Presentaron recurso de inconstitucionalidad contra la Resolución que autorizó pozos en forma irregular en la cuenca del rio Mendoza

El abogado ambientalista y regante de la cuenca del rio Mendoza, Marcelo Romano, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Resolución 125/2025 del Departamento General de Irrigación, que habilitó nuevas perforaciones de agua subterránea en la Subcuenca El Carrizal.

El abogado ambientalista Marcelo Romano presento un recurso deinconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendozacontra la Resolución 125/2025 que autorizó pozos en forma irregular enla cuenca del rio Mendoza.

Romano sostuvo que la medida es ilegal, injusta e insostenible, porqueprioriza intereses particulares por encima de la protección del agua,comprometiendo el presente y el futuro de Mendoza.

Argumentos principales del recurso

Violación al derecho al agua y al ambiente: la Resolución 125/2025 vulnera elderecho constitucional a un ambiente sano (art. 41 CN) y el uso sustentabledel agua, que es un bien común de toda la comunidad.

Crisis hídrica ignorada:

el propio DGI reconoció desde hace mas de 25 años lasobreexplotación del acuífero. Informes técnicos del INA, la UNCuyo y Mekorotadvierten riesgos críticos que fueron desoídos.

Arbitrariedad y discrecionalidad:

Seis meses antes el DGI había prohibidoextracciones (Res. 1108/2024), y con los mismos estudios ahora autorizópozos. La publicación tardía y el compromiso previo en una causa judicialagravan la irregularidad.

Sin estudios ambientales ni participación ciudadana: se omitió la Evaluaciónde Impacto Ambiental exigida por la Ley 5961, negando ademas la informaciónpública y la audiencia ciudadana obligatoria.

Riesgo para mas de un millón de mendocinos: la autorización compromete elagua de la Cuenca del Rio Mendoza, afectando la producción, el trabajo y lavida de toda la región.

Declaraciones

"Autorizar pozos hoy significa hipotecar el agua del mañana. Esta resoluciónviola la Constitución, desconoce la ley y pone en riesgo la vida y la producciónde Mendoza. No es un hecho aislado, es parte de un patrón de desvíosinstitucionales que deben ser frenados por la Justicia".

Y hay un hecho que muestra la incoherencia: en Mendoza, la Ley 5961 obligaa que un supermercado de apenas 0,25 hectáreas presente un estudio deimpacto ambiental. Sin embargo, la Resolución 125/2025 autoriza proyectosque afectan mas de 590 hectáreas de riego agrícola, sin exigir ese mismocontrol. afirmo Romano.

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