El gobierno de Javier Milei anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad
Luego de la filtración de los audios que involucrarían coimas por parte de Karina Milei y funcionarios libertarios, el gobierno decide disolver la ANDIS y traspasar sus atribuciones al Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.
Ayer en la mañana, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, anunció el cierre de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad:
"La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud", anunció desde la sala de conferencias.
En el anuncio, no se hizo mención a la causa coimas en la ANDIS, como tampoco el brutal ajuste en las prestaciones, a las bajas y auditorías indiscriminadas, o al maltrato constante a las organizaciones y comunidad de las personas con discapacidad que vienen luchando en las calles por sus derechos.
Además, en el comunicado del Ministerio de Salud sobre la decisión desnuda la concepción que tiene el gobierno sobre la discapacidad, argumentando que la medida es "para garantizar que las políticas de discapacidad cumplan efectivamente su finalidad sanitaria".
Esta medida y concepción va en contra de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (Argentina adhirió con rango constitucional en el 2008), que recomienda a los Estados que sus organismos en discapacidad sean autónomos y apliquen políticas de manera transversal, es decir que sean capaces de coordinar distintas políticas de inclusión con las áreas de salud, educación, inclusión social, etc.
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El funcionario remarcó algunos de los argumentos para disolver la Agencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos del gobierno libertario y, que además la "causa coimas" avanza a paso firme en Comodoro Py.
Por tal motivo Manuel Adorni argumentó:
"La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente".
Para Adorni, la situación "provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario".
"Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades", sentenció el funcionario, y completó:
"Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica".
"Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación".
Según precisaron a esta agencia de la catera, la medida busca ordenar el sistema, garantizar el uso transparente de los recursos públicos, fortalecer a los equipos de salud y la atención brindada a los usuarios y sus familias. "Esta transformación no implica una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones", remarcaron.
Al respecto, admiten que se trata de un cambio que incluye la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, la eliminación de superposiciones en funciones y competencias y la reducción del 45,7% su estructura jerárquica.
"El Gobierno nacional determinó que el reordenamiento institucional es condición indispensable para proteger los recursos públicos, y garantizar que las políticas de discapacidad cumplan efectivamente su finalidad sanitaria", completaron además.
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