La caída de la recaudación ya impacta en Mendoza: salud en conflicto y mayor dependencia de fondos nacionales
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que la disminución de la recaudación nacional y provincial está generando tensiones crecientes en las administraciones públicas de todo el país. En ese contexto, Mendoza aparece como una de las provincias afectadas tanto por la caída de recursos como por el aumento de la conflictividad laboral estatal.
Para entender el impacto de la caída de la recaudación es necesario comprender cómo se financian las provincias argentinas. Los recursos que llegan desde la Nación se distribuyen principalmente a través de tres vías. La primera son las transferencias automáticas, fundamentalmente la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), integrada principalmente por la recaudación del IVA y el Impuesto a las Ganancias, cuyos fondos se distribuyen diariamente entre las jurisdicciones. La segunda corresponde a las transferencias no automáticas, que incluyen instrumentos como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los Programas de Asistencia Financiera (PAF), cuya asignación depende de decisiones específicas del Gobierno nacional. Finalmente, cada provincia cuenta con sus propios recursos tributarios, provenientes de impuestos y tasas de recaudación local.
¿Mendoza se está quedando afuera del mapa de inversiones?La importancia de los fondos nacionales en las cuentas provinciales es determinante. Según el informe de CEPA, en promedio las provincias obtienen el 44,8% de sus ingresos mediante la Coparticipación Federal de Impuestos. Si se suman el resto de las transferencias nacionales, los recursos enviados por la Nación representan el 54% de los ingresos totales provinciales.
En Mendoza esa dependencia es prácticamente idéntica al promedio nacional. El 48% de sus recursos proviene de la Coparticipación Federal y otro 6,6% corresponde a otras transferencias nacionales, lo que implica que más de la mitad de los ingresos provinciales tienen origen en fondos remitidos por el Estado nacional.
La situación se vuelve más delicada porque esos recursos atraviesan un período de contracción. En abril de 2026, Mendoza registró una caída real del 3,7% en los Recursos de Origen Nacional (RON), en línea con una tendencia que afecta a casi todas las provincias argentinas. A nivel nacional, durante el primer cuatrimestre del año las transferencias de coparticipación retrocedieron 7,2% en términos reales y los Recursos de Origen Nacional disminuyeron 5,6%.
El problema no se limita a los fondos enviados por la Nación. El informe advierte que los recursos propios de las provincias también vienen deteriorándose. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la recaudación provincial acumuló una caída real promedio del 16% respecto del período previo, profundizando las dificultades financieras de las administraciones subnacionales.
Innovación o estancamiento: las claves de la consultora mendocina que eligen las empresas para reconvertir su modelo de negociosDe esta manera, Mendoza enfrenta una doble presión: menos recursos provenientes de la Nación y una menor capacidad de recaudación propia. Ese escenario explica por qué las negociaciones salariales se vuelven cada vez más complejas y por qué sectores sensibles, como la salud pública, comienzan a concentrar los principales focos de conflicto laboral.
El alivio de los ATN no alcanza
Frente a la reducción de ingresos, Mendoza fue una de las provincias que más Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) recibió durante el primer cuatrimestre del año.
La provincia obtuvo $14.000 millones, ubicándose junto a Corrientes como la segunda jurisdicción más asistida por detrás de Misiones.
Sin embargo, el propio informe aclara que estos recursos tienen una incidencia marginal sobre las cuentas provinciales. Durante 2025, en ninguna provincia los ATN representaron más del 2% de los ingresos totales, por lo que no compensan la pérdida de recaudación ni de coparticipación.
Además, Mendoza integra el grupo de doce provincias alcanzadas por el Decreto 219/2026, mediante el cual el Gobierno nacional habilitó anticipos financieros para afrontar compromisos presupuestarios urgentes. Esos fondos deberán devolverse posteriormente mediante retenciones automáticas de coparticipación.
La salud, el principal foco de conflicto
Aunque Mendoza aparece entre las provincias con menor nivel de conflictividad estatal que otras jurisdicciones del país, la salud se ha transformado en el principal frente de tensión entre el Gobierno provincial y los trabajadores del sector. Según el relevamiento de CEPA, la provincia mantiene un conflicto activo en salud, mientras que educación y empleo público lograron cerrar acuerdos salariales.
El gobierno de Mendoza lanza créditos para PyMEs con una tasa del 18%Sin embargo, detrás de esos acuerdos existe un escenario más complejo que el que reflejan los números oficiales. La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) rechazó la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo a comienzos de 2026 y realizó medidas de fuerza en distintos puntos de la provincia, incluyendo el Hospital Pediátrico Humberto Notti. Ante la falta de consenso, el Gobierno decidió otorgar por decreto un incremento del 10% para los profesionales encuadrados en el Régimen 27, aplicado desde mayo.
PAMI: médicos de cabecera y odontólogos inician un paro de 72 horasLa situación volvió a tensarse en las negociaciones correspondientes al segundo semestre. Mientras el Ejecutivo ofreció a los trabajadores del Régimen 15 -que incluye personal de sanidad y enfermería representado por ATE- un aumento acumulado del 8%, distribuido en un 5% para agosto y un 3% para noviembre, la propuesta fue rechazada por insuficiente. Por su parte, SUTE, también rechazó la misma propuesta.
En términos formales, el Gobierno logró cerrar acuerdos con distintos sectores estatales. No obstante, tanto en salud como en el resto de la administración pública persiste un malestar creciente. Incluso entre los gremios que aceptan las propuestas salariales, como ATE o SUTE, predomina la percepción de que las paritarias se firman más por necesidad que por conformidad. La pérdida acumulada del poder adquisitivo y las restricciones fiscales de la provincia han consolidado una dinámica en la que los acuerdos permiten evitar conflictos mayores, pero no logran disipar el descontento de los trabajadores.
El cuadro resulta consistente con la tendencia nacional identificada por CEPA: provincias con recursos cada vez más limitados, negociaciones salariales más ajustadas y sectores estratégicos -como la salud pública- que comienzan a concentrar las expresiones más visibles del conflicto laboral.
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) rechazó la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo a comienzos de 2026 y realizó medidas de fuerza en distintos puntos de la provincia.
Un fenómeno nacional que también golpea a Mendoza
CEPA contabilizó al menos 101 conflictos laborales estatales en Argentina durante los primeros meses de 2026. Dos de cada tres permanecen abiertos, reflejando las dificultades de las provincias para responder a los reclamos salariales en un contexto de caída de ingresos.
La lógica que plantea el informe es directa: la desaceleración económica afecta el consumo; la caída del consumo reduce la recaudación tributaria; la menor recaudación disminuye los recursos provinciales; y esa restricción presupuestaria termina trasladándose a sectores donde se concentra la mayor parte del gasto público, especialmente salud, educación, seguridad y jubilaciones.
Conclusión
El caso mendocino muestra una situación menos conflictiva que la observada en provincias como Entre Ríos, Corrientes, Santa Cruz o Río Negro, donde existen simultáneamente conflictos en educación, salud, justicia, seguridad y empleo público. Sin embargo, los indicadores fiscales reflejan señales de alerta.
Por un lado, Mendoza registra una caída de los recursos nacionales que alimentan gran parte de su presupuesto. Por otro, necesita asistencia extraordinaria de la Nación mediante ATN y anticipos financieros para sostener sus compromisos. Mientras tanto, el sistema de salud ya exhibe tensiones salariales que derivaron en medidas de fuerza.
La provincia logró contener, al menos por ahora, los conflictos en educación y administración pública. No obstante, si persiste la retracción de la coparticipación y de la actividad económica, el desafío para el Gobierno provincial será sostener esos acuerdos sin que la conflictividad se extienda a otros sectores del Estado.