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Discapacidad: La falsa dicotomía de la inclusión laboral

El 10% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, pero no todos los que están preparados para trabajar acceden a un empleo.

El acceso al empleo formal para las personas con discapacidad en Argentina todavía es una deuda pendiente. Si bien hay muchos que cumplen funciones en dependencias estatales y otros en privadas, aún resta un largo camino por recorrer para que las personas puedan contar con un trabajo mediante el que puedan solventar sus vidas.

Por ley, el Estado debe garantizar un cupo del 4% en la administración pública a personas con discapacidad, pero aun así, desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) señalan que este piso está muy lejos de completarse, ya que actualmente solo alcanza el 1% .

En nuestro país, el 10,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad, y a pesar de que muchas de ellas tienen la edad y la formación escolar o universitaria necesaria para ingresar al mundo laboral, encuentran barreras en la falta de oportunidades de trabajo para ellos.

Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir pensiones por parte del Estado, que algunos las han señalado como insuficientes, pero representan un sostén para quienes aún no consiguen empleo, sobre todo en el contexto de crisis económica que desató la pandemia.

En Mendoza la situación es más compleja ya que la provincia  cuenta con el mayor número de desempleo de la Región de Cuyo. Según el INDEC el 5,9 % de la población activa no tiene trabajo y en apenas 12 meses fueron despedidas 14 mil personas que, sumadas a las registradas años anteriores, se elevan a 26 mil. El drama de no tener empleo se profundiza más para quienes tienen alguna discapacidad. Además el estado provincial incumple con lo establecido por la ley de cupo laboral para personas con discapacidad, y hasta el día de hoy no hay datos concretos sobre el cumplimiento de la misma.

En el 2.017 el ex gobernador Alfredo Cornejo declaraba “Las personas con discapacidad tienen que ser incorporados al sistema laboral”, sin embargo, tres años después, Mendoza sigue padeciendo la falta de inclusión laboral en personas con discapacidad.

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