El funcionario que cobra sueldo como Senador desde hace 11 años y fue elegido por un dedo

En Mendoza desde el año 2018 las personas con discapacidad y sus familias demandan la renovación de los titulares de la Defensoría de Discapacidad.

Fuera de la ley

Ignorando el reclamo de la sociedad, a casi 11 años de haber asumido un cargo que por ley debió durar 5, Juan Carlos González Olsina sigue usurpando el cargo y percibiendo un sueldo cercano a $ 1.400.000, pese a que en el 2019 la Legislatura realizó un concurso de antecedentes que lo ubicó tercero en orden de méritos:

Germán Ejarque (87,9 puntos)Andrea Mohammad (87,6 puntos)Juan Carlos González (80,8 puntos)Alejandro Ontiveros (75,92 puntos)José Luis Beccaría (74,92 puntos)

Un Defensor que protege la gestión de Gobierno

Muchos relatan que Juan Carlos González Olsina tuvo un excelente desempeño cuando gobernaba Francisco "Paco" Pérez, y se lo veía muy activo denunciando en los medios de comunicación todo lo que observaba.

Laura Etchebarne, mamá de Maite, denunció incumplimiento de funciones por parte de Juan Carlos González Olsina, al no intervenir en reclamos frente a las obras sociales.

https://portada.com.ar/denuncian-incumplimiento-de-funciones-del-defensor-de-discapacidad/

Alexia Biancorroso y Natalia Jofré también relataron inacción del Defensor cuando denunciaron la vulneración del derecho a la vivienda.

https://portada.com.ar/derechos/la-casa-propia-un-derecho-dificil-de-conseguir-y-sobrellavar/

https://portada.com.ar/una-madre-con-hijo-discapacitado-fue-desalojada-en-plena-pandemia/

Antecedentes de la Defensoría de las Personas con Discapacidad

Desde el año 2013 Mendoza cuenta con un Defensor y una adjunta, cargos que deben renovarse cada cinco años, según el art. 7 de la ley 8345.

A fines de 2018, se cumplieron los pasos para elegir los nuevos defensores:

· Se abrió registro de postulantes.

· Dicha apertura fue anunciada durante tres días en el Boletín Oficial y medios gráficos de la provincia.

· Se publicó durante dos días la nómina de postulantes.

· Los antecedentes curriculares estuvieron a disposición de la ciudadanía y se permitió recibir impugnaciones u observaciones sobre los candidatos.

· Las comisiones de desarrollo social de ambas Cámaras Legislativas, en plenario y por mayoría absoluta de sus miembros, fueron las encargadas de analizar y evaluar los antecedentes de los postulantes; se elevaron cinco nombres y quedó constancia mediante acta firmada por todos los miembros que esa selección obedecía a un orden de méritos.

Castigo al mérito, privilegio al militante

Finalmente, el 13 de marzo de 2019 se llevó a cabo la asamblea legislativa tal como explicita la normativa vigente. En dicha oportunidad, el oficialismo insistió en votar contrario a la orden de mérito, solicitando que:

a) Quién había quedado en tercer lugar (el actual Defensor afín al Gobierno) continuara en su cargo.

b) Quién obtuvo el primer lugar en el mérito, quedara fuera de la selección.

c) Sólo se "respetaba" el orden de mérito del segundo lugar, que coincidía con el cargo de la defensora adjunta.

Todo el arco opositor propuso que se respetara el orden de mérito propuesto por la comisión bicameral.

En el salón de los Pasos Perdidos, cientos de personas con discapacidad y sus familiares se hicieron presentes con pancartas que pedían que "respeten el órden de méritos".

Indignados y furiosos, lograron irrumpir en el recinto a los gritos interrumpiendo a Juan Carlos Jaliff en reiteradas ocasiones, pidiendo la salida de Juan Carlos González, quien presenció todo dentro de la sala y debió salir escoltado por la Policía e insultado por las propias personas con discapacidad y sus familias.

Hecha la ley, hecha la trampa

En el año 2020 se presentó un proyecto de modificación de la ley de defensoría, por el senador Marcelo Rubio (UCR) y los senadores Pablo Priore (PRO), Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), Marcelo Diumenjo (UCR), Héctor Bonarrico (MAS FE) y Fernando Allín (Partido Socialista), buscando terminar con la independencia que se espera de un defensor o defensora de discapacidad.

De haberse aprobado la modificación se anularía el concurso de antecedentes. siendo reemplazado por la simple decisión del Gobernador, sin ningún tipo de valoración de antecedentes, salvo los que tengan que ver con la fidelidad al gobierno de turno.

La propuesta no prosperó y perdió estado parlamentario luego de ser rechazado por diversas organizaciones sociales y por un informe técnico de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que señalaba que violaba los principios de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que en nuestro país tiene jerarquía constitucional.

Dentro del paquete llamado "Ley ómnibus en Salud" vuelven a insistir en perpetuar al Defensor del Gobierno

En el marco de la irregularidad en que se encuentra la Defensoría de Personas con Discapacidad, aparece nuevamente un proyecto de ley enviado el 15 de febrero de 2024, esta vez por el propio Gobernador que intenta modificar el mecanismo de selección del Defensor y adjunto, solicitando que sea el Ejecutivo quien proponga ambos cargos y sean aprobados por simple mayoría en el Senado.

Nadie puede controlarse a sí mismo

Teniendo en cuenta el espíritu fundante de la Defensoría, quien ocupa ese cargo debe proteger los derechos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial y municipal, por lo tanto hay una contradicción inadmisible y desnaturaliza la función para lo cual se creó la Defensoría de Personas con Discapacidad

La institucionalidad sólo como eslogan de campaña

Que se desestime la selección cuidadosa, razonable que realizó una bicameral compuesta por todos los bloques, que trabajó durante treinta días, en el mayor de los escenarios de transparencia posibles, para preferir que la selección sea realizada directamente por el Ejecutivo, es una decisión arbitraria, limitada y excesivamente dedocrática.

Nada sobre nosotros sin nosotros

Esta defensoría fue producto de la lucha de las personas con discapacidad y sus familias por el reconocimiento de sus derechos, y por lo tanto, y como lo plantea la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, no debería ser modificada sin la consulta a quienes realmente viven esta situación.

Por eso, es que desde el colectivo vienen levantando la consignas de "Nada de nosotros, sin nosotros". Las organizaciones deben formar parte de los espacios de decisión sobre las luchas que vienen llevando hace años. El gobierno provincial retrocede en los derechos conquistados acallando a estos colectivos.

Qué es la Defensoría de las Personas con Discapacidad

La ley provincial 8345 fue producto del arduo trabajo de legisladores de Mendoza, que se hicieron eco de las demandas de las personas con discapacidad y las organizaciones y reconocieron la necesidad de contar con una Defensoría de personas con discapacidad, organismo autónomo e independiente que tiene como misión la defensa y protección de los intereses y derechos de las Personas con Discapacidad tutelados por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial y municipal, de prestadores de servicios públicos, de entidades financieras y de las personas físicas o jurídicas que generen conflictos con ellas (art. 2, ley 8345).

El defensor percibe un sueldo equivalente a la dieta de un Senador Provincial, que es de $ 1.400.000, aproximadamente

Dirección y Contacto de la Defensoría de las Personas con Discapacidad:

Gutiérrez 51, Mendoza, Argentina,

Tel 261-4493882

Mail: defensoriadediscapacidad@gmail.com