El inevitable camino al fracaso
Federico Soria y Mauricio Cornejo no están presos por un hecho delictivo, sino por oponerse a intereses que superan a cualquier individuo.
El problema en Mendoza, como en tantas otras provincias, es que la Justicia se ha convertido en un instrumento de poder más que en un mecanismo de equilibrio. No se trata de perseguir delitos, sino de administrar castigos políticos.
El caso de Federico Soria y Mauricio Cornejo es un ejemplo claro: no están presos por un hecho delictivo, sino por oponerse a intereses que superan a cualquier individuo.
Lo grave es la precariedad del proceso en su contra. El fiscal Juan Manuel Sánchez los acusa sin pruebas reales, basándose en declaraciones manipuladas y en el testimonio de Edgardo Vera, empresario minero que cambió su versión cuatro veces y cuya esposa trabaja para Minera San Jorge S.A. Se presentaron 40 pruebas que desmienten su participación en hechos violentos, pero ninguna fue tenida en cuenta.
En cambio, lo que sí quedó registrado-y convenientemente ignorado-fue la violencia de la UOCRA en Uspallata, con una patota trasladada especialmente para amedrentar y simular apoyo a la minería. También el ataque contra Flavio González, brutalmente agredido, que ni siquiera se investiga.
Soria colapsó en plena audiencia: taquicardia, desmayo. Nadie lo asistió. Apenas recuperado, el fiscal ordenó su detención. Porque aquí no se trata de justicia, sino de disciplinamiento.
La gran ironía es que este tipo de persecución no favorece a la minería, sino que la vuelve inviable. La inseguridad jurídica aleja inversiones serias y refuerza el rechazo social. Cuando un gobierno usa la Justicia como herramienta de control en lugar de garantía de derechos, el problema deja de ser ambiental o económico: es estructural.
El verdadero obstáculo para la minería en Mendoza no son los ambientalistas. Es el propio Estado.