Nunca más una sociedad cómplice

Por Martín Tula | martin.tula@portada.com.ar

Hace días pienso cómo encarar esta editorial y, junto a Usted, querido lector, darle a estas palabras un sentido que permita entender por qué se llegó a ese genocidio de una población -no digo solo argentinos, porque la muerte no pedía la libreta de enrolamiento a quien iba a quitarle la vida-. Desde el aparato del Estado, y del otro lado, bajo la consigna de la lucha contra el gobierno militar, también se llevaron vidas de inocentes. Porque en aquella Argentina que otras generaciones sufrieron, hubo muertes de todos los colores y facciones.

Este golpe no se dio de la noche a la mañana: fue la decantación de una Argentina sumergida en una violencia extrema, donde la sociedad fue cómplice por omisión.

La represión estatal comenzó en un gobierno democrático, como fue el de Isabel Martínez de Perón, cuando bajo la órbita de José López Rega -"El Brujo"- se creó la Triple A, de la cual él mismo era el jefe operativo.

En 1975, el gobierno firmó los llamados decretos de "aniquilamiento" (como el 261/75), ordenando a las Fuerzas Armadas "neutralizar y/o aniquilar el accionar subversivo". Ese decreto fue firmado por Ítalo Luder, en el marco de un gobierno democrático del que también formaban parte figuras como Ruckauf y Cafiero.

En paralelo, la violencia no era patrimonio exclusivo del Estado. Organizaciones como Montoneros y el ERP ya actuaban como estructuras armadas mucho antes del golpe. Montoneros lo había dejado en claro desde 1970 con el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, y lo consolidó luego con operaciones de gran escala como el secuestro de los hermanos Born en 1974, por el que obtuvo un rescate millonario. Por su parte, el ERP -brazo armado del PRT- llevaba adelante acciones militares directas, como el ataque al Regimiento de Azul en 1974, evidenciando que el conflicto ya incluía enfrentamientos armados abiertos con el Estado.

Esto decantó en lo que hoy recordamos: una Argentina sumergida en una oscuridad profunda, que pudo volver a ver algo de luz el 30 de octubre de 1983, cuando recuperamos la democracia. Pero antes de llegar a esa fecha, hubo muertes, desapariciones y dolor. Y como si no alcanzara, también hubo una guerra -la de Malvinas- en la que murieron compatriotas, en su mayoría jóvenes que recién empezaban a vivir. Una decisión tomada por el gobierno militar, pero también acompañada por una sociedad que salió a la plaza como si nada, como lo había hecho durante el Mundial 78. Una sociedad adormecida y, muchas veces, cómplice.

Llegó el Juicio a las Juntas y al terrorismo de Estado, pero no hubo igualdad de condiciones a la hora de juzgar. La Justicia y el gobierno de Raúl Alfonsín partieron de una premisa central: no era equivalente la violencia de organizaciones armadas con la ejercida desde el Estado. Mientras que a los militares se los juzgó por un plan sistemático de terrorismo de Estado, a miembros de Montoneros y el ERP se los procesó por delitos comunes como secuestros y homicidios. Esa diferencia jurídica, sumada a delitos prescriptos, exilios y a la necesidad de consolidar la democracia, derivó en un tratamiento desigual que marcó el rumbo de los procesos judiciales en los años siguientes.

Luego llegó el gobierno de Carlos Menem, cuyos indultos -que alcanzaron tanto a militares como a integrantes de organizaciones armadas, e incluso a los "carapintadas"- buscaron cerrar una etapa. Pero lejos de sanar, dejaron en evidencia dos cosas: que en la Argentina no siempre el culpable paga, y que las heridas, lejos de cerrarse, pueden profundizarse.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner se produjo un giro decisivo en la política de derechos humanos: se anularon las leyes de impunidad y se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, ese proceso tuvo un alcance definido: se concentró exclusivamente en los crímenes cometidos desde el Estado durante la dictadura, sin una reapertura equivalente de causas contra organizaciones armadas.

Hoy, el gobierno actual intenta instalar una nueva interpretación de lo ocurrido, planteándolo como una guerra y reescribiendo el pasado desde otra mirada. Un intento que tampoco logra habilitar una discusión profunda y honesta.

Porque cada vez que se intenta dar ese debate, aparecen las mismas etiquetas: "zurdo", "gorila", "negacionista", "terrorista". No importa el orden. Son mecanismos para cancelar la discusión real.

Lo único que podemos tener claro, a 50 años del golpe cívico-militar, es que la sociedad argentina fue un socio mayoritario: por omisión o como partícipe necesario, siempre estuvo involucrada. Por eso, asumir esa responsabilidad no es solo un ejercicio de memoria, sino una condición indispensable para que el Nunca Más siga teniendo sentido.

¡NUNCA MÁS!

20 de septiembre de 1984, Casa Rosada - Ernesto Sabato entrega el informe de la CONADEP a Raúl Alfonsín.