Sergio Benarroya y el caso Agostina: cuando la violencia deja de ser invisible

Sergio Benaroya: "No alcanza con preguntarse qué le pasó al agresor, también debemos preguntarnos qué nos pasa como sociedad"

Benaroya sostiene que estos hechos no pueden explicarse únicamente desde la conducta individual de un agresor, sino que deben ser comprendidos dentro de contextos más amplios de desigualdad, violencia estructural, fragilidad institucional y deterioro de los vínculos comunitarios. También reflexiona sobre el impacto de las tecnologías digitales, el papel preventivo de las escuelas y organizaciones barriales, y las herramientas que tienen las familias para fortalecer entornos protectores.

Cuando el horror obliga a mirar más allá del expediente

Hay crímenes que conmueven por su brutalidad. Y hay otros que, además de conmover, obligan a preguntarse qué está fallando debajo de la superficie. El caso de Agostina Vega la niña de 14 años de edad , cordobesa cuya muerte generó una profunda conmoción social, pertenece a esta segunda categoría.

Mientras la investigación judicial busca reconstruir responsabilidades penales y establecer con precisión qué ocurrió, persisten interrogantes más profundos que exceden largamente las fronteras de un expediente. ¿Qué señales no fueron vistas? ¿Qué herramientas llegaron tarde? ¿Qué rol desempeñaron las instituciones encargadas de proteger a una adolescente en situación de vulnerabilidad? ¿Qué responsabilidades colectivas existen cuando una joven queda expuesta a semejante nivel de riesgo?

La conmoción pública suele concentrarse en el desenlace. Sin embargo, los especialistas advierten que las tragedias rara vez nacen de un único hecho. Detrás suelen existir trayectorias atravesadas por desigualdades, violencias acumuladas, ausencias institucionales y fallas en los mecanismos de protección. Para analizar estas cuestiones, dialogamos con Sergio Benaroya 

¿Quién es Sergio Benaroya?

Sergio Gustavo Benaroya es abogado del Niño, especialista en Género y diplomado en Criminología. Desde hace años desarrolla una intensa labor académica, profesional y de divulgación vinculada a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, las violencias contemporáneas y el impacto de las nuevas tecnologías sobre las infancias.

Es autor de diversas publicaciones especializadas y recientemente presentó los libros "Deepfakes, Infancias y Abuso Digital: Herramientas jurídicas y clínicas en la era de la inteligencia artificial" e "Infancias en Urgencia Digital: Clínica del Sufrimiento Psíquico en el Mundo Algorítmico", trabajos que abordan los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones en un contexto atravesado por las plataformas digitales, la inteligencia artificial y las nuevas formas de violencia en línea.

Benaroya participa regularmente como expositor en congresos nacionales e internacionales sobre niñez, adolescencia, familia, género y criminología. En julio será uno de los disertantes del XVII Congreso Latinoamericano y del Caribe sobre Niñez, Adolescencia y Familia, que se realizará en San José de Costa Rica. Además, integró recientemente el VIII Foro Internacional de Derecho de las Familias y Sucesiones desarrollado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Su trabajo profesional combina la perspectiva jurídica, criminológica y social para analizar fenómenos complejos que afectan a niños, niñas y adolescentes, poniendo especial énfasis en la prevención de las violencias, la protección de derechos y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías.

A continuación, la entrevista completa.

¿Qué diagnóstico general hacés del caso de Agostina y de las circunstancias que trascendieron públicamente?

Se trata de un hecho de una extrema crueldad que conmueve a todo el país y que se encuentra todavía en etapa de investigación, por lo que es fundamental mantener prudencia y respeto hacia la familia y la comunidad. Lo que se puede afirmar es que no se trata de un hecho aislado, sino de una adolescente que llega a una situación de altísimo riesgo, en un entramado de vulnerabilidades previas donde fallan tanto los vínculos protectores como las instituciones que deberían resguardar su integridad.

¿Se trata de un hecho aislado o de una manifestación de problemáticas más profundas?

Estadísticamente es un hecho excepcional un femicidio de estas características, pero se concentra simbólicamente problemas que todos los días vemos en formatos menos extremos. Expresa la continuidad de la violencia de género, el adultocentrismo, la desigualdad territorial y la falta de protección de las niñas y adolescentes en contextos donde el Estado llega tarde o solo con respuestas punitivas.

Por eso no alcanza con preguntarse "qué le pasó al agresor", sino también "qué nos pasa como sociedad" cuando una adolescente puede quedar tan sola frente a un adulto con poder sobre su vida.

¿Qué factores sociales, familiares, culturales y económicos suelen estar presentes en situaciones de violencia extrema?

La criminología habla de procesos multicausales. No hay una causa única, sino una acumulación de factores de riesgo en distintos niveles. A nivel familiar suelen aparecer historias de violencia intrafamiliar, maltrato en la infancia, vínculos muy conflictivos, ausencia o fragilidad de figuras adultas disponibles, y a veces presencia de comportamientos antisociales o consumos problemáticos en los propios adultos. En lo social y económico marcan la pobreza persistente, el hacinamiento, la precariedad laboral, barrios atravesados por economías ilegales y ausencia de espacios seguros para la vida cotidiana. Culturalmente se entrecruzan modelos de masculinidad ligados al dominio y a la fuerza, discursos que naturalizan la violencia y una fuerte desconfianza hacia el Estado que hace que muchos episodios de riesgo no lleguen nunca a denunciarse.

¿Qué vínculo observás entre estas violencias y el consumo problemático de sustancias?

Creo que es clave desmontar esa idea tan automática de que violencia extrema = drogas. El consumo problemático de sustancias suele ser más un síntoma que una causa única: expresa sufrimientos previos, traumas no elaborados, contextos de desigualdad y falta de perspectivas. En algunos casos, ese consumo se suma a otros factores de riesgo como violencia familiar, abandono escolar, pertenencia a grupos violentos y acceso a armas. Y puede incrementar la impulsividad o la exposición a situaciones peligrosas. Pero la inmensa mayoría de los que consumen no cometen hechos violentos, y la inmensa mayoría de los hechos violentos no se explican solo por el consumo. Al reducir todo a "las drogas", dejamos de ver las responsabilidades más profundas del entorno social, de los vínculos y del Estado.

¿Cómo influye la exposición permanente a contenidos violentos en redes, videojuegos y plataformas?

Desde la criminología, la psicología y el derecho, hoy existe bastante consenso sobre tres ideas: no existe una relación lineal "pantallas = delincuencia", sí existen efectos sobre la agresividad y la empatía en ciertos contextos, y el derecho comienza a abordar la violencia digital como un problema propio y específico. Los estudios criminológicos serios no confirman que la simple exposición a videojuegos o contenidos violentos "produzca" delitos, pero sí describen efectos de correlación: cuanto más prolongada y descontextualizada sea esa exposición, mayor será la probabilidad de conductas agresivas en ciertos perfiles de jóvenes, sobre todo si se combinan con otros factores de riesgo (entornos violentos, poca supervisión adulta, dificultades de autocontrol). La violencia digital es más un factor que puede predisponer o afianzar patrones de agresión, que una causa directa de la delincuencia.

Lo que preocupa, criminológicamente, no es tanto un videojuego aislado o un video puntual, sino el "clima de socialización": normalización de la violencia, desensibilización ante el sufrimiento ajeno y aprendizaje de guiones de resolución de conflictos basados en la humillación o eliminación del otro. En los adolescentes ya vulnerabilizados, ese entorno digital puede actuar como un amplificador de la hostilidad, no como su origen. La psicología clínica y del desarrollo han demostrado que el uso problemático de las tecnologías digitales está asociado con una mayor impulsividad, dificultades para la regulación emocional, ansiedad, síntomas depresivos y, en algunos casos, con un incremento de conductas agresivas, especialmente cuando se consumen contenidos violentos de forma intensiva. No es una causalidad automática, pero sí un factor de riesgo psicológico que interacciona con la historia personal, la dinámica familiar y la presencia o no de adultos que orienten y pongan límites.

Ver videos y redes de forma frecuente con contenidos violentos puede producir desensibilización y menor empatía, sobre todo si se combina con aislamiento social y poca vivencia de cuidado en el mundo offline.

El derecho ha ido reconociendo la violencia mediada por tecnologías como una forma específica de violencia, con dinámicas y daños propios. En la Argentina, la Ley conocida como Ley Olimpia (Ley 27.736) incorporó la violencia digital como una forma de violencia de género dentro de la Ley 26.485, definiéndola como cualquier comportamiento contra las mujeres basado en el género, llevado a cabo o agravado mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el objetivo de infligir daños físicos, psicológicos, sexuales, económicos o morales a ellas o a su núcleo familiar.

Bajo este paraguas encontramos el acoso en línea, la difusión no consentida de imágenes íntimas, los discursos de odio, el hostigamiento reiterado y otras agresiones digitales que impactan directamente la salud mental, la reputación, la participación pública y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Esto quiere decir que el derecho no sanciona el hecho de "ver contenidos violentos", pero sí reconoce que hay ciertos usos violentos del entorno digital que producen daños reales y exigibles de protección, por lo que obliga al Estado y a las plataformas a prevenir, asistir y eliminar esos contenidos.

¿Existen señales de alerta que adultos puedan detectar antes de hechos tan graves?

Sí, hay señales que, cuando se van acumulando ameritan mucha atención, sin alarmismos. Otros son cambios bruscos de comportamiento: aislamiento repentino, abandono de actividades que antes disfrutaban, cambios fuertes en el sueño y el apetito, irritabilidad muy marcada. Otras son el incremento de conductas de riesgo: consumo de alcohol u otras sustancias, salidas sin avisar, relaciones con grupos donde la violencia es habitual, acceso a armas u objetos peligrosos. Son de cuidado también las frases que hablan de desvalorización extrema de sí o de otros ("mi vida no vale nada", "a ese habría que matarlo"), y, especialmente, las relaciones con adultos que cruzan límites: secretos, regalos, contacto constante por redes, insistencia en verlos a solas. Una señal aislada no define un desenlace trágico, pero el patrón de cambios y la sensación de que el adolescente está cada vez más solo sí piden intervención y consulta temprana.

¿Cómo evaluás el abordaje que suelen realizar la Justicia y el Ministerio Público Fiscal?

El sistema penal suele responder mejor en la etapa de investigación que en la de prevención. En muchos casos, incluido el de esta causa, hay detenciones, peritajes, reconstrucción de los hechos y armado de una acusación relativamente rápida. Eso demuestra que ciertos instrumentos funcionan una vez que el daño ya está hecho. Las mayores falencias se dan en las primeras horas de riesgo y en el trabajo previo de protección. En el caso de Agostina, por ejemplo, se cuestiona la tardanza en activar mecanismos como la alerta de búsqueda urgente, que están diseñados justamente para las horas críticas posteriores a la desaparición. Desde la criminología, no alcanza con "investigar bien después": el estándar debería ser actuar con la mayor urgencia y coordinación desde el primer momento en que se tenga conocimiento de que una adolescente está en peligro. La criminología y la Ley 26.061 imponen al Estado la obligación de garantizar prevención, intervención temprana y respuesta rápida ante cualquier amenaza grave a la vida o integridad de niñas, niños y adolescentes. Según lo que publican los medios, hubo por lo menos tres puntos críticos:

Primero, demora en la activación de la alerta Sofía. La familia denuncia la desaparición el domingo 24, a pocas horas de que Agostina salga de su casa y no vuelva. El protocolo de la Alerta Sofía, se activa recién el miércoles 27, o sea más de 72 horas después de la última vez que se la vio. Desde la óptica criminológica, por lo menos se dio un uso tardío de una herramienta clave: el protocolo existía, pero no se aplicó en el tiempo óptimo. 

Segundo, criterio de "máximo riesgo" aplicado de manera parcial. Las guías internacionales y de búsqueda de personas insisten en que ante la desaparición de una persona menor se debe presumir riesgo alto desde el inicio, sin esperar 24 o 48 horas ni suponer que "se fue por voluntad propia". En este caso, tanto la familia como organizaciones especializadas critican que no se haya actuado desde el primer momento con esa lógica de máxima urgencia. Se evaluó el caso como menos grave de lo que era, estamos ante una falla de valoración de riesgo que, jurídicamente, puede traducirse en responsabilidad por omisión.

Tercero, coordinación y plazos procesales. La Justicia y las fuerzas de seguridad, a partir de la denuncia, hicieron allanamientos, analizaron cámaras, detuvieron al sospechoso, lo que demuestra que hubo acciones concretas. Sin embargo, la propia familia ha señalado demoras en la toma de declaraciones y la recolección de pruebas en las primeras horas, y reclamó respuestas más ágiles de la Justicia. En criminología el problema no es sólo "qué se hizo", sino "cuándo": las mismas medidas adoptadas a las 24 o 48 horas antes tienen mucho mayor potencial preventivo que cuando se toman tarde.

En resumen, el Estado no es autor del delito, pero sí es responsable de la forma en que funciona el sistema de alarma y de cuidado cuando desaparece una adolescente. En este caso, los propios registros periodísticos y las críticas de organizaciones especializadas permiten inferir que hubo protocolos que se cumplieron, pero tardíamente, y otros que se cumplieron parcialmente o con una valoración de riesgo inferior a la que exigía la situación.

¿El sistema de protección de niñez y adolescencia tiene hoy herramientas suficientes para prevenir?

Desde el punto de vista normativo, Argentina cuenta con una importante arquitectura legal: leyes de protección integral, protocolos de intervención, dispositivos específicos.

No es tanto que falten normas, el problema es la brecha entre lo que está escrito y lo que llega a los barrios. En la práctica los servicios de infancia y salud mental suelen estar subfinanciados, con equipos sobrecargados, alta rotación de profesionales y poca presencia territorial sostenida. Eso hace que muchas intervenciones sean tardías, poco continuas, y poco articuladas entre sí. Frente a situaciones de alto riesgo se necesitarían equipos capaces de hacer seguimiento intensivo, visitar hogares, sostener a las familias y coordinar con escuela, salud y justicia; hoy eso existe en algunos lugares de manera muy desigual, pero lejos de ser una garantía para todos los chicos y chicas.

¿Qué impacto tiene el desfinanciamiento estatal en estas problemáticas?

El recorte a programas sociales, de niñez, salud mental y prevención no es una cuestión abstracta de presupuesto, se traduce directamente en más vulnerabilidad para niños, niñas y adolescentes. Con el cierre de talleres, el achicamiento de equipos territoriales, la reducción de dispositivos de atención y acompañamiento, lo que desaparece son espacios concretos de escucha, de contención y de construcción de proyectos de vida. En esos vacíos se robustecen otras lógicas: economías ilegales, violencias de género, reclutamiento de adolescentes para actividades delictivas, mensajes permanentes de que "la vida vale poco". Un Estado que se retira de lo social y sólo aparece para castigar, llega siempre tarde: interviene cuando ya hubo un daño enorme, pero abandonó sin sostén a las familias y a las comunidades en la etapa en que aún se podía prevenir.

¿Cómo definirías la violencia estructural y cómo se expresa hoy en la vida adolescente?

La violencia estructural es aquella que no se manifiesta como un golpe o una agresión directa, sino que está inscripta en las propias estructuras de la sociedad: la desigualdad, la exclusión, la falta de acceso a derechos básicos. Es el daño que le hace a una persona no que alguien la ataque en ese momento, sino que nació en un contexto donde sistemáticamente le niegan oportunidades de educación, salud, trabajo, vivienda segura. La vida cotidiana de muchos adolescentes se expresa en escuelas deterioradas, barrios sin servicios, transporte inseguro, falta de trabajo para sus familias, trato discriminatorio por su origen o su aspecto, presencia constante de violencia en el entorno. Un chico que crece con la idea, explícita o implícita, de que su vida tiene menor valor que la de otros, está más expuesto y a veces más dispuesto a experimentar la violencia directa fruto de esa violencia estructural.

¿Qué consecuencias emocionales atraviesan las familias, compañeros, docentes y la comunidad tras un hecho así?

A las familias de las víctimas les suele tocar pasar por lo que llamamos duelo traumático: hay shock, incredulidad, intensos sentimientos de culpa ("yo podría haber hecho algo distinto"), rabia profunda y, muchas veces, desconfianza duradera hacia las instituciones y hacia los demás. Es un dolor que no tiene el "curso típico" del duelo, pues se mezcla con la violencia, la exposición mediática y, a veces, los largos procesos judiciales.

Los compañeros, docentes y vecinos pueden sentir miedo, ansiedad, tristeza, dificultades para dormir, problemas de concentración y una sensación de pérdida de seguridad básica. La comunidad oscila entre la solidaridad, con marchas, pedidos de justicia, y la polarización, con discursos de odio o estigmatización del barrio. Sin la ayuda de un acompañamiento psicosocial, ese trauma puede cristalizarse en demandas de venganza, en retraimiento emocional o en una especie de anestesia para no sufrir.

¿Cómo se acompaña adecuadamente un duelo de estas características?

En estos casos no alcanza con "dejar pasar el tiempo". Se requiere un acompañamiento activo y respetuoso. Lo primero es reconocer el dolor y evitar presionar para que la familia "supere" rápido lo sucedido. Ofrecer lugares de escucha profesional y comunitaria -terapia individual, grupos de apoyo, dispositivos barriales- ayuda a poner en palabras lo vivido y a tramitar emociones muy intensas. Asimismo, hay que cuidar la exposición mediática: evitar la repetición morbosa de detalles, proteger a la familia de la presión de estar siempre declarando, impedir la circulación de la imagen de la víctima en contextos de revictimización. Los rituales significativos -actos en la escuela, espacios de memoria, gestos simbólicos- pueden ayudar a elaborar el duelo sin romantizar la muerte ni reducir a la persona a la forma en que murió. Con los adolescentes es bueno habilitar también lenguajes no verbales: arte, deporte, escritura, espacios grupales de confianza.

¿Qué rol cumplen escuela, clubes y organizaciones barriales en la prevención?

Son actores clave porque están en los lugares donde están los chicos. Escuela, clubes, centros culturales, organizaciones barriales pueden percibir antes que nadie señales de riesgo: cambios en la conducta, reiteradas ausencias, relatos de violencia, vínculos con adultos que preocupan. Pero para que esa detección sirva, tienen que estar articulados con el sistema de salud, con el de niñez y con el municipio, para que no queden solos con el problema.

Estas instituciones no sólo detectan y derivan, sino que también tienen una función preventiva por el solo hecho de ofrecer espacios de pertenencia, de reconocimiento y de construcción de proyectos de vida. Un club de barrio que apoya a un equipo, una escuela que permite la palabra, una organización que ofrece talleres y grupos puede marcar la diferencia entre un adolescente que se siente totalmente desamparado y otro que encuentra adultos confiables y un lugar donde su vida importa.

¿Qué mensaje transmitirías a padres y madres preocupados por los cambios en sus hijos adolescentes?

Les diría que el miedo que sienten es comprensible pero que no podemos educar con pánico. La prevención más efectiva no es el control absoluto, sino crear un vínculo de confianza en el que tus hijos sientan que pueden contarte lo que les pasa, incluso cuando saben que quizá no les va a gustar lo que vayan a escuchar. La adolescencia trae distancia, cuestionamientos, conductas que descolocan, pero no significa que los adultos sobren. Estar presentes es preguntar genuinamente cómo están, escuchar sin burla ni descalificaciones, poner límites claros desde el cuidado y animarse a pedir ayuda cuando algo los inquieta. No se trata de tener respuestas perfectas sino de no dejar a los chicos solos con problemas que los desbordan.

¿Qué recomendaciones concretas darías a las familias para fortalecer vínculos y generar entornos más protectores?

Yo mencionaría al menos tres líneas de acción:

Primero. Tiempo y charla cotidiana. Apartar cada día un ratito, aunque sea sin pantallas, para hablar de cómo están y qué sienten. Hacer más preguntas del tipo "¿cómo te has sentido hoy?" en vez de "¿qué has hecho?", reconociendo las emociones aunque no se compartan todas las decisiones del hijo o de la hija.

Segundo, límites claros y coherentes. Poner normas de horarios, salidas, consumo de alcohol, uso de redes y aparatos, siempre explicando el motivo de esas normas. La norma que se cumple, se discute y se revisa cuando sea necesario brinda más seguridad que una extensa lista de prohibiciones que nadie respeta: la coherencia y el respeto protegen más que la dureza.

Tercero, ir a la par del mundo digital y pedir ayuda a tiempo Interesarse por qué consumen en las redes, qué cuentas siguen, qué cosas les angustian o enojan en internet y no quedarse solo en el "tiempo de pantalla". Ante señales de alarma como frases de autodesprecio, cambios bruscos, vínculos dudosos con adultos, exposición a violencia , no quedarse solos: pedir orientación a la escuela, a centros de salud, a servicios de niñez o líneas de ayuda. Es mejor consultar "de más" que llegar tarde.

Para mayor fundamento a tu reportaje puedes consignar que las respuestas las brindas  como abogado del Niño, especializado en Género, Diplomado en Criminología. Recientemente ha publicado "Deepfakes, Infancias y Abuso Digital: Herramientas jurídicas y clínicas en la era de la inteligencia artificial" e "Infancias en Urgencia Digital : Clínica del Sufrimiento Psíquico en el Mundo Algorítmico", que se pueden adquirir en amazon.com En julio disertará en San José de Costa Rica sobre este tema en el XVII Congreso Latinoamericano y del Caribe sobre Niñez, Adolescencia y Familia que se celebrará los días 30 y 31.

(https://sergiogustavobenaroya.online)