Claro como el agua clara. Ambientalistas elaboran un documento demoledor
Miembros de organizaciones elevaron un documento a la ministra Jimena Latorre, 27 páginas con datos de incumplimientos. -Parque Provincial Aconcagua. -Arbolado público.. -Ordenamiento territorial. -Declaración de Impacto ambiental. -Zoológico y ecoparque. -Ley de humedales. -Colas de uranio. -Descontrol en minería.
La flamante ministra de ambiente y energía, Jimena Latorre, recibió una nota elaborada y firmada por organizaciones y personas dedicadas a la temática del ambiente.
Abrumador y contundente
El documento de 27 páginas contiene un detallado informe sobre los incumplimientos del Estado provincial en la materia. Destaca la contradicción ostensible de una Mendoza pionera en materia del cuidado del ambiente, de los destinos del agua y de la preservación de sus recursos naturales, que hoy ignora e incumple sin activar los muchos mecanismos técnicos y legales existentes.
Referentes indiscutibles
Al pie podrá leerse la cantidad de firmas de agrupaciones y entidades que han constituido este documento, y de personalidades de trayectoria tan conocida como incuestionable. Jennifer Ibarra, de Fundación Cullunche y Eduardo Sosa, elegimos no caprichosamente como dos defensores e impulsores de políticas que protegen la ecología y contemplan aspectos de incidencia social.
Recordemos que Eduardo Sosa fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente del primer gobierno de Alfredo Cornejo, y renunció exponiendo la imposibilidad de llevar adelante una gestión apta y coherente con los propósitos planteados. Que un funcionario de alto rango e idóneo renuncie es algo infrecuente, y destacable cuando se trata de defender los objetivos convocantes por sobre las imposiciones coyunturales.
El coloso de América
Entre los muchos señalamientos puntuales, se encuentra el reclamo sobre el Parque Provincial Aconcagua y la ausencia del Plan de Manejo del mismo. Ejemplifican con el aún anacrónico uso de mulas cargueras, que ya se inscribe además en una inmoralidad existiendo métodos, desde hace muchos años, que evitan el destrato animal. Pero lo ciertamente colosal del documento es la enorme cantidad de leyes que se incumplen.
Los bosques caídos no permiten ver el árbol.
Otro aspecto del que Mendoza fue pionera, como es la ley de forestación y la restitución de los ejemplares que se talen, se incumple. La ley 7874, que dicta cómo deben articularse los distintos entes del Estado para dar cumplimiento a mantener y mejorar las arboledas. Municipalidades, Vialidad Provincial, Departamento General de Irrigación, ni por separado ni en conjunto presentan los informes en donde se detalle cuales son los motivos de erradicación ni cómo la reforestación, implantación de nuevos ejemplares.
Hecha la ley, hecha la excepción.
La excelente noticia que suelen dar por la instalación de parques fotovoltaicos -parques solares- por la contribución que prometen las energías limpias, se degrada ante los inexplicables apuros y la omisión del cumplimiento, en este caso, de la ley 5961, de 1992, que propende al cuidado de los espacios de monte natural.
Las empresas, tanto como lo hombres, son buenas, pero si se las controla, son mejores.
Puntualizan la ausencia de controles y el soslayo de las leyes que se incumplen sin una explicación argumentada. La destrucción de la cuenca del Arroyo El Desecho, en el Valle de los Molles es uno de los tantos. Los emprendimientos de montaña, el desprecio por la protección de glaciares, a pesar de la Ley que es taxativa al respecto, son parte de este documento que seguramente le será de gran ayuda a la ministra Latorre
La palabra como gatillo de la acción.
Al repasar las 27 páginas lo que se advierte con mayor claridad es el desprecio que hay sobre las leyes que el mismo Estado sanciona. Creación de organismos, consejos, entidades, en vano. Promoción de actividades que luego abandonan. Surge la inquietud, legisladores y miembros del poder ejecutivo ¿creen que la tarea concluye cuando se firma el decreto de reglamentación de una ley?.
Ordenémonos, por favor
Pocas legislaciones han contado con tanto interés, y han sido tan debatidas como la de Ordenamiento Territorial. Aunque en su articulado persistan diferencias de criterios, lo concreto es que no está operativa, y tanto el crecimiento urbano como las reservas, la planificación productiva del agro y todo lo que encierra ese texto está sujeta al azar o la buena voluntad de actores circunstanciales. Poco serio. Otro de los reclamos incluidos en el documento.
No se hagan los monos.
Algo que hemos planteado en otras oportunidades desde PORTADA es el misterio que esconde el Ecoparque. Más de ocho años atrás decidieron cerrar un paseo al que difícilmente no haya asistido algún mendocino o alguna mendocina que supere los 20 años, hoy. Varios de los firmantes de este documento fueron quienes impulsaron la idea de actualizar conceptos y evitar que animales de otras zonas deban sufrir el cautiverio para diversión humana. Hoy, los mismos impulsores ignoran qué es lo que han hecho adonde funcionaba el Parque Zoológico. Extraña que el gobernador actual, tan proclive a elogiar la actividad privada, no haya hecho un parangón. Qué empresa soportaría estar 8 años cerrada teniendo costos fijos importantes y sin que el futuro público conozca la maravilla que se está gestando (descontamos que con 8 años de trabajos y de la imposibilidad de auditar, una vez inaugurado el Ecoparque, caeremos de espaldas de la genialidad que nos espera).
Las buenas intenciones.
Es notorio que la información relevada no sólo destaca incumplimientos, sino que señala a la vez, lo que la Provincia, con el auxilio de expertos e instituciones puede restablecer. Consideraciones específicas como el proyecto en el Valle de Uspallata, así como aportes que serán de gran utilidad a la hora de avanzar con obras de importancia vital, como son las planificadas centrales hidroeléctricas.
Cuando lo verde no es sólo el follaje de los árboles.
En ninguna de las muchas observaciones, críticas y propuestas, figura algo que haga suponer que este documento, además de ser una herramienta de gran utilidad para las autoridades del gobierno de Mendoza, sea una advertencia en relación al uso de los tentadores mil veintitrés millones de dólares que completará este año el Gobierno nacional, como indemnización pactada por los perjuicios sufridos frente a la promoción industrial de la que gozaron los vecinos de Mendoza.