Cuando la escuela cierra la puerta

El caso de un alumno que no logra reinscribirse y el costado invisible de una educación que expulsa sin decirlo.

Las actas internas, la intervención judicial y un acta notarial revelan que no hubo expulsión formal, ni deuda significativa, ni causa disciplinaria comprobable.

Sin embargo, el alumno quedó afuera.

Los certificados médicos señalan que padece un cuadro de pánico por el estrés generado por la institución. Y, según surge del expediente, un docente llegó incluso a ejercer maltrato psicológico sobre el niño.

El caso vuelve a exponer una pregunta que ya no debería seguir esperando respuesta:

¿Qué derecho asiste realmente a un menor cuando la escuela, que debía protegerlo, se vuelve parte del daño?

El portón cerrado

En un colegio de gestión religiosa del Gran Mendoza, un alumno que finaliza el nivel primario intenta continuar su educación en el mismo lugar. Su madre y el abogado, su tutor, se presentan para inscribirlo, abonar lo adeudado y garantizar la continuidad.

Pero se encuentran con una escena desconcertante: el niño no figura en las listas y, según les dicen, el plazo ya venció.

Días después, se les impide ingresar. La institución llama a la policía y se niega a brindar explicaciones.

Detrás de esa puerta cerrada hay un expediente judicial, una escribanía que fue testigo y actas internas que nadie muestra. Todo junto deja una pregunta que incomoda:

¿puede una escuela privada impedir el derecho a la educación de un niño por conflictos con los adultos que lo acompañan?

Lo que dicen los papeles

Los libros de actas registran desde 2022 reuniones entre la conducción, los docentes y la familia del alumno.

Allí se mencionan su situación emocional, los compromisos de la madre y las intervenciones del equipo directivo.

En ningún momento figura una decisión de expulsión ni una sanción extrema.

Lo que sí aparece -y preocupa- es la descripción de un episodio donde un docente habría hostigado y humillado al niño frente a sus compañeros.

La familia lo interpretó como un caso de bullying institucional.

Y es allí donde el conflicto empezó a crecer: la escuela, lejos de contener, cerró filas en torno al profesor, desviando la atención hacia los padres y el abogado que los acompañaba , en su carácter de tutor del menor .

Paradójicamente, la institución que debía prevenir el acoso se volvió parte del problema.

Un certificado que contradice el argumento económico

En noviembre de 2025, el propio colegio emite una certificación oficial: el alumno es estudiante regular de séptimo grado y las cuotas están al día hasta octubre, quedando pendientes sólo noviembre y diciembre.

No se trata, entonces, de morosidad ni de falta de cumplimiento.

Si el problema fuera económico, podría resolverse con un plan de pago o una beca.

Pero lo que hubo fue una negativa rotunda a recibir dinero y permitir la reinscripción, sin fundamento escrito ni explicación formal.

La justicia toma nota

Ante la negativa, interviene la justicia.

Una oficial revisa los libros y deja constancia de que se invocan viejos antecedentes del 2022 y que se impide el ingreso del abogado, sin exhibir las actas en que se basa esa decisión.

Así, el chico queda suspendido en un limbo jurídico y educativo: no expulsado, pero tampoco reinscripto.

Ni adentro ni afuera.

Invisible. 

El día que llamaron a la policía

En octubre de 2025, el abogado se presenta a pagar la inscripción. Desde administración le informan que el plazo venció, aunque antes habían dicho que se extendía hasta fin de mes.

Pide hablar con la dirección. Llega la madre. Ambos insisten.

La respuesta es insólita: les niegan el ingreso, alegando la existencia de dos actas internas que prohíben la presencia del abogado.

Minutos después, la escuela convoca a la policía.

Los efectivos ordenan al profesional retirarse y, según el acta notarial, uno de ellos lo amenaza con "perder la libertad" si insiste.

La escribana que interviene deja constancia de que no se exhiben las actas y que las cámaras del colegio registraron todo.

Así, el trámite más simple -la reinscripción de un alumno- termina convertido en una escena de expulsión simbólica: un chico, su madre, un abogado, y una puerta que no se abre.

El peso invisible: un chico en estado de pánico

Los certificados médicos incorporados al expediente son contundentes.

El alumno presenta un cuadro de pánico y ansiedad severa producto del estrés institucional.

Los profesionales que lo atienden describen insomnio, miedo a volver al colegio y sensación de exclusión.

La educación, que debía proteger, terminó dañando.

Y este daño emocional -difícil de probar judicialmente- explica buena parte de la deserción escolar silenciosa que crece en el país.

Porque hay chicos que no se van: los van empujando.

A veces por un docente que maltrata, otras por una estructura que se defiende a sí misma antes que a sus alumnos.

Rehenes de un sistema invisible

Muchas veces, detrás de estos conflictos, priman relaciones personales rotas entre las familias y la institución.

La escuela deja de ser un espacio de mediación y se transforma en un campo de poder, donde los hijos quedan en el medio, rehenes de un sistema invisible que les da la espalda.

La pregunta, entonces, ya no es retórica:

¿qué derecho asiste a este niño cuando el daño viene del propio lugar que debía cuidarlo?

Lo que este caso deja sobre la mesa

Más allá de lo que resuelva la justicia, el caso abre interrogantes que no deberían pasarse por alto:

• ¿Hasta dónde llega la autonomía de las escuelas privadas cuando están prestando un servicio público esencial?

• ¿Es legítimo ocultar actas internas para justificar una exclusión?

• ¿Qué responsabilidad asumen las autoridades estatales frente a un menor al que se le niega su derecho básico a educarse?

Un espejo que devuelve una verdad incómoda

Mientras tanto, la escena sigue siendo la misma: un chico que quiere estudiar, una madre que no baja los brazos, un abogado que intenta ejercer su función de tutor , y una puerta cerrada, custodiada por uniformes, en nombre de actas que nadie muestra.

Y quizá todo esto no sea más que un reflejo de un sistema que se volvió rígido, autorreferencial, incapaz de escucharse.

Un sistema que, como advertía el documental La Educación Prohibida, reproduce desigualdades bajo el disfraz de orden y excelencia.

Un sistema que habla de "trayectorias continuas" mientras interrumpe infancias.

Quizás por eso, cada vez más familias miran hacia otro lado y eligen abrir las ventanas de su propia casa para educar a sus hijos.

Porque cuando la escuela se vuelve un muro, la educación -como el aire- busca por dónde seguir respirando.