Solicitan una comisión investigadora por las coimas que involucrarían a Karina Milei y su entorno
Diputados presentaron un proyecto para que se investigue el caso de las posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucrarían a Karina Milei, a "Lule" Menem y demás funcionarios de alta jerarquía del gobierno de Javier Milei.
El diputado socialista Esteban Paulón presentó este lunes un proyecto de ley para que se conforme una comisión investigadora que trate una posible red de corrupción en la ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad, que involucrarían a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su entorno.
La iniciativa, redactada por Paulón, cuenta también con las firmas de los diputados de Unión por la Patria (UP) Sabrina Selva; de Encuentro Federal Mónica Fein y Margarita Stolbizer, y de la Coalición Cívica Mónica Frade.
La causa a investigar surge después de que fueran públicos los audios del director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien sugiere presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios de Milei, como Karina Milei y Lule Menem.
Qué misión tendría la comisión investigadora
El proyecto de ley presentado este lunes, dice:
"Créase en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la Comisión Investigadora en base a las supuestas expresiones ya públicas, realizadas recientemente por el entonces Director de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), Diego Spagnuolo, y que le valieron la remoción del cargo, y donde pone en evidencia un entramado de corrupción vinculado a laboratorios que involucraría a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, al subsecretario de Gestión Institucional de dicha Secretaría, Eduardo 'Lule' Menem, y demás funcionarios/as de alta jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional".
La Comisión Investigadora planteada en la iniciativa tendrá el objetivo de:
"investigar y esclarecer una serie de hechos, negociaciones, gestiones, operatorias irregulares y maniobras delictivas en el ámbito de los organismos públicos y las contrataciones de la Administración Pública, tendientes a beneficiar intereses privados y particulares, en detrimento de los intereses del Estado, así como el accionar de determinados/as funcionarios/as y las agencias de prevención y control frente a dichas irregularidades".
"determinar el grado de participación y la responsabilidad política de los/as funcionarios/as públicos/as involucrados/as en este presunto entramado de corrupción".
Respecto a las atribuciones de la comisión, podrá:
"remitir oficios y solicitar informes, documentos y antecedentes que sean relevantes al objetivo de la investigación a entes públicos o privados, incluyendo sin limitación a cualquier órgano, funcionario o empleado de cualesquiera de los distintos poderes de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, o entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquico; debiendo los funcionarios públicos proporcionar la información dentro del término que les fije la comisión, bajo apercibimiento de lo establecido en el capítulo XI de la Ley 25.188", además de "convocar a funcionarios/as públicos/as y terceras personas interesadas, como también tomar declaraciones testimoniales, que deben ser prestadas con por lo menos la presencia de tres miembros de la comisión".
Otro punto es que obliga a la cámara a "proveer la estructura, la apoyatura técnica y el personal necesario para el desarrollo de las funciones de la Comisión Investigadora".
En cuanto a los plazos, el proyecto dice que se contará con tres meses desde la constitución de la comisión para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones, y que luego en 15 días se debe elevar un informe a la Cámara de Diputados con el detalle de los hechos investigados y los resultados obtenidos.