Audiencias públicas a medida del extractivismo: el caso San Jorge

En pleno siglo XXI, cuando la participación ciudadana debiera ser la piedra angular de cualquier decisión que comprometa el ambiente y el futuro colectivo, el Gobierno de Mendoza decidió realizar una "audiencia pública" en plena cordillera, en el corazón del privado proyecto San Jorge, en lugar de realizarlo en plena Ciudad para comodidad de la ciudadanía se hace en la casa del emprendimiento privado. El mensaje es claro: el pueblo no está invitado.

Por Nicolas Novero | Licenciado y Profesor en Geografía

El conflicto en torno al proyecto minero San Jorge no puede entenderse simplemente como una disputa ambiental o técnica. Es, ante todo, una disputa por el territorio, por el sentido y uso del espacio, por quién decide y para qué se transforma un determinado lugar. Es un conflicto socioambiental que pone en tensión diferentes territorialidades: la del capital transnacional que busca apropiarse de bienes comunes para convertirlos en mercancía, y la de las comunidades que habitan, cuidan y defienden el agua y la vida.

En ese marco, la reciente "audiencia pública" organizada por el Gobierno de Mendoza en plena cordillera, apelando a maniobras cada vez más opacas. Esta vez, utilizando una audiencia lejos de los ojos y las voces de quienes se verán directamente afectados en una zona de muy difícil acceso, solo apta para vehículos 4x4, revela no solo una estrategia de exclusión, sino también un ejercicio de poder territorial. Se trata de un intento por parte de los "ocasionales" funcionarios del Gobierno de imponer una forma de gestión del espacio que responde a intereses económicos ajenos a la comunidad, legitimando un proceso de acumulación por desposesión: quitarle al pueblo sus derechos y su territorio para entregarlos al capital extractivo.

A contrapelo de esta maniobra institucional, la comunidad de Uspallata organizó una verdadera audiencia pública, legítima, aunque no reconocida por el aparato estatal. Con micrófono abierto, participación libre, testimonios de vecinos y presencia de organizaciones territoriales y socioambientales, se expresó otra territorialidad: aquella que comprende al ambiente como bien común, no como recurso explotable. Aquella que ve en la montaña no una cantera sino una fuente de vida, memoria e identidad cultural. Los mendocinos sabemos que los recursos naturales no son de los gobiernos de turno ni de las corporaciones, sino del pueblo, y de las generaciones futuras.

Recordemos que, en la Subcuenca del Arroyo del Tigre, Estancia Yalguaraz y Ciénaga del Yalguaraz hay expresiones culturales de comunidades que la habitaron hace unos 9000 años antes del presente. Además, el sitio es reconocido a nivel mundial porque por esas propiedades atraviesa el Qhapaq Ñan (Camino del Inca) declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El proyecto San Jorge integrado por Zonda Metals GmBH de Suiza (dedicada a la búsqueda y desarrollo de proyectos de cobre a nivel global) y al Grupo Alberdi, compañía argentina que se sumó al proyecto, representa la continuidad del modelo extractivista que, bajo el disfraz del desarrollo y el empleo, reproduce desigualdades, contamina territorios y profundiza la dependencia. Ya en 2011 fue rechazado por la Legislatura mendocina por incumplir la Ley 7722 y en el año 2019 se produjo un verdadero Mendozazo que dijo nuevamente que este proyecto no tiene licencia social, conquista histórica del pueblo mendocino. Sin embargo, el intento de imponerlo hoy mediante audiencias arregladas demuestra la resiliencia de los dispositivos de dominación.

El espacio no es neutro ni pasivo: es el resultado de relaciones de poder y la planificación territorial no puede ignorar a las voces que históricamente han sido silenciadas. La cordillera no es una zona vacía ni deshabitada. Es un territorio habitado, sentido, vivido. Su apropiación por parte del capital transnacional constituye una forma más de violencia estructural.

Por eso, la defensa del agua y del ambiente no es un acto romántico, sino profundamente político. Porque lo que está en juego no es solo una montaña o una cuenca, sino el derecho a decidir cómo queremos vivir, qué modelo de sociedad queremos construir, y qué vínculos éticos sostenemos con la naturaleza.

Mientras el Estado cede soberanía y degrada la participación democrática en nombre de las inversiones, el pueblo de Mendoza demuestra que la territorialidad también puede ser resistencia. Que la defensa del territorio es defensa de la vida y que cuando los gobiernos se convierten en gestores de intereses privados, la sociedad se vuelve una herramienta para la denuncia, el análisis y la acción transformadora.