La Iglesia Católica y UNICEF rechazan la baja de imputabilidad y ruegan no votarla
"Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza", sintetiza el escrito de Cáritas Nacional y las comisiones episcopales de Pastoral Carcelaria y de Pastoral Social, pedido al que también se sumó UNICEF.
A horas que el gobierno de Javier Milei intente la aprobación de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, organizaciones de la Iglesia Católica exigen a las y los legisladores que no avancen con esa reforma, porque no resuelve la situación de niñas, niños y adolescentes.
El escrito, fue firmado por Cáritas Nacional y las comisiones episcopales de Pastoral Carcelaria y de Pastoral Social, y suman el respaldo de organismos e instituciones como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, asociaciones de psicólogos, psiquiatras, magistrados y defensores de derechos de la niñez, todos expresaron su rechazo al proyecto de Nuevo Régimen Penal Juvenil que propone el gobierno libertario.
"Reducir la edad de imputabilidad no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad", advirtieron.
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El pedido de la Iglesia
La Carta de la Iglesia retoma los lineamientos del texto "Más oportunidades que penas", publicado en 2025 por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y se apoya en la experiencia territorial de la Iglesia en barrios populares, parroquias, escuelas, centros barriales y Hogares de Cristo. En estos espacios se trabaja cotidianamente con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en contextos de alta vulnerabilidad.
"Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza", sintetiza el título.
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Además, advierten que el uso del dolor social con fines mediáticos o electorales impide una discusión seria sobre las causas estructurales del delito juvenil.
"El delito existe, y no es una opción no hacer nada. Pero creemos que es un error abordarlo desde propuestas simplificadoras", sostienen.
En ese sentido, la Iglesia se pregunta si el Estado está en condiciones de garantizar tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, atención en salud mental y dispositivos adecuados para la reinserción social.
En tiempos de desfinanciamiento de políticas sociales que impacta de lleno en la niñez y adolescencia, la Iglesia le pregunta a las y los legisladores si el Estado está preparado para afrontar la situación de este sector de la sociedad tan vulnerable.
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Perspectiva científica y jurídica
Desde un mirada científica los referentes de la iglesia cuestionan la baja, y recuerdan que el cerebro adolescente aún está en desarrollo, especialmente en áreas vinculadas al control de impulsos y la toma de decisiones, lo que pone en duda la lógica de aplicar penas de adultos a menores.
De esta manera rechazan el eslogan "delito de adulto, pena de adulto", mientras que sostienen que la intervención penal debe ser la última respuesta, priorizando el rol de los Juzgados de Familia y del sistema de protección integral de derechos para los menores de 16 años.
Y advierten que el proyecto presenta "serios cuestionamientos de constitucionalidad", al contradecir la Constitución Nacional, los tratados internacionales de Derechos Humanos y la Ley 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en 2005). También consideran que se apunta a habilitar medidas regresivas, como por ejemplo la privación de libertad de niños no punibles.
Para el cierre, la Iglesia cita una frase del Papa Francisco. "Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez", al tiempo que vuelve a insistir en una idea central: los adolescentes no son una amenaza, sino "presente y esperanza".
En síntesis, el mensaje de la Iglesia resalta que, frente al narcotráfico, la pobreza y la falta de oportunidades, más castigo no es la respuesta. Y concluye en que la salida sigue siendo la misma: educación, políticas públicas sostenidas y oportunidades reales para una vida digna.
Cristina Libre, Mercado PresoUNICEF
La organización también emitió un comunicado en sintonía con lo expresado por la Iglesia.
En ese sentido, desde Fondo de las Naciones Unidas para la Infancias destacaron que Argentina necesita avanzar en un debate amplio y responsable para sancionar una Ley de Justicia Penal Juvenil que esté en línea con los estándares internacionales de Derechos Humanos y con la evidencia científica disponible.
Remarcaron que la seguridad ciudadana es un derecho fundamental, indispensable para que todas las personas -incluidos niños, niñas y adolescentes- puedan vivir plenamente en comunidad. Sin embargo, subrayaron que ese derecho debe garantizarse respetando los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce las particularidades del desarrollo madurativo durante la adolescencia.
Por ello, el Comité recomienda que los Estados establezcan una edad mínima de responsabilidad penal no inferior a los 14 años y exhorta especialmente a los países que ya la fijaron en 15 o 16 años (como Argentina) a no reducirla bajo ninguna circunstancia. Además, remarcó que la respuesta estatal debe centrarse en retirar a los adolescentes del entramado delictivo, intervenir sobre las causas estructurales (abandono escolar, consumos problemáticos, violencia y captación por grupos criminales) y construir alternativas reales de inclusión social.