El gobierno de Javier Milei desreguló las cuotas de colegios privados
Con este decreto las instituciones podrán aumentar sin autorización, no tendrán que informar los valores de las cuotas y ni de la matrícula con anticipación ni contar con el aval del Estado.
El gobierno de Javier Milei estableció mediante el Decreto 787/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, que los colegios privados sin subvención estatal tendrán libertad para aumentar sus cuotas sin autorización oficial previa ni necesidad de avisar a su matrícula con antelación.
Además, revisará la norma que determina la financiación estatal de este tipo de establecimientos educativos.
Así lo hizo mediante el Decreto que fue firmado, además del presidente Milei, por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Economía Luis Caputo, esta norma derogada estaba vigente desde hace más de tres décadas.
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El argumento oficial es que el esquema anterior "limitaba la capacidad de adaptación" de los establecimientos a los cambios económicos y generaba distorsiones que terminaban perjudicando tanto a las escuelas como a las familias.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, argumentó que solo el 6% de los colegios, los privados sin subvención estatal, son alcanzados por la medida.
Y agregó que el sistema que regía hasta hoy implicaba que los colegios debieran aumentar fuertemente en marzo, cuando se daba la autorización oficial, para cubrirse de los aumentos de costos en el resto del año.
Y añadió que "con esta derogación, se habilitan ajustes graduales y realistas, alineados con la evolución de la economía, sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos".
En paralelo, Milei también instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar el Decreto 2542/1991, que creó el sistema de financiamiento estatal para escuelas privadas. Esa revisión deberá contemplar el nuevo esquema de competencias provinciales en materia educativa y las actuales condiciones económicas.
"El principio de libre contratación debe ser resguardado, permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado", afirmó el decreto en sus considerandos.
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