De Condor a Lawfare: el nuevo golpe blando en América Latina

Ya no hace falta revolear tanques. Alcanzan unas partidas de pádel en Olivos, una embajada que "sugiere", y un tuit agradecido entre empresarios y jueces. La justicia ya no baja por la espada: baja por la app del juez Borinsky.

Para entender lo que está pasando hoy con la causa Vialidad y la condena a Cristina Fernández de Kirchner, primero hay que retroceder. No 17 años, como dijo Macri con su típica impostación mesiánica, sino quizás 50. Al Plan Cóndor. A aquel entramado criminal que conectó dictaduras latinoamericanas bajo el ala protectora de Washington. Porque el golpismo, como el poder, no muere: se reinventa. Y lo que ayer fueron militares entrenados en la Escuela de las Américas, hoy son jueces que almuerzan en Harvard, juegan al pádel en Olivos, y luego condenan en Comodoro Py.

La causa contra Cristina no nació de la nada ni con la denuncia de Carrió en 2008. Tampoco con las cinco obras peritadas en Santa Cruz -de las cientos que habría que haber revisado si realmente se buscaba justicia-. Nació cuando Mauricio Macri, ya presidente, designó a Javier Iguacel como director de Vialidad Nacional, y se creó una oficina especial no para combatir la corrupción, sino para cazar a Cristina. Sí, textual. El mismo Iguacel que se jacta en Twitter de haber iniciado la causa, y que recibió el aplauso del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín. Empresario agradecido. 

Pero no es un tuit lo que huele mal. Es el destino. Iguacel, el "funcionario común", fundó en julio pasado una empresa, Ventia Energy, con la que en tiempo récord compró siete pozos de YPF por 150 millones de dólares. Un número imposible para cualquier argentino promedio. Salvo que el premio por el servicio político venga antes que el balance contable.

Lo mismo pasa con los testigos. A Amado Boudou lo metieron preso gracias al "testigo clave", Alejandro Vandenbroele , que luego abrió un hotel boutique en Chacras de Coria. Casualmente, Mendoza. Casualmente, como testigo protegido. Casualidad o recompensa.

Detrás de estas maniobras, una red aceitada de jueces, empresarios y operadores judiciales. El director jurídico que montó la causa de Vialidad, Ricardo Stoddart, provenía del estudio Marval, defensor local de Abertis, la multinacional socia de los Macri en los peajes. Pasó de litigar contra el Estado, a garantizarle a sus ex clientes una rentabilidad de 746 millones de dólares con plata pública. ¿Cómo? Renovando concesiones hasta 2030. Si no alcanzan la ganancia prometida, el Estado paga la diferencia. Vos pagás la diferencia.

La planilla oficial del 2 de agosto de 2018 dice que Mariano Borinsky, juez clave en la Cámara de Casación Penal, jugó al pádel con Mauricio Macri. No una vez: 14 veces según publicó El Destape, Ari Lijalad. Borinsky no fue a Olivos a resolver un conflicto institucional: fue a "jugar". Como quien afloja el brazo antes de firmar una condena. Las planillas dicen cancha de pádel. También fútbol. También cenas. ¿Comidas livianas, charlas pesadas?

En esas reuniones estaban: Fernando Niembro, Martíniano Molina, Santiago Otamendi (número dos del Ministerio de Justicia), Rodrigo de Loredo, María Eugenia Vidal, Pichetto, Santilli, Mariana Fabbiani, Alejandro Macfarlane. Y claro, jueces. Todos. En la misma cancha. En el mismo equipo.

¿Y la justicia? Bien, gracias.

En Lawfare, Rafael Bielsa y Pedro Peretti despliegan una investigación lúcida y urgente sobre una nueva forma de persecución política: el uso del aparato judicial y los medios de comunicación para disciplinar, estigmatizar y neutralizar a líderes populares en América Latina. Con un recorrido que va desde el Primer Centenario hasta Cristina Fernández de Kirchner, el libro traza la evolución del golpismo blando, donde ya no hacen falta tanques ni dictadores, sino jueces funcionales, operadores mediáticos y la siempre presente injerencia de la embajada de los Estados Unidos.

Apoyados en datos, casos paradigmáticos y una mirada profundamente política, Bielsa y Peretti denuncian cómo el lawfare reemplazó al Plan Cóndor en esta nueva etapa del imperialismo judicial. Una obra fundamental para comprender las raíces y los engranajes de la persecución en tiempos de democracia formal.

En esta nueva etapa del lawfare, ya no hace falta bombardear la Casa Rosada. Basta con manipular el Poder Judicial. Ya no mandan militares a entrenarse a Panamá: mandan jueces a simposios financiados por ONGs que responden a embajadas extranjeras. El lawfare -guerra jurídica- es la versión elegante del golpe blando. Sin sangre, pero con sentencia.