El ajuste también se pinta

La Dirección General de Escuelas lanzó una convocatoria para que voluntarios y muralistas pinten y mantengan escuelas públicas sin cobrar. Bajo el nombre ColaborArte 2026, el gobierno provincial apela al trabajo gratuito para suplir la falta de inversión en infraestructura escolar. La iniciativa expone el modelo educativo del gobierno de Alfredo Cornejo, donde el ajuste se disfraza de participación comunitaria y el Estado se corre de sus responsabilidades básicas.

La Dirección General de Escuelas de Mendoza lanzó ColaborArte 2026, un programa que convoca a voluntarios mayores de 18 años para realizar tareas de pintura y mantenimiento en establecimientos educativos de la provincia. La iniciativa, presentada como una acción solidaria, busca mejorar el estado de los edificios escolares sin interferir con el dictado de clases, organizando las tareas durante fines de semana y períodos no lectivos.

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La convocatoria, difundida en otros portales como una noticia positiva, deja sin embargo una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿desde cuándo el mantenimiento de la infraestructura escolar depende del trabajo gratuito y además los voluntarios deban tener habilidades en pintura?.

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Según informó la DGE, los voluntarios serán coordinados por personal del organismo y contarán con cobertura de seguro. Para participar deberán inscribirse mediante un formulario y acreditar habilidades acordes a las tareas. Qué detalle. Hay formulario, hay seguro, hay organización.

Lo que no hay es remuneración.

Pero hay algo todavía más revelador. El programa no solo convoca a personas con experiencia en pintura, sino también a muralistas, colectivos artísticos y personas interesadas en el arte urbano. Al parecer el gobierno de Cornejo desconoce la crisis económica existente, entendemos que los artistas plásticos o ligados a la cultura no están pasando por su mejor momento económico, como para trabajar gratis. Es decir, artistas plásticos, expresionistas, trabajadores culturales, llamados a intervenir espacios educativos sin cobrar un peso, como si el arte fuera un pasatiempo y no un trabajo.

En una provincia con una escena artística activa, diversa y precarizada, el Estado decide no contratar, no abrir concursos, no pagar honorarios, sino apelar a la buena voluntad. El mensaje es claro: el trabajo creativo no vale, o vale tan poco que puede pagarse con agradecimientos y visibilidad.

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Esta no es una anécdota aislada. Es una señal manifiesta del modelo de gestión del gobierno de Alfredo Cornejo. Ajuste, reducción del gasto público y desplazamiento de responsabilidades hacia la comunidad, bajo el rótulo amable de "voluntariado". La infraestructura escolar, lejos de ser una prioridad presupuestaria, se convierte en un problema a resolver entre todos, siempre y cuando ese "todos" trabaje gratis.

Lo paradójico -o lo más difícil de digerir- es que en Mendoza una parte importante del colectivo docente, históricamente bastardeado, mal pago y estigmatizado, sigue acompañando electoralmente a gobiernos de derecha. Los mismos gobiernos cuyos discursos mediáticos los acusan de no trabajar, de "estar panza arriba", de ser un gasto y no una inversión.

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Ahora, directamente, el Estado ni siquiera disimula: pide voluntarios para pintar escuelas. No hay presupuesto, pero hay convocatoria. No hay salarios dignos, pero hay seguro. No hay respeto por el trabajo, pero hay relato.

Porque garantizar educación pública no es solo abrir las aulas. También es invertir, contratar, pagar y valorar a quienes sostienen el sistema, desde docentes hasta trabajadores culturales. Todo lo demás es maquillaje.

Y cuando un gobierno necesita pinceles solidarios para cubrir lo esencial, no está fomentando la participación ciudadana.

Está confesando su retirada.

Cuando el voluntariado se vuelve peligro

Ojalá no se les ocurra ir un paso más allá. Ojalá no aparezca la idea de buscar "alguien que tenga un poquito de conocimiento en gas", aunque no esté matriculado, para revisar calefactores. O "algún electricista solidario". O alguien que "se dé maña" con cloacas, conexiones o instalaciones sensibles. Porque ahí el ajuste deja de ser simbólico y pasa a ser directamente riesgoso.

No hace falta imaginar escenarios: ya pasó . En la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, murieron dos docentes, Sandra y Rubén, por la explosión de un artefacto de gas en una escuela en malas condiciones. El Estado no había garantizado mantenimiento, controles ni inversiones básicas. El resultado fue una tragedia evitable. Y, como suele ocurrir, no hubo responsables políticos presos ni condenas ejemplares. La exgobernadora sigue libre, sin causas judiciales vinculadas a ese hecho.

La comparación es inevitable. En la Argentina, según quién gobierne, la vara judicial cambia. Siguiendo esa misma lógica, la situación de Cristina Fernández de Kirchner muestra hasta qué punto la justicia y la política no pesan igual para todos.

Por eso el voluntariado en infraestructura escolar no es un gesto ingenuo. Es una señal clara de un Estado que se guarda, que achica su presencia y que empieza a naturalizar que lo esencial se resuelva con buena voluntad ajena. Pintar paredes hoy. Revisar calefactores mañana. Y cuando ocurre una tragedia, mirar para otro lado.

Porque una cosa es promover participación comunitaria.

Otra muy distinta es reemplazar al Estado con voluntarios.

Y cuando eso pasa, lo que está en riesgo no es solo el presupuesto.

Está en riesgo la vida.

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