Recortes en el programa Incluir Salud para personas con discapacidad

El gobierno nacional de Javier Milei interrumpió el pago a prestadores del programa Incluir Salud, cuyos beneficiaros son personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas.

Es decir, población que no tienen ningún tipo de cobertura médica y necesita del Estado para poder llevar adelante sus tratamientos.

Si bien los pagos se hacían en general con retrasos, había un flujo continuo.

Pero desde que asumió la administración de la Libertad Avanza, las provincias advierten que Nación interrumpió los desembolsos para las prestaciones que contrata en forma directa pero que administran las jurisdicciones.

Son casi medio millón de personas afectadas en todo el país, de las cuales 270 mil están en la Provincia de Buenos Aires.

Además, hay 11.190 solicitudes de inscripción al Programa que están frenadas y sin respuesta ante los reclamos.

Los servicios que están en riesgo son numerosos y esenciales: medicamentos de bajo y alto costo; traslados; diálisis; oxigeno; acompañantes terapéuticos; cuidadores domiciliarios; enfermería domiciliaria; pañales y tratamientos para la hemofilia.

El plan Federal Incluir Salud es un programa del Estado Nacional que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. Está diseñado para la asistencia financiera a las provincias que se adhieran, las cuales administran los fondos mediante las Unidades de Gestión Provincial (UGP).

De esta manera, cada jurisdicción brinda servicios de salud a las personas afiliadas a través de la red pública de prestadores y garantiza que todas las personas titulares de la Pensión no Contributiva (PNC) con discapacidad puedan acceder a una atención de calidad, independientemente del lugar donde vivan.

Actualmente se encuentran adheridas al Incluir la totalidad de las provincias. Se trata de un esquema que fue diseñado para el fortalecimiento económico mediante financiación específica a la red sanitaria de cada provincia, que hasta finales del año pasado venía funcionando con dificultades, pero sin interrupciones.

El mecanismo consta del envío de una cápita mensual por convenio, que le permite al sistema de salud de cada jurisdicción llevar adelante las prestaciones detalladas.

Además, asiste al personal requerido para la atención administrativa y de auditorías. Se reservan para ellos lo que se conoce como las PACBI: patologías de alto costo y baja incidencia. Allí se incluyen los servicios de prótesis; internación domiciliaria; también transporte; centros de día; hogares para pacientes de salud mental y otras discapacidades.

El camino que deben recorrer las familias para recibir la asistencia comienza en cada provincia. Allí deben tramitar las prestaciones que necesiten, pero luego los expedientes son derivados para su alta y cumplimiento al Gobierno Nacional.

Los pagos se hacen a noventa días y, según informaron fuentes de las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, el último desembolso de la cápita fue realizado entre el 7 y el 11 de diciembre a 21 provincias, correspondiente al mes de octubre.

Ante esta situación y la falta de respuestas, las familias no descartan el camino de la judicialización.

Desde las diferentes asociaciones de discapacidad advierten que podrían impulsar amparos para obligar al Estado Nacional a cumplir con los pagos.

Al mismo tiempo, las asociaciones que nuclean a los prestadores esperan reunirse con las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (que recién asumieron esta semana) y aguardan con expectativa lo detalles de la política y el financiamiento que destinará el nuevo gobierno para uno de los sectores más vulnerables de la población.

 En Mendoza, son 36 mil las personas que son beneficiarias del programa. Por este motivo, hay incertidumbre entre las autoridades locales, quienes esperan que se designen las nuevas autoridades nacionales para que puedan autorizar los pedidos que se han hecho en el último mes.