El gobierno de Milei flexibilizó los controles en la industria vitivinícola y derogó 900 normas
El Instituto Nacional de Vitivinicultura se concentrará exclusivamente en el control del vino en su etapa final, es decir, el producto listo para su comercialización.
El gobierno de Javier Milei anunció una profunda reestructuración del INV, Instituto Nacional de Vitivinicultura, que dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo.
Esta flexibilización del organismo, comenzará a regir desde el 1º de enero de 2026, y se concentrará exclusivamente en el control del vino en su etapa final, es decir, el producto ya envasado listo para su comercialización.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 37/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Según la Secretaría de Agricultura, el nuevo marco busca garantizar la calidad y autenticidad de los vinos que llegan a los consumidores, reforzando los controles en la última etapa del circuito productivo.
Con un posteo en su red social X, el ministro Federico Sturzenegger de Desregulación celebró la medida:
Qué comprende esta reestructuración o intervención
Con esta medida, el INV reducirá drásticamente su intervención en las bodegas, ya que dejarán de realizarse unas 5.000 inspecciones presenciales por año.
La fiscalización se limitará a la comercialización final, sobre productos con el Certificado Analítico de Libre Circulación.
Hasta ahora, la actividad vitivinícola estaba regida por más de 1.000 normas dispersas.
La nueva normativa consolida el sistema en un Digesto Normativo unificado, eliminando 973 normas y simplificando trámites que generaban costos y demoras innecesarias, según el gobierno libertario.
"Como resultado de la revisión integral, de un total de 1.207 normas existentes, se derogan 973, las cuales se consolidan en un Digesto Normativo unificado y sistemático. La simplificación regulatoria implica la eliminación de trámites que generaban costos y demoras innecesarias", se señaló en un parte oficial.
Entre las normas derogadas, se suprime:
la Declaración Jurada semanal de elaboración
las multas y sanciones por presentaciones tardías de declaraciones juradas
el requisito de permisos de tránsito
Con la eliminación de estos permisos, las bodegas se liberan de solicitar los más de 140.000 permisos que generaban por año para mover sus productos.
Además, la Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) ya no será un requisito obligatorio para los productores y elaboradores.
Respecto a la identificación de los productos, las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser optativas para el mercado interno.
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Para la libre circulación en el país, la certificación analítica se gestionará bajo declaración jurada del interesado y mediante mecanismos digitales, garantizando la trazabilidad y autenticidad.
Las menciones obligatorias en el etiquetado incluyen ahora el número de Análisis de Libre Circulación otorgado por el INV, y deben indicar la presencia de sulfitos o dióxido de azufre para concentraciones iguales o superiores a diez partes por millón (10 ppm).
El nuevo régimen es de aplicación obligatoria para productores primarios de uvas, establecimientos elaboradores, comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores, así como laboratorios habilitados en todo el territorio nacional.
La reorganización del INV también incluyó la aprobación de nuevas prácticas enológicas lícitas, como el uso de ácido fumárico y la desalcoholización del vino.
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