Muchos policías sostienen que terminan siendo utilizados como el fusible social de un sistema cada vez más agresivo:

reprimir protestas, enfrentar el malestar social, contener situaciones extremas, y sostener un clima de conflictividad permanente.

Mientras tanto, las condiciones laborales empeoran.

Y esa presión explota por algún lado. Jornadas eternas y salarios que no alcanzan

En Mendoza, efectivos consultados describen una situación crítica:

móviles destruidos o fuera de servicio, falta de equipamiento, chalecos vencidos, dependencia constante de adicionales, jornadas laborales agotadoras, y escaso acompañamiento psicológico.

Muchos trabajadores policiales aseguran que prácticamente no tienen vida familiar. Salen de un turno y entran directamente a otro adicional para poder sobrevivir económicamente.

Porque los salarios quedaron completamente retrasados frente a una economía asfixiante.

La propia Ley 6722 establece en su artículo 284 una escala salarial vinculada al cargo de Jefe de las Policías, función que el artículo 4 atribuye directamente al gobernador provincial.

Según distintos sectores policiales y personas vinculadas históricamente a la redacción de la ley, toda la pirámide salarial debería calcularse tomando como referencia el sueldo del gobernador de Mendoza.

Eso implicaría que un comisario general debería percibir el 0,95 de esa asignación.

Sin embargo, policías y especialistas sostienen que esa estructura jamás terminó aplicándose de la forma prevista originalmente.

Auxiliares: la base más castigada

Uno de los puntos más cuestionados es la situación del personal auxiliar.

Mientras la escala salarial de oficiales presenta diferencias relativamente importantes entre jerarquías, los auxiliares apenas reciben incrementos de 0,01 entre categorías.

En términos reales, muchos efectivos terminan cobrando salarios magros frente a un costo de vida que no deja de aumentar.

Y eso repercute directamente sobre la salud mental.

Más de 4.000 licencias psiquiátricas . La dimensión de la crisis comenzó a hacerse visible en distintos informes oficiales.

Mendoza, durante 2025 y 2026 trascendió que hubo más de 4.000 licencias relacionadas con salud mental dentro de la Policía provincial.

Según esos datos:

196 efectivos estaban bajo tratamiento psicológico,

64 bajo seguimiento psiquiátrico,

17 requerían ambas asistencias,

y decenas de policías tenían restricciones para portar armas o atender público.

Además, durante 2025 se registraron cinco suicidios dentro de la fuerza mendocina.

Especialistas señalan que muchas veces el problema ni siquiera llega a detectarse a tiempo porque dentro de las fuerzas todavía existe un fuerte estigma alrededor de la salud mental.

Muchos policías tienen miedo de pedir ayuda. Miedo a perder ascensos. Miedo a ser considerados "no aptos". Miedo a quedar marcados.

¿Decisión individual o abandono estructural?

Cada vez que ocurre un suicidio dentro de una fuerza de seguridad aparece rápidamente la misma explicación: que se trata de una "decisión personalísima".

Pero detrás de esa definición muchas veces se esconde una pregunta incómoda que el poder político evita discutir.

¿Qué ocurre cuando un Estado comienza lentamente a retirar contención, derechos, asistencia médica y condiciones dignas de trabajo?

¿Qué sucede cuando un trabajador pasa años sometido a presión extrema, jornadas interminables, salarios destruidos, violencia cotidiana y abandono institucional?

¿Dónde empieza la responsabilidad política?

Porque quizá el debate ya no pase solamente por la tragedia individual, sino también por el contexto que empuja a cientos de personas al límite psicológico.

Cuando el Estado se corre, abandona, ajusta, precariza y deja solos a sus propios trabajadores, aparece otra discusión mucho más profunda:

si ese abandono sistemático puede transformarse, de hecho, en una forma indirecta de inducir a alguien hacia el colapso emocional.

No desde una orden explícita. No desde una frase concreta. Sino desde el desgaste permanente. Desde la indiferencia.

Desde la destrucción progresiva de las condiciones humanas mínimas para sostener una vida equilibrada.

Y aunque jurídicamente la figura de "inducción al suicidio" tiene requisitos específicos dentro del derecho penal, social y moralmente comienza a surgir un interrogante cada vez más fuerte:

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un gobierno cuando quienes dependen de él terminan quebrados mentalmente, aislados, endeudados y abandonados?

Una crisis nacional

La situación excede a Mendoza. Durante 2025 trascendió que más de 2.200 efectivos de Fuerzas Armadas y de Seguridad solicitaron la baja en apenas seis meses en todo el país.

La crisis afecta a:

Ejército Argentino

Gendarmería Nacional Argentina

Prefectura Naval Argentina

Policía Federal Argentina

Policía de Seguridad Aeroportuaria

y otras fuerzas nacionales.

En distintos puntos del país comenzaron a multiplicarse las alertas por suicidios policiales, licencias psiquiátricas y cuadros severos de estrés laboral.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se informó que durante 2024 hubo 37 suicidios de policías bonaerenses.

Y en Entre Ríos debieron habilitar líneas permanentes de contención psicológica para el personal policial luego de una seguidilla de casos.

La salud mental también es seguridad

Mientras desde la política se habla constantemente de endurecer penas, sumar patrulleros o aumentar controles, muy pocas veces se discute el estado emocional de quienes integran las fuerzas.

La sociedad les exige equilibrio absoluto a trabajadores que muchas veces están completamente quebrados por dentro.

Porque no solamente enfrentan delincuencia o violencia callejera.

También enfrentan:

salarios deteriorados, agotamiento extremo, problemas familiares, endeudamiento, presión institucional, y una enorme sensación de abandono estatal.

Y cuando la salud mental deja de ser atendida, las consecuencias aparecen.

A veces en forma de licencias. A veces en adicciones. A veces en ataques de pánico. Y otras veces en la peor decisión posible.

Uniformes desgastados, cuerpos rotos por dentro y por fuera

Durante años se intentó instalar que los problemas de seguridad se solucionaban únicamente con más dureza y más presencia policial.

Pero nadie puede sostener indefinidamente un sistema construido sobre trabajadores destruidos física, emocional y mentalmente.

Como si fuera poco, a la carga cotidiana y la distancia forzada de sus familias se suman conflictos que muchas veces derivan en denuncias falsas intrafamiliares o situaciones de violencia en el ámbito doméstico. En esos casos, el efectivo policial queda inmediatamente expuesto a un proceso administrativo e institucional que suele ser largo y desgastante: se le retira el arma reglamentaria, se lo releva de funciones operativas, se modifican sus tareas y su situación laboral queda condicionada hasta que la investigación determine lo contrario. En ese período, además, suele registrarse una merma en sus ingresos y una fuerte afectación emocional, profundizando un escenario de vulnerabilidad que impacta tanto en lo personal como en lo institucional. Ademas de quedar fuera de posibles ascensos en su carrera en la institución .

Porque detrás de cada uniforme hay una persona

Y cuando el Estado utiliza a sus fuerzas como herramienta permanente de desgaste, represión y contención social, pero al mismo tiempo abandona sus condiciones laborales, salariales y psicológicas, el resultado termina siendo devastador.

Uniformes desgastados. Cuerpos agotados. Psiquis quebradas.

Y una crisis humana que ya no se puede seguir ocultando.