Un ex Supercanal fue nombrado interventor de los Medios Públicos por el presidente Milei

El Gobierno de Javier Milei dispuso por decreto la intervención de los medios públicos por el plazo de un año.

El lapso de la intervención se decretó por un año. El objetivo que persigue Javier Milei con esta intervención, según lo que dice el decreto, es eficientizar el funcionamiento, revisar lo actuado, modificar la estructura de puestos, contrataciones y contenidos.

De Grupo América al gobierno de Milei.

Otro hombre proveniente de los medios del ex grupo UNO de Mendoza (actual grupo América) ocupará un cargo de vital importancia. El abogado Diego Chaher llega desde Supercanal, el prestador de televisión por cable pionero y líder en todo el Oeste de la Argentina. 

Así como fue designado Chaher al frente de los Medios Públicos por el presidente Milei, días atrás fue otro ex Grupo América quien fue designado como Presidente de Trenes Argentinos Cargas, el contador Sergio Basich. Basich y Chaher coincidieron durante varios años trabajando para el conglomerado de medios de José Luis Manzano y Daniel Vila.

Previo a la privatización, al desmantelamiento, o no.

Así como el presidente se muestra inflexible en entrevistas, pero en simultáneo su equipo negocia con opositores dialoguistas y quitan decenas de artículos de la ley ómnibus, resulta imposible presagiar cuál será el destino de los Medios Públicos.

Una denominación simbólica, pero imprecisa.

A propósito de la decisión de intervenir los medios de comunicación de gestión estatal, tal vez sea oportuno hacer la distinción entre el concepto de "público" y el de "estatal" que de ninguna manera responden a un criterio idéntico. 

Los medios electrónicos abiertos (radios y televisión por los que no hay que pagar para ver y escuchar) tienen carácter eminentemente público. Utilizan el espectro radioeléctrico que es potestad del Estado Nacional Federal, y la mayoría son de gestión privada, pero no por ello pierden su condición de "públicos". 

Más truchas que legales.

Canales de aire, radios AM, emisoras de FM, señales digitales de televisión abierta, son concesiones otorgados a empresas privadas, a organizaciones intermedias y a Estados. En el caso de radios, y especialmente señales de frecuencia modulada, son más las ilegales que las legales. Fenómeno que no se ha podido corregir en ninguno de los gobiernos desde la recuperación de la democracia.

Gestiones anteriores, un caso palmario.

La incapacidad para tomar determinaciones de largo plazo en asuntos de Estado, se hace notorio en las distintas gestiones de los Medios Públicos (100% estatales). Innegable el protagonismo que cobró la señal de Canal 7 Argentina "la TV Pública" en las gestiones de Néstor Kirchner y en las administraciones sucedáneas de Cristina Fernández de Kirchner, sin dudas, dotándola de un presupuesto importante. El hoy degradado canal Encuentro, innegable, se convirtió en una señal con contenidos de grandes atractivos y con un perfil cultural educativo encomiable. Algo que no continuó en el gobierno de igual signo político de Alberto Fernández, como tampoco la oferta de la señal de "la TV Pública", Canal 7, tuvo la preeminencia que sí logró en gestiones anteriores.

Un mal ejemplo.

Quien fuera responsable de estos medios durante la gestión de Macri, un ex funcionario de De La Rúa en turismo, hoy diputado y colaborador de la gestión de Milei, en una entrevista dijo que a los "Medios Públicos hay que cerrarlos". Los argumentos empleados no son nuevos ni creativos. Sin dudas, irrita que alguien que pertenece a lo que Milei llama "casta" (es funcionario desde 1999 sin interrupciones, y sin abandonar sus emprendimientos privados) se pronuncie ahora de esta forma, descalificando el rol de los medios y la calidad laboral de los planteles, siendo que él tuvo la potestad de hacerlo y sólo hizo para que esos Medios perdieran prestigio y audiencia, con una impunidad como si la sociedad toda, padeciese de amnesia. Nos referimos a Hernán Lombardi, claro.

Cambiando de canal.

Seguramente en el primer tiempo, los interventores Diego Chaher y Diego Marias deberán hacer una evaluación general, para luego emprender una gestión que le de sentido a la prosecución de los mismos.

Los medios públicos intervenidos son:

El portal Educ.Ar.La agencia de noticias Télam.Radio y Televisión Argentina (contiene la TV Pública, Radio Nacional y FM estatales).La empresa de Contenidos Públicos (contiene las señales Encuentro, Paka Paka, DeporTV, Acua Mayor y Acua Federal, el Polo de Producción Audiovisual y el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino).

En el decreto se justifica la intervención al decir que se realiza para lograr "una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público".

Y agrega que "resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas".

En ese sentido, deja en claro que el objetivo final del proceso es comenzar un camino hacia la posible privatización de los distintos medios del Estado.

Sobre esto, recuerda que el "mega DNU" de Javier Milei "dispuso la transformación de las Sociedades o Empresas con participación del Estado en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades".

Y agrega: "En virtud de ello, a los efectos de llevar a cabo dicha transformación, resulta menester disponer la intervención de las mencionadas sociedades con el fin de definir su conducción y contribuir a optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumplen".

Diego Chaher, el abogado que fue gerente general de Canal 8 de San Juan y colaborador de Eduardo Vila, abogado director de asuntos legales del Grupo América.

El decreto dispone la intervención fijada por el plazo de un año y los funcionarios designados tomarán el rol de los directorios de los medios estatales.

Junto al abogado Diego Chaher, estará Diego Marias como interventor adjunto, alguien proveniente de la política, hombre del PRO

Dichos interventores tendrán facultades para realizar las siguientes acciones:

Elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo Nacional.
Evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y/o aprobar uno nuevo.
Modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y/o aprobar uno nuevo.
Modificar la denominación de los organismos, previa conformidad del Poder Ejecutivo Nacional.
Modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva.
Revisar la administración de compras y contrataciones.
Disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado de los mismos.
Presentar la rendición de cuentas.
Operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas.
Designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas.

A pesar de que el plazo de intervención es por 12 meses, la normativa destaca que dicho período podrá "ser prorrogado por única vez" por la Jefatura de Gabinete de Ministros, comandada por Nicolás Posse.