El proyecto minero San Jorge, ¿cumple con la ley 7722?
La empresa San Jorge y el gobierno provincial aseguran que el proyecto cumple con la 7722. Es parte de su relato luego de denostarla por años. Hoy, más que nunca, se necesita vigilancia activa, articulación social y acción judicial.
En Mendoza, la mineria metalífera no solo se debate en los pasillos del poder, sinotambién en las calles, en las aulas, y en las cuencas hídricas. El proyecto minero SanJorge, que vuelve a escena con fuerza, ha sido presentado por el gobierno provincialcomo un ejemplo de minería "dentro de la ley". Pero ¿realmente cumple con la ley7722, esa norma emblemática nacida del conflicto social y defendida por la ciudadaníacon una tenacidad que pocos textos legales pueden exhibir?
Por Eduardo Sosa
Una ley nacida de la resistencia
La ley 7722 no es una simple regulación ambiental. Es el resultado de años demovilización social, de marchas multitudinarias, de debates públicos y de unaciudadanía que se plantó frente a un modelo extractivista que amenazaba sus bienescomunes. Surgida en 2007, tras el veto del entonces gobernador Julio Cobos a una leyque suspendía los permisos mineros hasta la elaboración de un Plan Ambiental(conocida como "Ley Difonso"), la 7722 estableció limites claros: prohibición desustancias tóxicas como cianuro, mercurio y acido sulfúrico; estudios específicos sobrerecursos hídricos; ratificación legislativa de los proyectos; y participación ciudadanabasada en criterios de cuenca.
Desde su sanción, la ley fue atacada por empresas mineras y sectores políticos detodos los colores. En 2015, la Corte Suprema provincial ratifico su vigencia, pero en elcamino judicial, la Corte Suprema de la Nación cercenó parte de un párrafo que,precisamente, hoy le permite a la empresa minera presentar el mismo proyecto quefue rechazado hace 14 anos. En 2019, el gobernador Rodolfo Suárez intentó derogar laley 7722 con acuerdo de los dos principales partidos políticos, el sector empresarial ylos mas importantes medios de comunicación, pero la ciudadanía respondió con unamovilización histórica que obligó al gobierno a retroceder. La ley volvió a manos delpueblo, reforzada por su legitimidad social.
¿Cumple San Jorge con la ley?
La empresa San Jorge y el gobierno provincial aseguran que el proyecto cumple con la7722. Es parte de su relato luego de denostarla por años, pero en esta oportunidad, elgobierno optó por cambiar la estrategia, manifestando que ahora sí puede hacerseminería "dentro de la 7722". Es cierto que no se utilizarán las sustancias prohibidas(aunque algunas de las sustancias declaradas sean tóxicas para la salud humana y la delos ecosistemas), lo que permite sortear el primer artículo. Pero el cumplimiento de losdemas artículos es, como mínimo, cuestionable.
Primero, el estudio hídrico exigido por la ley -la Manifestación Específica de ImpactoAmbiental sobre los Recursos Hídricos- no fue presentado. En su lugar, se entregaron estudios fragmentarios que no satisfacen los requerimientos técnicos, segúndictámenes de especialistas y del propio Departamento General de Irrigacion.
Segundo, el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental excluyó deliberadamente amunicipios que deberían haber participado. La ley exige que se convoque a todas lasregiones potencialmente afectadas. El proyecto San Jorge se ubica sobre dos cuencashídricas que abastecen al Gran Mendoza, pero la autoridad ambiental minera decidiólimitar la participación al departamento de Las Heras. Esta decisión, claramentepolítica, evitó incorporar municipios no alineados con el oficialismo, acelerando laaprobación y concentrando el control.
¿Legalidad o simulacro?
La ratificación legislativa, antes criticada por la industria minera como una intromisiónde "no expertos", ahora es celebrada porque se da por descontado el apoyoparlamentario. La legalidad, en este caso, parece más una formalidad que una garantíade protección ambiental.
La ley 7722, que nació como escudo ciudadano, corre el riesgo de convertirse en undecorado institucional. Si se aprueba el proyecto San Jorge sin cumplir con losrequisitos técnicos y participativos que la ley exige, estaremos ante una legalidadminada: una norma vaciada de contenido, usada como coartada para legitimar lo queen esencia vulnera el espíritu democrático y ambiental que le dio origen.
El desafío que viene
La ciudadanía mendocina ya demostró que puede torcer el rumbo cuando se vulneransus derechos. Hoy, más que nunca, se necesita vigilancia activa, articulación social yacción judicial. Porque si la ley 7722 cae por la vía del simulacro, no será solo unaderrota legal: será una señal de que el poder puede vaciar de sentido incluso lasconquistas más legítimas.
Y eso, en tiempos de crisis ecológica global, no es solo un problema local. Es unaadvertencia.