Bullrich está citada mañana en Comodoro Py por el protocolo antipiquete
El juez Casanello citó a la ministra Patricia Bullrich y a la legisladora porteña Celeste Fierro del Frente de Izquierda, a una audiencia de hábeas corpus sobre el protocolo antipiquetes.
El juez federal Sebastián Casanello citó para mañana a las autoridades del Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, y a la legisladora porteña Celeste Fierro del Frente de Izquierda a una audiencia de hábeas corpus sobre el protocolo de mantenimiento del orden público, que dispuso el gobierno nacional para controlar las protestas en las calles.
La audiencia fue convocada para mañana a las 11 en la sede de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, y desde el Frente de Izquierda anticiparon que van a presentarse junto a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, ambientales, sindicales y asambleas barriales para realizar una concentración con radio abierta en la puerta del juzgado.
La ministra Bullrich deberá explicar los "fundamentos jurídicos" del protocolo antipiquetes
Casanello se declaró competente y pide la "inconstitucionalidad" del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, la cual debe presentar los "fundamentos jurídicos" de su aplicación y "si fueron consultadas" la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.
En ese informe solicitado a Seguridad, el magistrado pide que:
se indique "pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados".
"A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales", agrega la orden judicial.
"Precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el 'Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación'" y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos".
"Del mismo modo deberá informar si el dictado de esa resolución fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que lo complementen, aclaren y/o modifiquen; en su caso, deberá aportarlos junto con sus antecedentes".
Que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete, se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia".
El pedido de la Izquierda
Anteriormente la legisladora porteña Celeste Fierro del MST en el Frente de Izquierda Unidad, quien advirtió en una acción declarativa de inconstitucionalidad la violación al derecho de reunión, asociación, de peticionar ante las autoridades, de asociación y de libre expresión, amplió la denuncia cuando la agrupación recibió la carta documento del Ministerio de Seguridad que pretendía hacerles pagar los gastos de los operativos policiales del 20 y 27 de diciembre por más de 62 millones de pesos en un caso y 40 millones en el otro, al igual que a otras fuerzas, sindicatos y organizaciones. Todos rechazaron esas cartas.
Previamente a la audiencia, a las 10, la legisladora brindará una conferencia de prensa para "denunciar la ilegalidad del protocolo represivo e informar sobre la jornada", según precisaron fuentes partidarias.
Además, llamó a "seguir en las calles contra el DNU y todo el ajuste" al igual que ante la justicia para "que no solo le ponga limites al protocolo sino para que lo suspenda por violar el derecho constitucional a la protesta junto a otros derechos y libertades democráticas".
En el marco de la acción judicial iniciada por Fierro el pasado 18 de diciembre, el ministerio de Seguridad defendió la legitimidad de la Resolución 943/2023 que estableció la implementación del llamado protocolo para el mantenimiento del orden público en un informe.