Las penas del clan judicial: así castigó la Justicia a la banda que cobraba coimas
Tras la condena histórica al exjuez federal Walter Bento, el Tribunal Oral Federal Nº 2 dio a conocer las penas impuestas a los abogados, intermediarios y funcionarios que integraron la asociación ilícita. Roles, delitos y sentencias, uno por uno.
El fallo del Tribunal Oral Federal Nº 2 dejó en claro que la corrupción no fue un hecho aislado ni individual. Junto a Walter Bento operó una red aceitada de abogados, intermediarios, policías y contactos clave que articulaban el cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales. Cada integrante cumplía un rol específico dentro de una estructura jerárquica, diseñada para garantizar impunidad, libertad o alivio procesal a imputados en causas sensibles, especialmente de contrabando y narcotráfico.
Condena histórica: 18 años de prisión para el exjuez Walter Bento por corrupción y coimasLos organizadores: abogados con poder y contactos
En el segundo escalón de la organización se ubicaron Luciano Ortego y Jaime Alba, señalados como organizadores del esquema. Ortego fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión, acusado de articular cuatro hechos de cohecho, aunque recibió una pena menor a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Alba, en cambio, fue sentenciado a 7 años, exactamente lo pedido por los fiscales, por su rol clave en al menos una de las maniobras.
Ambos fueron considerados piezas centrales para conectar al juez con los imputados dispuestos a pagar.
Junto a Walter Bento operó una red aceitada de abogados, intermediarios, policías y contactos clave.
Miembros clave: narcos, abogados y policías
Entre los miembros de la asociación ilícita aparece el nombre de Walter Bardinella Donoso, condenado a 4 años de prisión, aunque deberá cumplir una pena única de 13 años al unificarse con una condena previa por narcotráfico. El fallo lo describe como beneficiario directo del sistema y, al mismo tiempo, como partícipe activo en el pago de coimas.
También fue condenado el comisario Gabriel Moschetti, quien recibió 3 años y medio de prisión por su rol como miembro de la banda, una pena inferior a la solicitada por la fiscalía, pero que confirma la penetración del esquema en fuerzas de seguridad.
El fiscal Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), quien centró su exposición en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Abogados que operaban dentro del engranaje
Otros letrados también fueron sentenciados por integrar la red. Martín Ríos recibió 5 años de prisión, la misma pena solicitada por el MPF, por actuar tanto como intermediario como coautor en pagos ilegales.Francisco "Chato" Álvarez fue condenado a 3 años, mientras que Matías Aramayo recibió 4 años de cárcel, ambos por su participación en hechos concretos de cohecho pasivo dentro de la asociación ilícita.
Un mensaje hacia el sistema judicial
El fallo no solo individualizó responsabilidades, sino que dejó un mensaje institucional: la Justicia puede juzgarse a sí misma. Las penas, aunque dispares, confirman la existencia de una red criminal enquistada en el Poder Judicial Federal de Mendoza, y marcan un precedente inédito en materia de corrupción judicial en Argentina.