Un paso más en la concentración de poder
El autor, Carlos Almenara, advierte sobre la íntima relación de la jueza nombrada en el máximo tribunal con la política partidaria y destaca que la Doctora Llatser es una defensora de los privilegios impositivos en favor de los magistrados
Un paso más en la concentración de poder
Por
Carlos Almenara
El martes 17, el Senado provincial aprobó la nominación de la Dra. Norma Llatser para ministra de la Suprema Corte de Mendoza, nuestro máximo órgano judicial, por 23 votos positivos frente a 14 de rechazo
La candidatura de Llatser fue propuesta, como establece la Constitución, por el gobernador Alfredo Cornejo. La nueva jueza tuvo un traspié y una definición, al menos polémica, en el transcurso desde que fue propuesta para reemplazar al doctor Pedro Llorente hasta que fue votada en tiempo récord: 23 días exactos, un lapso insólitamente breve, con aprobación de 23 senadores
El traspié consistió en que, al conocerse su nominación, se supo que estaba afiliada a la Unión Cívica Radical. Para una jueza resulta incompatible una afiliación partidaria y ella es jueza desde 2007. La doctora adujo que oportunamente presentó su pedido de desafiliación pero no lo registraron. Es curioso cómo en este caso la creencia en la palabra de la jueza vale más que los registros oficiales. ¿Qué pasaría si este criterio se aplicara cuando nos intiman a pagar impuestos? También resulta inquietante pensar qué pasaría si algún afectado por sus sentencias alegara su nulidad.
Algunos más iguales que otros y otras
La segunda cuestión que generó polémica en relación a Llatser es su activa militancia por el no pago de impuestos por parte de los jueces. La polémica resulta conocida de larga data y ameritó legislación, sin embargo, sigue habiendo jueces que se niegan a pagar los mismos impuestos que el común de los mortales, con la excusa de la "intangibilidad de los haberes". Esta prebenda irritante para el ciudadano informado encuentra en la nueva suprema una defensora.
Sin embargo, no es Llatser el principal problema que se genera a las instituciones de Mendoza sino la suma de poder en manos de una única persona, el gobernador Alfredo Cornejo. Con control total del Poder Ejecutivo, mayoría legislativa y apoyo de parte de la oposición, mayoría en la Suprema Corte que le responde de modo partidista, la Procuración, la Auditoría de Ética Pública y el Tribunal de Cuentas actuando (o no actuando) según sus requerimientos, con cerca de la mitad de los jueces de la provincia nombrados por él, con medios de comunicación social que lo blindan ante críticas, Alfredo Cornejo reúne, en buena medida, algo parecido a lo que los constituyentes llaman "la suma del poder público".
Ante todo, la aparente prolijidad
Quizás la mayor habilidad de Cornejo ha sido eludir la imagen con las que suelen presentársenos los caudillos provinciales que han acumulado un poder semejante y alegar procedimientos normados para esconder la arbitrariedad. Esta concentración de poder es padecida especialmente por varias decenas de dirigentes políticos y sociales a quienes se les fraguaron causas judiciales que terminaron en cárcel, algunas torturas, procesamientos y sanciones administrativas por ser enemigos de Cornejo.
Una hendija de esperanza
El resultado de la votación, 14 senadores que no se allanaron a su voluntad, abre la esperanza de una concientización de la ciudadanía para recuperar el funcionamiento republicano de nuestras instituciones.