Denuncias falsas en Argentina: el problema de un sistema judicial que opera con prejuicio
Denuncias falsas y prescripción de delitos: cuando la justicia investiga hechos ya extinguidos y destruye vidas en el camino. Penalistas advierten que, en algunos casos, el sistema judicial opera con prejuicio.
Las denuncias falsas en casos de violencia de género representan un problema importante en el sistema judicial argentino. Si bien la protección de las víctimas de violencia es una prioridad, existen personas que utilizan la justicia como un medio para la venganza personal, obtener beneficios económicos o simplemente para perjudicar a alguien.
Esto ha llevado a situaciones en las que una simple declaración, sin pruebas contundentes, es suficiente para que alguien termine detenido de manera preventiva. Peor aún, hay casos en los que existen pruebas claras que desmienten la denuncia, pero jueces y fiscales deciden avanzar con el proceso, vulnerando el principio de presunción de inocencia.
Cuando la víctima es el varón, pero la justicia no lo ve así
Se han registrado múltiples casos en los que un varón acude primero a la comisaría o fiscalía para denunciar una agresión, amenazas o violencia psicológica por parte de su pareja. Sin embargo, si minutos después la mujer se presenta en el mismo lugar, se le da prioridad a su testimonio, incluso si no tiene pruebas. Esto marca desde el inicio un sesgo que deja al varón en una posición de desventaja e indefensión, siendo tratado como el agresor aún cuando las pruebas indiquen lo contrario.
Un caso que ejemplifica esta problemática es el de Mariano Grinspun, asesinado el 22 de octubre de 2024 por su novia, Natacha Araceli Palavecino. Testimonios indican que Mariano ya había realizado una denuncia previa por violencia doméstica, pero lamentablemente, la situación culminó trágicamente.
Este caso ilustra cómo, a pesar de que algunos varones intentan denunciar situaciones de violencia en su contra, sus denuncias no siempre reciben la atención adecuada, lo que puede llevar a consecuencias fatales.
La prescripción de los delitos es una herramienta legal diseñada para garantizar el debido proceso y evitar abusos.
También podemos citar (como ya lo hemos hecho anteriormente en Diario Portada) el caso trágico que ilustra las devastadoras consecuencias de una denuncia falsa es el de Agustín Muñoz, un joven de 18 años de Bariloche. En diciembre de 2018, Agustín, quien participaba activamente en movimientos feministas, fue acusado públicamente por una amiga cercana de haber cometido abuso sexual. Esta acusación se difundió rápidamente en redes sociales y durante una marcha contra el abuso, donde su nombre fue mencionado como agresor.
Posteriormente, la amiga admitió que la acusación era falsa, producto de un momento de enojo, y se disculpó públicamente. A pesar de ello, el daño ya estaba hecho. Agustín sufrió hostigamiento y escarnio público, lo que lo sumió en una profunda depresión. Lamentablemente, el 22 de diciembre de 2018, Agustín decidió quitarse la vida.
Este caso resalta la necesidad de abordar las denuncias con responsabilidad y cautela, considerando el impacto que pueden tener en la vida de las personas involucradas.
Este fenómeno ha sido señalado por abogados penalistas y especialistas en violencia de género, quienes advierten que, en algunos casos, el sistema judicial opera con prejuicio: el varón es visto como el agresor por defecto, sin un análisis real de los hechos.
La prescripción de delitos: una herramienta jurídica ignorada
El Código Penal argentino establece tiempos claros de prescripción para cada delito, (aunque el daño nunca "prescribe", lo punitivo institucional, sí) lo que significa que, una vez transcurrido cierto tiempo, la acción penal se extingue y no puede imputarse a una persona. Sin embargo, muchas fiscalías y juzgados continúan tomando denuncias por delitos ya prescriptos, generando procesos ilegales y detenciones injustificadas.
Los plazos de prescripción dependen de la pena máxima prevista para cada delito:
- Pena de prisión perpetua: 15 años
- Pena superior a 15 años: 12 años
- Pena de entre 10 y 15 años: 8 años
- Pena de entre 5 y 10 años: 6 años
- Pena de entre 3 y 5 años: 5 años
- Pena de hasta 3 años (lesiones leves, amenazas, violencia psicológica): 3 años
- Multas e inhabilitaciones temporales: 2 años
Esto significa que una denuncia por amenazas, violencia psicológica o lesiones leves que ocurrieron hace más de tres años no debería siquiera ser tomada en cuenta. No obstante, en muchas fiscalías se toman estas denuncias sin verificar los tiempos, y con eso se inicia un proceso injusto contra alguien que, legalmente, no puede ser perseguido.
La prescripción de los delitos es una herramienta legal diseñada para garantizar el debido proceso y evitar abusos. No significa impunidad, sino que establece un límite temporal razonable para que la justicia actúe. Ignorar estos plazos es una violación de derechos fundamentales.
El caso del contador de Mendoza
En 2009, un contador mendocino fue acusado por su esposa de abusar de su hija de 4 años. A pesar de la falta de pruebas, la denuncia desencadenó un prolongado proceso judicial. Finalmente, el padre obtuvo la tenencia y la patria potestad de su hija, recuperó la casa familiar y ganó un juicio por alimentos contra su exesposa. Este caso fue documentado en el libro "Hasta que vuelva a tenerte" del periodista Roly López en 2011.
Otro caso es el de Juan Manuel Foster, psicólogo y referente de la ONG Infancia Compartida, lleva más de 8 años sin ver a su hijo debido a una denuncia considera falsa. Aunque la causa penal se resolvió en dos años, la causa civil, encargada de la revinculación, aún no ha finalizado, evidenciando las demoras del sistema judicial en estos casos.
Las denuncias falsas en casos de violencia de género representan un problema importante en el sistema judicial argentino.
Estos casos reflejan la gravedad de las denuncias falsas y su impacto en la relación entre padres e hijos, resaltando la necesidad de procedimientos judiciales más eficientes y justos.
Otros episodios judiciales más mediáticos como el de Marley y Jay Mamón: la condena social frente a la condena institucional
En cuanto a Marley, el conductor de televisión, se presentó una denuncia por un delito que, aparentemente, había prescripto. Sin embargo, esta denuncia no avanzó de manera significativa, lo que plantea dudas sobre cómo se manejan ciertos casos dependiendo de la persona involucrada. A pesar de las circunstancias, el caso no generó una condena pública de gran magnitud, y las consecuencias sociales fueron limitadas.
Por otro lado, Jay Mamón, quien también fue acusado en circunstancias similares, no corrió con la misma suerte. En su caso, la denuncia fue tomada en cuenta y, como resultado, se suspendieron todos sus programas, evidenciando una respuesta inmediata y tajante desde la condena social e institucional. Este caso muestra cómo la condena social y mediática puede tener un peso considerable, muchas veces antes de que haya un proceso judicial claro o una sentencia.
El doble estándar de la justicia
Mientras algunas personas esperan tras las rejas sin un juicio justo por denuncias infundadas, otras, debido a su origen o estatus social -como en el caso de los rugbiers franceses recientemente liberados- parecen estar exentas de este rigor.
La ley debe ser pareja para todos. Ni la venganza personal ni la presión social deberían definir el destino de alguien que todavía no ha sido juzgado. Y si un delito ya prescribió, no hay argumento válido para mantenerlo en un expediente judicial.
Aplicar la ley con seriedad no significa desproteger a las víctimas reales, sino garantizar que el sistema judicial no se convierta en un mecanismo arbitrario donde cualquiera puede ser culpable solo por ser señalado.