Marcha universitaria en medio del ajuste: salarios bajo la línea de pobreza y una disputa abierta por el financiamiento
Tras el veto, la judicialización y el congelamiento de una ley aprobada por el Congreso, la comunidad universitaria se moviliza, este martes 12 de mayo, frente a un escenario de recortes y salarios deteriorados que reabre el debate sobre el rol del Estado en la educación superior.
La nueva marcha universitaria, programada para este martes 12 de mayo, no surge en el vacío. Llega después de casi dos años de conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei, atravesados por recortes presupuestarios, pérdida salarial docente y una fuerte disputa política sobre el rol del Estado en la educación superior. Un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que el sistema universitario atraviesa un deterioro presupuestario y salarial sin precedentes recientes, mientras el Ejecutivo impulsa un proyecto alternativo a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y aún sin aplicación efectiva.
Se viene la Cuarta Marcha Federal Universitaria para que Milei cumpla con la ley de financiamientoLa protesta federal, impulsada por gremios docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias, se produce en un escenario donde el principal reclamo es claro: garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y recomponer salarios que, según el estudio, han perdido más de un tercio de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión libertaria.
Una ley aprobada, vetada y frenada
El conflicto tiene un punto de origen institucional preciso. El 21 de agosto de 2025, el Congreso sancionó la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. El objetivo era recomponer las partidas de funcionamiento universitario y recuperar el salario perdido por docentes y no docentes frente a la inflación.
El presidente Javier Milei vetó la norma semanas después, pero el Congreso insistió en su aprobación el 2 de octubre, dejándola definitivamente sancionada. Sin embargo, el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, argumentando que no existían partidas presupuestarias específicas para financiarla.
Marcha universitaria en medio del ajuste: La masividad de la movilización será observada como un termómetro político.
El argumento abrió un fuerte debate político y jurídico: la propia ley facultaba al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones presupuestarias para garantizar su implementación. La controversia escaló cuando, en diciembre de 2025, la Justicia declaró inaplicable el decreto presidencial y ordenó cumplir la norma. En lugar de implementarla, el Gobierno respondió enviando al Congreso un nuevo proyecto para modificar sustancialmente la ley.
Ese movimiento político es hoy uno de los principales motores del conflicto universitario.
El presupuesto universitario: del ajuste a la consolidación del recorte
El informe de CEPA sostiene que las universidades nacionales enfrentan un ajuste presupuestario acumulado de gran magnitud. Entre 2023 y 2025, el presupuesto real del Programa de Desarrollo de la Educación Superior cayó 32,5%. Si se proyecta el presupuesto vigente para 2026 a valores constantes, la reducción acumulada llega al 41,6% respecto de 2023.
Traducido en términos concretos, implica menos recursos para funcionamiento cotidiano, mantenimiento edilicio, investigación, hospitales universitarios, becas, extensión y equipamiento.
Según el estudio, si se hubiera aplicado plenamente la Ley 27.795, el presupuesto universitario habría alcanzado los $8,49 billones a valores de 2026, recuperando prácticamente los niveles previos al ajuste y ubicándose 1,9% por encima de 2023.
El proyecto alternativo del Gobierno plantea otro escenario: elevar parcialmente el gasto, pero manteniendo el ajuste estructural. La propuesta oficial incrementaría el presupuesto vigente un 13,1%, llevándolo a $5,51 billones, cifra que igualmente dejaría una caída real del 33,9% frente a 2023 y un presupuesto 35,1% inferior al que habría correspondido bajo la ley sancionada.
La diferencia no es técnica ni contable: detrás de esos números está la discusión sobre qué tipo de universidad pública podrá sostenerse en los próximos años.
Salarios universitarios: una caída de más de un tercio
Si el presupuesto explica el conflicto institucional, el deterioro salarial ayuda a entender el nivel de conflictividad gremial.
El CEPA calcula que desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026 el salario real de docentes y no docentes perdió 34,2% de poder adquisitivo. El mayor golpe ocurrió durante los primeros meses del Gobierno libertario: entre diciembre de 2023 y julio de 2024, mientras la inflación acumuló 134,6%, los salarios crecieron solo 80,4%.
Lejos de recuperarse, el deterioro continuó durante 2025 y los primeros meses de 2026, consolidando una caída histórica en términos reales.
La situación salarial adquiere otra dimensión cuando se la compara con el costo de vida. Es uno de los datos más sensibles del informe: trabajadores universitarios con formación de grado y posgrado, dedicados a docencia, investigación y extensión, perciben ingresos que no alcanzan para cubrir consumos básicos.
La disputa salarial: 44% versus 12,3%
La ley ratificada por el Congreso proponía una recomposición salarial equivalente a la pérdida acumulada entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, lo que implicaba un incremento cercano al 44%.
De haberse aplicado, el salario universitario habría quedado apenas 1,3% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, recuperando gran parte del deterioro.
El Gobierno, en cambio, propuso una salida distinta: aumentos trimestrales no acumulativos de 4,1% en marzo, junio y septiembre de 2026, totalizando un 12,3%.
El problema, señala el CEPA, es que la inflación proyectada para septiembre rondaría el 23,6%, lo que absorbería completamente esa mejora e incluso profundizaría la pérdida salarial.
En otras palabras: lejos de recomponer ingresos, el esquema oficial implicaría una nueva caída del salario real.
El ejemplo del Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) semi exclusivo resulta ilustrativo. Medido en valores constantes, un docente de esa categoría pasó de percibir el equivalente a $1,18 millones en 2015 a poco más de $584 mil en abril de 2026. La caída real supera el 50%.
Una disputa presupuestaria, pero también ideológica
La marcha universitaria no será solo una protesta gremial o presupuestaria. También expresa una discusión más profunda sobre el lugar de la universidad pública dentro del modelo político y económico del Gobierno nacional.
Desde el oficialismo se insiste en la necesidad de reducir el gasto estatal y mejorar la eficiencia del sistema, mientras se cuestiona el funcionamiento de las universidades y se promueve auditorías y cambios estructurales.
Del otro lado, rectores, docentes, investigadores y estudiantes denuncian un proceso de desfinanciamiento que, sostienen, pone en riesgo el acceso a la educación superior, la investigación científica y el sostenimiento del sistema universitario tal como se consolidó en las últimas décadas.
El informe de CEPA sostiene que las universidades nacionales enfrentan un ajuste presupuestario acumulado de gran magnitud.
La masividad de la movilización será observada como un termómetro político. Pero, detrás de las consignas, el conflicto ya dejó algo claro: la universidad pública se convirtió en uno de los principales frentes de tensión entre el Gobierno nacional y amplios sectores del sistema educativo.
El dato de fondo no es únicamente presupuestario. La disputa universitaria condensa dos visiones de país. De un lado, una administración que entiende el equilibrio fiscal como principio ordenador incluso sobre áreas estratégicas del Estado; del otro, sectores que sostienen que la educación superior pública no puede medirse exclusivamente con criterios de costo-beneficio. La marcha, más allá de su magnitud, buscará instalar precisamente esa pregunta: cuánto está dispuesto un país a invertir -o resignar- en conocimiento, formación profesional y movilidad social.