Grave denuncia al gobierno de Alfredo Cornejo para aprobar el Proyecto Minero San Jorge
Denuncian una estratégica maniobra entre funcionarios, empresas privadas, sindicatos, firmas falsas y duplicadas, entre otras, para hacerle creer a la ciudadanía que el proyecto PSJ Cobre Mendocino cuenta con apoyo mayoritario.
Eduardo Sosa, ex funcionario de la Secretaría de Ambiente en el primer gobierno de Cornejo, es quién en un extenso comunicado y una exhaustiva investigación, "ha descubierto un ardid perpetrado por la Autoridad Ambiental Minera, en conjunto con otros actores del sector privado, para sustituir las verdaderas cifras de participación ciudadana por otras donde los datos muestran un apoyo ficticio al proyecto minero" así comienza la denuncia.
Mañana miércoles 26 de noviembre se vota la media sanción del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, luego de 14 años de haber sido rechazado por 44 votos en contra y 4 ausencias, que ahora vuelve a arremeter para la extracción de oro y cobre a gran escala en el valle de Uspallata.
Luego de que se realice la última reunión de comisión de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge este martes 25, al día siguiente, la Cámara de Diputados debe aprobar o no la media sanción, pero también, ese día se espera una gran convocatoria de asambleístas, organizaciones sociales y políticas, vecinos y autoconvocados en rechazo a este proyecto que denuncian que pone en riesgo el agua de Mendoza. La cita será en la Legislatura de Mendoza.
Portada habló con Eduardo Sosa quién se pronunció al respecto:
"Espero que los legisladores de la comisión tomen nota de la gravedad de la denuncia y decidan posponer la votación del proyecto hasta que, al menos, responda el poder ejecutivo".
"No tengo expectativas acerca de que está denuncia cambie la realidad respecto de la votación del proyecto de ley, pero espero que el camino judicial haga su trabajo y en el futuro se impugne y condene a los responsables."
Los motivos de la denuncia
Uno de las principales denuncias de Eduardo Sosa, es sobre el engaño a la ciudadanía de que el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino tiene gran apoyo de la sociedad, esto es a través de una logística enorme entre el gobierno de Mendoza y la Autoridad Ambiental Minera recolectando firmas de dudosa procedencia desvirtuando el proceso participativo, esos sectores que ayudaron al engaño serían:
equipos de funcionarios del senado provincial
cámaras mineras y de proveedores de servicios
empresas relacionadas a la provisión de insumos estratégicos a la industria minera
sindicatos amigos
A esto se le sumó, según la denuncia, planillas duplicadas y hasta triplicadas, planillas con decenas de firmas apócrifas, correos electrónicos repetidos, planillas con datos digitalizados pero sin firmas, planillas con firmantes procedentes de otras provincias que seguramente desconocen el proyecto minero, y que en total suman alrededor de 2.000 rúbricas cuestionadas y que debieran restarse del conteo final.
Audiencias públicas a medida del extractivismo: el caso San JorgeDificultades para acceder a la información pública
La denuncia remarca que hay dos accesos a la información:
un expediente "oficial" donde se carga toda la información administrativa del procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, al que no se puede acceder públicamente, excepto teniendo usuario y contraseña del sistema y rango jerárquico como para acceder a dicha información.
un expediente "para el público" en la web donde se subió selectivamente la información, y donde permanentemente se hicieron cambios que provocaron notables confusiones, sobre todo a partir de la audiencia pública.
También se omite un informe de la Facultad de Medicina que analiza la nocividad para la salud humana de las sustancias que utilizará la empresa. Y los informes del especialista Doctor en geología, José María Cortés demostrando la conexión entre las cuencas de Uspallata y Yalguaraz, que en la práctica incrementa notablemente el riesgo ambiental en el caso de contaminación del agua subterránea.
El gobierno de Mendoza ingresó en la Legislatura varios proyectos para activar la mineríaParticipación pública, negada
La denuncia de Sosa recuerda que la audiencia pública convocada por el gobierno se realizó en el sitio de la mina, con una capacidad muy pequeña que claramente evitó la concurrencia masiva y la libre expresión, con fuerte operativo de seguridad que obligó a los concurrentes a anotarse previamente.
Luego de un análisis de la información oficial proporcionada a través del sitio web, que consta de las opiniones de los participantes a la audiencia pública y los correos electrónicos enviados a posteriori como parte del proyecto, se advierten notables inconsistencias que hacen dudar de la veracidad de la información proporcionada por el Poder Ejecutivo, como expedientes y planillas duplicadas, firmas apócrifas, planillas con listados de nombres y número de documento de identidad (pero sin firmas), listado de personas que pertenecen a otras jurisdicciones del país, correos electrónicos individuales que fueron enviados más de una vez y contabilizados por la autoridad ambiental.
Y una notable actividad de búsqueda de apoyos desde el senado provincial, a partir de la presentación de planillas de parte de funcionarios públicos que forman parte del equipo de trabajo de la Vicegobernadora Hebe Casado y de Pablo Priore.
Los posibles delitos
La denuncia trae a consideración que el Código Penal establece los posibles delitos que incurre el gobierno de Alfredo Cornejo: como Falsedad ideológica (art. 293), incumplimiento de sus deberes (art. 248), Abuso de Autoridad (art. 248 y 249), fraude a la administración pública (art. 174 inc. 5), o si falsifica documentos públicos o privados, comete un delito contra la fe pública (arts. 292 a 296), y agrega el delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265).
La denuncia de Sosa, concluye que el Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad Ambiental Minera, ha permitido que una empresa logre la Declaración de Impacto Ambiental sin haber presentado toda la documentación requerida por las normas, manipulando información relevante, no convocó a todos los municipios, vulnera el derecho a la información y a la participación informada, y engaña a la población, entre otras manifestaciones.
Aquí la denuncia completa:
En otra protesta contra el Proyecto San Jorge, la policía de Mendoza detuvo a dos asambleístas