Del menemismo a Milei: el fantasma de una justicia alineada al poder

Esta designación puede presuponer un conflicto de intereses, ya que tres integrantes de la misma familia ocupan cargos dentro del sistema judicial en lugares sensibles. Esto hace que la línea que separa la independencia de los poderes del Estado y las redes de influencia se vuelva difusa. Aun cuando cada cargo haya sido obtenido por mecanismos legales, la concentración familiar dentro del sistema judicial plantea interrogantes sobre la percepción de imparcialidad y la confianza pública en la autonomía de la Justicia.

Pero las dudas no solo aparecen por los vínculos de sangre; también surgen por las relaciones políticas de Juan Bautista Mahiques, como la que mantiene con Daniel Angelici, histórico operador dentro del poder judicial ligado al PRO. Angelici fue uno de los principales impulsores de su carrera judicial y política, ubicándolo en cargos clave como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia.

En resumen, Mahiques formaba parte de la red de poder que Angelici supo tejer para influir dentro de Comodoro Py durante el gobierno de Mauricio Macri. Una red que, como suele suceder en la política argentina, no desaparece con los cambios de gobierno: simplemente se reacomoda.

Pero esto es solo una parte para entender cómo la casta, en sus diferentes ramificaciones, termina confluyendo dentro del gobierno de Javier Milei. El actual ministro de Justicia también tuvo vínculos con el mundo del fútbol y con la estructura de poder de la AFA, conducida por Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.

Este último aparece vinculado a una quinta donde el juez Carlos Mahiques (su padre) habría celebrado su cumpleaños número 74. La polémica surgió porque Mahiques padre tenía voto en decisiones judiciales vinculadas a investigaciones relacionadas con esa misma propiedad y sus presuntos vínculos con la dirigencia de la AFA. Por este motivo, dirigentes políticos y denunciantes pidieron que se excusara de intervenir en la causa por posible conflicto de intereses.

Las dudas sobre las conexiones con Tapia y Toviggino también se alimentan de los cargos que Juan Bautista Mahiques ocupó en el ámbito del fútbol: fue vicerrector de la universidad de la AFA e integrante de la Comisión de Ética de la Conmebol, mientras que su hermano fue designado miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Mientras tanto, el ex intendente de Mar del Plata y actual senador nacional Guillermo Montenegro hacía esfuerzos de lealtad política hacia La Libertad Avanza, incluso afiliándose al partido. Sin embargo, vio frustradas sus aspiraciones de ocupar el Ministerio de Justicia debido al lobby que llevó adelante el apoderado del partido, Santiago Viola, quien mantuvo conversaciones con Mahiques para que asumiera el cargo en reemplazo de Cúneo Libarona.

Este movimiento fue comentado en LN+ por el periodista Esteban Trebucq, quien en su programa sugirió que Viola ocuparía el cargo de viceministro. Finalmente, esa versión se confirmó con su designación en ese puesto.

La primera medida de Mahiques, pocas horas después de asumir, fue pedir la renuncia de varios funcionarios del ministerio y de la Inspección General de Justicia (IGJ). Entre ellos se encontraba Daniel Vítolo, quien venía impulsando investigaciones mediáticas y judiciales vinculadas a la AFA, Tapia y Toviggino, siendo el último avance el pedido de designar veedores en la institución.

En su lugar quedó Alejandro Ramírez, presentado en distintos medios como un abogado que había litigado contra la AFA. Sin embargo, al revisar ese antecedente judicial, se observa que se trataba de un conflicto comercial vinculado a la fabricación de relojes conmemorativos del Mundial 2022, una disputa relativamente menor frente a las investigaciones institucionales que llevaba adelante Vítolo.

Este tipo de cambios puede generar consecuencias en la opinión pública. Algo similar ocurrió en Brasil en 2020, cuando el presidente Jair Bolsonaro reemplazó al ministro de Justicia Sergio Moro, ex juez de la operación anticorrupción Lava Jato, que investigó sobornos millonarios en Petrobras y en la política brasileña.

Tras su salida, el cargo fue ocupado por André Mendonça, un abogado del Estado con perfil técnico. El cambio fue interpretado por parte del sistema político y mediático como el desplazamiento de un funcionario vinculado a megacausas de corrupción por otro con un perfil más burocrático, lo que abrió un debate sobre la independencia judicial.

En los años 90, Carlos Menem construyó lo que la historia política argentina recuerda como la "mayoría automática" en la Corte Suprema de Justicia de la Nación: jueces cercanos al poder político que garantizaban fallos alineados con el rumbo del gobierno.

Hoy, con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia de Javier Milei, vuelve a abrirse un interrogante incómodo: si el oficialismo busca ordenar la Justicia o si, como ocurrió en el menemismo, está empezando a construir un sistema judicial más cercano al poder político que al principio de independencia de los poderes del Estado.

Porque la pregunta, en definitiva, no es solo quién llega al Ministerio de Justicia. La pregunta es otra: si el cambio político que prometía terminar con la casta no está, en realidad, conviviendo con ella.

La libertad no puede existir si el poder judicial no está separado del poder legislativo y del poder ejecutivo.

John Marshall, presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el fallo Marbury v. Madison (1803).