Duro informe del Comité contra la Tortura de la ONU sobre el gobierno de Milei

Qué determina este organismo de la ONU

El Comité contra la Tortura de la ONU -CAT- es el organismo que vela por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, aprobada por ley en Argentina en 1986.

Entre el 12 y 13 de noviembre pasado, el comité recogió la información de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Comité Nacional para la Prevención de la Tortura CNPT, la Comisión Provincial por la Memoria y Centro de Estudios Legales y Sociales, sobre el creciente aumento violencia policial y represión estatal de la administración libertaria.

Negacionismo

El Comité manifestó su "consternación por el desmantelamiento de equipos y programas encargados de investigar y analizar la documentación y los archivos existentes respecto del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar y los recortes presupuestarios a varias instituciones que trabajan en cuestiones de memoria, verdad y justicia".

Al mencionar sus recomendaciones anteriores, dijo que la Argentina "debe continuar sus esfuerzos para investigar todas las denuncias de crímenes de lesa humanidad, incluidas aquellas que involucren torturas y desapariciones forzadas cometidas durante la última dictadura cívico-militar, proveer los recursos necesarios para ello, y garantizar la preservación y el acceso a archivos estratégicos para las investigaciones judiciales e históricas, y seguir garantizando la reparación integral de las víctimas y/o sus familiares, de conformidad con lo dispuesto en la Convención".

Uso y abuso de las fuerzas

Bajo el título: "Uso excesivo de la fuerza en contexto de protestas", el Comité mantuvo su preocupación respecto de la resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional sobre uso de armas de fuego, porque "debilitan la obligación de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales de identificarse durante los operativos y amplían su discreción para recurrir al uso de armas de fuego ante la mera sospecha de la comisión de un delito grave".

También sostuvo su alarma respecto la resolución 704/2024 que establece un reglamento para el uso de armamento no letal --que las organizaciones de derechos humanos denominan "meno letal"-- por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federal, porque no especifica las situaciones en las que pueden utilizarse dichas armas.

Protocolo Anti Piquetes

Otro punto de preocupación del CAT es la resolución 943/2023 (protocolo Anti Piquetes) porque no incluye criterios claros para limitar el uso de armas menos letales. El Comité lamentó la falta de respuesta a la solicitud de información respecto de quién y cómo se adoptan las decisiones para invocar este protocolo.

Además, consideró que el protocolo habilita una "presunción automática de flagrancia en casos de cortes de ruta" y la "ampliación de las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad en este tipo de situaciones, sin las salvaguardias necesarias para evitar restricciones indebidas al derecho de manifestación".

Abuso policial

Sobre los abusos policiales, el énfasis estuvo puesto en las denuncias de actos de violencia desproporcionada por parte de efectivos policiales, así como un uso excesivo de la fuerza durante arrestos, especialmente en situaciones de flagrancia y registros policiales.

El Comité expresó "su seria preocupación por las situaciones de detención prolongada, incluyéndose informes de casos en los que algunas personas han sido retenidas por más de seis meses o inclusive más de un año, en comisarías y otras dependencias policiales, que, por su propia naturaleza, no están diseñadas para estancias de larga duración".

Detenciones

"El Comité expuso su preocupación por las deficiencias en el derecho de las personas privadas de libertad a ser informadas de las razones de la detención y de los cargos que se les imputan, especialmente en los arrestos realizados en la vía pública en situaciones de flagrancia o en el marco de registros policiales sin orden judicial, que afectarían particularmente a niños y niñas, personas trabajadoras sexuales y personas en situación de calle, principalmente aquellas que padecen enfermedades de salud mental".

Respecto a los informes que indican un aumento de las denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales desde 2024, el Comité manifestó su particular inquietud por "actos de tortura y/o malos tratos, como golpes, amenazas, humillaciones, prácticas violentas de "bienvenida" e interrogatorios coercitivos, presuntamente cometidos por agentes penitenciarios y de policía".

Baja en la edad de imputabilidad

Otro motivo de alerta, fue el elevado número de niños, niñas y adolescentes privados de libertad en el país, su internamiento en centros alejados de sus familias, la imposición de penas superiores a diez años de privación de libertad y las condiciones inadecuadas en dichos centros.

"El Comité comparte las preocupaciones expresadas por otros órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos respecto del proyecto de ley actualmente en trámite, que, de ser aprobado, reduciría la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años".

Argentina tiene un año para proporcionar al Comité contra la Tortura de la ONU información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención prolongada en dependencias policiales, el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, el uso excesivo de la fuerza en el contexto de la protesta social, e investigación de denuncias de tortura y malos tratos e impunidad.