Media sanción a la ley que busca responsabilizar a la familia por casos de bullying
La norma incorpora la figura de "responsabilidad parental" al Código de Contravenciones, previendo multas y trabajo comunitario en casos de acoso escolar severo o reincidente.
El Senado provincial dio media sanción por unanimidad a un proyecto de ley impulsado por el gobierno que buscan responsabilizar a las familias por los casos de bullying en las escuelas.
La iniciativa, que tiene como objetivo fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, será ahora analizada por la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa salió a la luz luego del caso de la estudiante que llevó un arma a una escuela de La Paz.
Durante el debate, se hizo hincapié en que el acoso escolar es una problemática social seria con "consecuencias emocionales, físicas y psicológicas profundas".
Desde el Ejecutivo, se destacó que, si bien las escuelas cumplen un rol fundamental en la contención y detección, la primera responsabilidad recae en las familias, quienes deben orientar y acompañar a sus hijos.
La senadora Mariana Zlobec, presidenta de la Comisión de Educación, subrayó que la iniciativa "requiere una respuesta integral desde la familia, la escuela y el Estado".
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El proyecto contempla una escala de intervención:
Intervención Inicial: En primera instancia, se prevé la intervención escolar y el acompañamiento interdisciplinario.
Intervención Judicial: El Juzgado Contravencional solo intervendrá si los padres o tutores no colaboran o incumplen las medidas dispuestas por la escuela.
Las sanciones están previstas para aquellos padres o tutores que incumplan con la colaboración requerida. Las penas incluyen:
Trabajo Comunitario: De cinco a cincuenta días
Multas Económicas: De 500 a 5.000 unidades fijas, dependiendo de la gravedad del caso
En los casos más graves o si existe reincidencia, el juez tendrá la facultad de duplicar las sanciones. Además, se podrá ordenar la asistencia obligatoria a talleres de parentalidad o terapia familiar.
Los fondos que se recauden por estas multas tendrán un fin educativo y comunitario: serán destinados al Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia al Acoso Escolar (administrado por la Dirección General de Escuelas) y también a bibliotecas populares.
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