Entre la compactación y el Tesla: cuando el Estado aplasta a los pobres y protege a los privilegiados
La Municipalidad de Luján de Cuyo volvió a exhibir operativos de compactación de vehículos como una política ejemplar de orden urbano. Tiempo atrás mostraban con entusiasmo la destrucción de motos 110 y hoy avanzan sobre autos abandonados o detenidos por la crisis económica. Mientras tanto, el diputado jujeño Manuel Quintar quedó envuelto en polémicas tras aparecer vinculado a una lujosa Tesla Cybertruck. Dos escenas diferentes que reflejan el mismo país: uno donde la pobreza se castiga y el privilegio se exhibe sin culpa.
Mientras en Luján de Cuyo celebran la destrucción de motos y autos de trabajadores golpeados por la crisis, dirigentes libertarios exhiben vehículos millonarios como símbolo de una Argentina partida entre el descarte y el lujo obsceno.
Hace un tiempo, desde este mismo espacio, se cuestionaba el tono de celebración con el que la Municipalidad de Luján de Cuyo exhibía la compactación de motos de pocas cilindradas .
Aquellas motos humildes que durante años fueron la única posibilidad de movilidad para miles de trabajadores. Vehículos comprados en cuotas durante momentos algo mejores de la economía. Herramientas de trabajo para deliveries, albañiles, empleadas domésticas, changarines y jóvenes que encontraron allí la posibilidad de generar ingresos.
Hoy el municipio da un paso más y se regodea compactando autos.
La explicación oficial habla de vehículos abandonados que "ocupan el espacio público". Pero hay algo profundamente perverso en esa frase. Porque ese espacio público que hoy se utiliza como argumento moralizador no apareció mágicamente de la nada. En algún momento fue pagado por los propios vecinos mediante impuestos, tasas y contribuciones. Muchas calles, espacios verdes y urbanizaciones surgieron de cesiones privadas, loteos y aportes históricos de ciudadanos que construyeron el municipio mucho antes de que llegaran los funcionarios de turno a administrar la estética urbana.
Ahora pareciera que quienes alguna vez ayudaron a construir ese espacio ya no tienen derecho siquiera a ocuparlo cuando la crisis les destruye la vida.
También aparecen las excusas vinculadas a la documentación o a transferencias sin realizar. Pero la pregunta cae sola: ¿cómo hace una familia para pagar una transferencia automotor cuando no puede cargar nafta? ¿Cómo hace alguien para afrontar verificaciones, formularios, seguros y costos administrativos cuando apenas logra sostener un plato de comida?
Hablan de papeles como si estuvieran hablando de Suiza. Mientras tanto, miles de argentinos viven intentando sobrevivir en una economía detonada.
Y todo ocurre además en un contexto donde los propios caminos destruyen los vehículos de quienes todavía intentan trabajar. Hace pocos días, circulando por Rodríguez Peña, una obra presentada años atrás como símbolo de modernidad y progreso, un pozo casi destroza por completo el tren delantero de un vehículo incluso circulando a baja velocidad.
La pregunta inevitable aparece sola: ¿qué ocurre cuando alguien viene un poco más rápido? ¿Qué pasa con una moto? ¿Qué pasa con una familia? ¿Qué pasa con un trabajador que pierde su única herramienta de movilidad por calles destruidas y después termina siendo castigado por no poder repararla?
Pero esos vehículos compactados no son Ferraris. No son Porsche. No son las camionetas importadas que circulan por los barrios privados de Chacras de Coria. No son las enormes F150 o la motos Harley Davidson que rugen por avenidas impecables sin que jamás aparezca una inspección preocupada por los escapes, el ruido o las emisiones.
Aparentemente el ruido que molesta no es el del lujo. El ruido que incomoda es el escape del pobre.
Y allí aparece algo mucho más profundo que una discusión sobre tránsito o contaminación sonora. Aparece una mirada de clase. Una forma de administrar el espacio público donde la pobreza visible se convierte en algo que debe esconderse, retirarse o destruirse.