El protectorado , de hecho , de Estados Unidos
Los protectorados fueron una de las formas más sofisticadas del colonialismo moderno. A diferencia de las colonias, conservaban símbolos nacionales, gobiernos locales y hasta banderas propias. Sin embargo, las decisiones estratégicas quedaban bajo la tutela de una potencia extranjera. La pregunta que sobrevuela hoy algunos debates políticos argentinos es incómoda: ¿puede un país convertirse en un protectorado sin declararlo formalmente?
Cuando la soberanía deja de perderse por las armas y comienza a cederse por decreto
Durante siglos, los imperios comprendieron que gobernar directamente territorios lejanos era costoso. Las colonias generaban resistencia, rebeliones y conflictos permanentes. Así surgió una fórmula más elegante: el protectorado.
En teoría, un protectorado conservaba su identidad nacional. En la práctica, las decisiones fundamentales quedaban en manos de otro Estado. La defensa, la política exterior, los recursos estratégicos y las grandes decisiones económicas eran supervisadas o directamente definidas por la potencia protectora.
Muchas colonias atravesaron una etapa de protectorado antes de alcanzar la independencia. Otras jamás llegaron a emanciparse completamente. El sistema permitía mantener el control sin asumir formalmente la responsabilidad de una ocupación.
Uno de los ejemplos más conocidos fue el Protectorado Español de Marruecos. Desde 1912 hasta 1956, España administró la zona norte marroquí, con capital en Tetuán. Había autoridades locales, tradiciones propias y estructuras autóctonas. Pero las decisiones fundamentales eran tomadas desde Madrid.
Incluso durante el franquismo, el protectorado funcionó como una herramienta para proyectar influencia política, militar y económica sobre un territorio que formalmente no era España. Finalmente, Marruecos logró recuperar su soberanía plena en 1956, cuando desapareció el régimen de tutela colonial.
La historia muestra una constante: ningún protectorado se presenta como una pérdida de soberanía. Por el contrario, suele justificarse en nombre de la seguridad, el progreso económico, la estabilidad institucional o la defensa frente a amenazas externas.
Por eso resulta inevitable preguntarse qué significa la soberanía en el siglo XXI.
Ya no hacen falta virreyes ni gobernadores coloniales. El control puede ejercerse mediante deuda externa, condicionamientos financieros, dependencia tecnológica, bases militares, recursos estratégicos administrados por intereses extranjeros o alineamientos diplomáticos absolutos.
Es en ese contexto donde algunos observadores interpretan que la Argentina atraviesa un proceso de subordinación creciente a los intereses de Estados Unidos.
Las señales que mencionan son diversas. Desde la creciente influencia norteamericana en áreas sensibles de seguridad y defensa, hasta la presión geopolítica sobre las relaciones con China. También señalan la preocupación manifestada por empresas europeas que sienten la necesidad de aclarar públicamente que no mantienen vínculos con Beijing para evitar sospechas o cuestionamientos políticos.
A esto se suman las declaraciones de funcionarios extranjeros que opinan sobre la política interna argentina con una naturalidad que décadas atrás habría provocado una inmediata respuesta diplomática.
El contraste con Brasil aparece inevitable
Cuando Washington decidió catalogar a organizaciones criminales latinoamericanas bajo categorías vinculadas al terrorismo internacional, el presidente Lula da Silva respondió reafirmando la autonomía institucional brasileña y recordando que las decisiones de seguridad corresponden al Estado brasileño.
Para esos sectores, la pérdida de soberanía no comienza únicamente cuando se entregan recursos estratégicos; también empieza cuando un gobierno deja de reconocerse en la historia, la cultura y los dolores de su propio pueblo.
Peter Thiel y la Argentina como laboratorio
Detrás de muchas de las ideas que hoy circulan entre las nuevas derechas del mundo aparece una figura menos conocida para el gran público, pero extremadamente influyente: Peter Thiel. Cofundador de PayPal, primer gran inversor externo de Facebook y financista de numerosos proyectos vinculados a la inteligencia artificial, la vigilancia digital y el libertarismo radical, Thiel sostiene desde hace años que la democracia puede convertirse en un obstáculo para los intereses del mercado.
Para sectores del poder tecnológico global, la Argentina aparece como un territorio ideal para experimentar reformas extremas que en otros países encontrarían mayores resistencias sociales, sindicales o institucionales. La combinación de crisis económica recurrente, debilitamiento del Estado y una dirigencia política muchas veces dispuesta a aceptar condiciones externas convierte al país en una especie de laboratorio donde ensayar modelos de desregulación profunda.
No se trata necesariamente de una intervención directa, sino de una influencia ideológica que atraviesa fundaciones, centros de estudio, financiamiento académico y redes internacionales de poder. En ese universo, nombres como Peter Thiel representan una visión del mundo donde las grandes corporaciones tecnológicas concentran cada vez más capacidad de decisión, mientras los Estados nacionales pierden margen de acción.
La preocupación de muchos analistas radica en que, bajo la promesa de la libertad absoluta del mercado, termine consolidándose una nueva forma de dependencia: ya no basada exclusivamente en recursos naturales o endeudamiento financiero, sino en el control de datos, tecnología e infraestructura estratégica. Argentina, con sus recursos energéticos, minerales y territoriales, aparece entonces como una pieza especialmente atractiva para esos intereses globales.